POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Varios medios de comunicación independientes, impresos, audiovisuales y radiales, hemos venido manifestando nuestra indignada protesta por la vergonzosa e infamante campaña transmitida durante los partidos del Mundial de Fútbol. La millonaria propaganda, pagada con fondos públicos, nos ofende gravemente al acusarnos, en forma genérica e irresponsable, de “mentir”, ser “arrogantes” y “ladrones”.
En días pasados, varios medios de comunicación se dirigieron al Secretario de Comunicación, conminándolo a que puntualice cuáles son los medios a los que van dirigidas las falsas e infundadas acusaciones. Hoy, quienes firmamos este documento, insistimos enérgicamente en ese pedido y ratificamos nuestra unidad ante esta campaña, que consideramos un ataque a la libertad de expresión de todos los ecuatorianos y un abuso desde el poder.
El fútbol, pasión de multitudes, es una fiesta que une a las naciones, especialmente en torneos como el que está por finalizar. A pesar de ello, el Gobierno ha decidido ponerse en la orilla opuesta, difundiendo mensajes injuriosos, cuya consecuencia lógica es seguir fomentando la desunión y la estigmatización de quienes no se someten a los intereses del poder.
Si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión, por sobre todas las cosas tienen el deber de proteger ese derecho que pertenece a los ciudadanos y, en tal sentido, no pueden imputar delitos sin denunciarlos ante la autoridad judicial, y tampoco crear una situación de riesgo para una persona o un grupo de personas, como este Gobierno lo ha estado haciendo al polarizar y enfrentar a la sociedad.
Algunos asambleístas presentaron una acción legal para tratar de detener este despropósito, la cual fue rechazada diligentemente por una jueza, con el apoyo de la Procuraduría, que debiera cumplir su papel de abogado del Estado y no del Gobierno. Es oportuno recordar que de acuerdo con la Constitución, todo funcionario público es responsable en forma personal de las consecuencias de sus actos en ejercicio de su función y de la mala utilización de fondos públicos.
Este ataque desde el Ejecutivo se da en momentos en que el Poder Legislativo se apresta a tratar una Ley Orgánica de Comunicación que no respeta el acuerdo logrado en diciembre pasado y que se aparta de los preceptos y acuerdos internacionales sobre derechos y libertades. Ante este hecho, y ante la falta de independencia de la Función Judicial, constatamos que se sigue vulnerando la libre expresión en el Ecuador, deteriorando su prestigio en el concierto internacional.
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