EL UNIVERSO
Se me informó acerca de abusos cometidos por el ejército ecuatoriano, incluyendo frecuentes intimidaciones y acosos a civiles, junto con casos de allanamientos forzados a domicilios y robo de comida y otros bienes. También han ocurrido casos de violencia sexual, humillación pública, tortura y asesinatos. Estos problemas se han incrementado desde mediados del 2009. Se dieron varias razones. El número de tropas en Sucumbíos se incrementó más de cuatro veces de 2007 a 2009, y el número de operaciones militares se acrecentó de 22 en 2007 a 234 en 2008 y a 250 en 2009. Se considera que las tropas no están suficientemente capacitadas para brindar seguridad a una población civil vulnerable en circunstancias que involucran violencia por parte de bandas criminales sofisticadas y actividades de insurgencia. También se citó un extenso cambio del liderazgo militar en Sucumbíos a mediados del 2009, como una razón para el deterioro de las relaciones militares-civiles. La cooperación con la sociedad civil y las organizaciones humanitarias se redujo, el alto en puntos de control se incrementó, los activistas individuales han sido acosados y se han realizado redadas en propiedades usadas por las ONG. Las relaciones de los militares con las comunidades también se han afectado, inhibiendo la capacidad de la inteligencia militar e incrementando su dependencia de tácticas abusivas para obtener información sobre las actividades de GAI.
Aunque recibí informes de varios casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, es emblemática la muerte por parte del ejército ecuatoriano de tres personas que viajaban en una piragua, el 18 de enero del 2010. Originalmente, los militares dijeron que las tres personas eran guerrilleros vestidos de uniforme de camuflaje y que habían abierto fuego contra una patrulla militar. Los militares se defendieron y dispararon en respuesta, pero la piragua aceleró y se fue. Posteriormente, los militares descubrieron que todos los supuestos guerrilleros habían resultado muertos en la “confrontación”. Sin embargo, de acuerdo a otros testimonios, los tres no estaban uniformados, no realizaban actividad sospechosa alguna y no habían disparado contra los militares. Los militares no intentaron perseguir a la piragua o recuperar los cuerpos. Personas del lugar ayudaron al piloto de la piragua, pero él murió camino al centro de salud. La falla de los militares en realizar una investigación objetiva, recuperar el bote o encontrar las supuestas armas arrojó dudas sobre la validez de su explicación. Además, muchos miembros de la comunidad han recibido amenazas para que se queden callados.
Sicarios
Los ecuatorianos están muy al tanto del fenómeno del sicariato. Se puede contratar a un sicario por un monto tan pequeño –como $20–, los asesinos a sueldo son fáciles de encontrar; algunos publicitan sus “servicios” de manera abierta o se conoce que están disponibles para contratos en lugares de encuentro, y muchos parecen operar con impunidad. Aunque algunos medios pueden haber exagerado el problema, ha habido incrementos significativos en el número de asesinatos contratados durante los últimos tres años. Se estima que el 11-14% de homicidios (cerca de 450 muertes) en el Ecuador es cometido por sicarios, con la más alta incidencia en Guayas y Esmeraldas.
Se puede hacer una distinción entre asesinatos por motivos personales o profesionales. Los motivos personales incluyen conflictos intrafamiliares o conflictos por tierras u otros problemas. Se pueden contratar asesinos relativamente baratos e inexpertos para “resolver” dichos asuntos. En otros casos, sicarios altamente profesionales pueden ser usados, por ejemplo, por sofisticados grupos de crimen organizado. Se considera en gran medida que son los usureros o “chulqueros” los principales empleadores de sicarios. Los individuos que no pueden obtener préstamos de bancos y otras instituciones recurren a préstamos de individuos que bien podrían estar lavando dinero procedente del narcotráfico y quienes cargan hasta 10% de interés por día. Cuando el pago se torna difícil, los chulqueros se encargan de dar un escarmiento violento o muerte a los deudores, algunas veces usando a menores de edad en calidad de “cobradores”. Otros asesinatos profesionales parecen tener motivaciones políticas, tales como el asesinato del alcalde de Palestina (Guayas), Carlos Alberto Olvera Olvera, durante mi misión, el 11 de julio del 2010.
Este año el Gobierno ha dado pasos importantes para reducir el sicariato. De manera sistemática se está recogiendo información sobre la distribución geográfica de dichos asesinatos en Guayaquil y otras ciudades, y las patrullas de policía se han incrementado en áreas vulnerables. Se ha buscado el asesoramiento de expertos franceses y colombianos, y se ha establecido un grupo especial de inteligencia de policía. En Guayaquil se han hecho esfuerzos para registrar a todas las motos, restringir la disponibilidad de alcohol, y la oficina del fiscal y la policía han conformado una unidad especial para abordar estos casos.
