La minería ilegal sigue en Esmeraldas, pero solo por las noches. Lo confirma Toni Valencia, operador de una de las 65 retroexcavadoras que no fueron inutilizadas por las Fuerzas Armadas, en el operativo del 21 de mayo.
Valencia, como los tractoristas colombianos José Ortega y Carlos Perea, duermen hasta el mediodía en las casitas de tabla con techos de plástico negro. Ahí esperan, junto a otros mineros, a que llegue la noche para empezar la tarea. Ortega aspira que el Gobierno autorice la actividad minera para traer a su familia.
A las minas del río Bogotá se llega tras dos horas de viaje por un camino empedrado, repleto de baches. El carro avanza sacudiéndose todo el tiempo y cruza cuatro ríos poco profundos, para llegar a las piscinas verdosas que dejó la actividad minera sin permisos que se desarrolló en esa zona de la provincia.
En los campamentos, apenas un 25% de las casuchas están cerradas con candado y otras humean porque las mujeres preparan el almuerzo para los pocos mineros que han quedado. Del resto solo quedan los esqueletos, pues los techos se los ha llevado el viento, allá arriba, donde dos helicópteros dan vueltas todo el día. Pero cuando cae el crepúsculo, los militares se van y empieza la explotación ilegal de las minas de oro, claro que reducida a un 20% o un 25% como máximo, en relación al trabajo de hace dos semanas.
"No queda otra, pues hay que arriesgarse para pagar deudas y dar de comer a la familia -dice el minero José Alfredo Estupiñán- y los dueños de las máquinas tienen que pagar al banco, que no espera".
Esto lo saben las autoridades y hasta los militares. "Sabemos que están operando en las noches -confirmó el oficial de comunicación, quien no puede identificarse- pero es difícil controlar por las condiciones de las zonas mineras, donde es difícil acceder entre la neblina y los bosques".
Y aunque la intención del Gobierno, de regularizar la explotación minera, es buena, dice el juez de San Lorenzo, Segundo Caicedo, será muy difícil erradicar la minería ilegal. ¿Por qué? " El juzgado sexto de Garantías Penales de lo Civil y Mercantil a mi cargo, el 9 de marzo de este año, emitió una providencia ordenando la paralización total de la actividad minera en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, Estero María, San Agustín, Valdés, San Francisco, y los ríos Santiago, Bogotá, Tululbi y sus afluentes". Para el cumplimiento de esta disposición, el juez Caicedo notificó a los comandantes de la Marina, Ejército y la Policía Nacional acantonados en San Lorenzo, "para que procedan a la detención y decomiso de las máquinas".
"Sin embargo, esta disposición legal nunca se cumplió -dice él- y para el 21 de mayo aparece una orden de un juez de Pichincha, autorizando la incursión militar para hacer explotar las máquinas".
Las autoridades afirman que así se procedió, porque en diciembre, el juez de San Lorenzo autorizó la devolución de unas dos máquinas incautadas. Caicedo aclara que él emitió la orden de decomiso de esas máquinas, pero la devolución fue dispuesta, en enero pasado, por el fiscal Luis González y otros. El fiscal dice que en ese caso hubo una mala interpretación, y se niega a dar más explicaciones porque, según él, la ley se lo prohíbe.
Sobre lo de ahora, lo único que hay son dos procesos penales por delitos ambientales. El uno se sigue a Washington Armas, y otro a N. Valenzuela, acusados por contaminación del agua, destrucción de los ríos, afectación al medio ambiente, atentado contra la salud de la población y otros delitos que violen los derechos humanos y de la naturaleza.
Además, la Fiscalía inició una nueva investigación para determinar quiénes son los propietarios de las más de 60 maquinarias que trabajaban en el sector y demás involucrados en la destrucción ambiental, para establecer su grado de responsabilidad.
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