Por: Guillermo Muñoz Tamayo
El azote temible de la corrupción en la sociedad ecuatoriana, refleja el deterioro de una cultura endémica, producto de un sistema ínfimo y retrasado al avance científico de una civilización moderna.
De alguna manera, existe la conciencia social de combatir y solucionar este grave problema, considerado el principal enemigo de todos y en todos los tiempos, que en la actualidad la corrupción avanza indolente e imparable. Los gobiernos de turnos han intentado política y en derecho, buscar los mecanismos legales que conlleven al menos el inicio de frenar la arremetida galopante y avasalladora de los tentáculos de la descomposición social y moral.
Según la revisión política, en el año de 1997, en el gobierno de Fabián Alarcón, se creo vía Decreto Ejecutivo, la Comisión Anticorrupción, y posteriormente en el año de 1998, la Asamblea Nacional Constituyente, institucionalizó a ese organismo como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y fue incluida en la sección de Organismos de Control. En agosto de 1999, se expidió la Ley Orgánica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción era una persona jurídica de derecho público con autonomía e independencia económica, política y administrativa, encargada de promover la eliminación de la corrupción en representación de la ciudadanía, para lo cual receptaba las denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para investigar y solicitar su juzgamiento y sanción.
En la actual Constitución se eliminó este organismo de control, que hasta cierto punto alcanzó resultados muy favorables a los intereses nacionales, trasladando esta importante tarea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, función del Estado que abarca una altísima y extensa responsabilidad que cumplir, como la delicada y expectante acción de designar a los más altos cargos de control del Estado ecuatoriano, como: Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Contraloría General, Fiscalía General, Procuraduría General, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, entre otras, cometido complejo y arduo, que dificultaría cumplir al ciento por ciento el urgente combate a la corrupción.
Debería revisarse y considerarse la alternativa de instaurar un ente independiente, autónomo, exclusivo, determinante, a tiempo completo, específico para retomar con la participación ciudadana las acciones necesarias que permitan de manera organizada, planificada y revestida de legitimidad en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas, que son tratados internacionales vigentes en el Ecuador, eliminar la corrupción con una renovada cultura ética y moral a través de la educación y la formación académica científica, dando fiel cumplimiento en la práctica al derecho constitucional de una educación laica y gratuita hasta el tercer nivel.
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