No obstante, son pocos los casos de sicariato resueltos. Debido a los métodos clandestinos y a veces sofisticados usados por los asesinos contratados, estos crímenes son claramente difíciles de investigar. Sin embargo, la impunidad por dichos asesinatos también se debe a fallas en el sistema de la justicia penal. Una causa principal de impunidad es la falta de voluntad por parte de muchos dentro del sistema de justicia penal, para investigar y enjuiciar estos asesinatos.
Pero el no hacerlo niega la justicia a la familia de la víctima, deja al perpetrador libre para matar otra vez y evita que la policía obtenga información sobre las redes criminales que facilitaría un enjuiciamiento más efectivo del crimen organizado. Es más, la impunidad de la que gozan los perpetradores difunde el mensaje a otros en el sentido de que se puede fácilmente quedar libre en caso de asesinato. Por ende, el hacerse sicario se torna en una opción atractiva de carrera, especialmente para aquellos con pocas opciones.
Muertes causadas por la policía
No recibí nada que indicara que las muertes causadas por la policía fueran algo generalizado o sistemático; sin embargo, sí se da, y han muerto personas por tortura o a balazos durante operativos de las fuerzas del orden público, y algunos sospechosos y otros tipos de personas han sido asesinados por la policía cuando simplemente tenían que haberlos capturado; asimismo, ha habido policías involucrados en casos de sicariato. El Ministerio de Gobierno suministró información sobre 27 individuos cuya muerte había sido causada por la policía entre 2000 y 2009. El Inspector General de la Policía suministró información sobre 104 personas cuyas muertes habían sido causadas por la policía desde 2005 hasta la fecha, aunque no se especificó qué proporción de esta cifra correspondería a muertes ilícitas. Una ONG dio un cálculo aproximado de 164 muertes extrajudiciales entre 2000 y 2006. Las autoridades de la Policía Nacional me aseguraron que jamás se encubre una muerte causada por la policía, y que todo oficial de policía responsable de abusos se somete a los procedimientos disciplinarios y penales correspondientes. No obstante, hay pocos indicios de que la dependencia de Asuntos Internos de la Policía puede operar de manera independiente o eficaz a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango. Si bien es cierto que el Inspector General introdujo recientemente una serie de reformas para desarrollar por primera vez un sistema profesional en el Ecuador, aún es necesario contar con la capacidad de investigar de manera verdaderamente independiente cualquier alegación grave contra la policía.
La confusión entre casos de linchamiento y la justicia indígena
La cobertura por parte de los medios y las declaraciones de algunos funcionarios presentan una confusión entre el problema de los linchamientos y el tema de la justicia indígena, que es un asunto totalmente aparte. Es esencial que se aclare dicha confusión. Los linchamientos son ataques o muertes causadas por actores privados, y con frecuencia se trata de un grupo de ciudadanos contra un presunto malhechor. Generalmente, en el Ecuador se somete a la víctima a golpes y a puñaladas, o la queman viva, y a menudo en público. Este tipo de actos se realiza sin proceso legal o judicial, se trata simplemente de castigos violentos o de venganzas. Una ONG documentó 33 casos de linchamientos en el 2009, especialmente en las provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo. Las autoridades calculan que hubo unos 153 linchamientos entre 1994 y 2008. Generalmente los linchamientos son consecuencia de la falta de una justicia efectiva, lo cual lleva o incluso faculta a los ciudadanos a hacer justicia por mano propia.
Se debe hacer la distinción entre este tipo de casos y el tema totalmente aparte de la justicia indígena. Cuando se da un linchamiento en el seno de una comunidad rural o de una comunidad indígena, a menudo las autoridades o los medios de comunicación lo presentan como un ejemplo de “justicia indígena”. La justicia indígena en el Ecuador varía de una comunidad a otra, pero se hace conforme a un proceso, y no se trata de una aplicación arbitraria de la violencia. No recibí ninguna prueba fidedigna de casos en los que los verdaderos procesos de justicia indígena causaran la muerte. Hay cuestiones muy importantes y muy complejas que deben atender el gobierno y las comunidades indígenas respecto del funcionamiento, la jurisdicción y el alcance de la aplicación lícita de la justicia indígena en el Ecuador.
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