DIARIO EXPRESO
Da grima la obsesión presidencial contra los medios de comunicación privados e independientes. La desazón no solo se explica por ese odio visceral tan persistente como inexplicable. ¿O es mera obcecación por aplicar las tesis de Ignacio Ramonet; un periodista que ya en los años ochenta estaba totalmente fuera de foco en París? Todavía miraba el mundo a través de las teorías anticolonialistas y de la enajenación que fueron vitales en los años sesenta. De ese marco conceptual y político no salió.
Como sea, el presidente causa desesperanza. Quiere acabar con los medios mediante demandas millonarias. Atenta contra la libertad de expresión que ni estima ni valora. Quiere castigar a los periodistas que se atreven a opinar por fuera del catecismo oficial. Quiere erigirse en padre protector; el único capaz de saber lo que la sociedad desea y necesita. Amenaza a los medios ya no por lo que publican sino por lo que pudieran dejar por fuera de sus páginas y sus espacios...
Todo eso, que es bastante y que convoca al desvelo, causa profunda desazón e incredulidad. Pero lo que más mortifica es ver a un presidente embarcado en una guerra equivocada y absurda. Porque vamos a ver. Habría que comparar el supuesto peligro (no consentido) que representan los medios de comunicación para la sociedad versus el que hace correr, por ejemplo, el narcotráfico. Y todas las secuelas que ya son visibles y cotidianas en el país: extorsiones, sicariato, amenazas, cuerpos destrozados…
¿Es consciente el presidente de lo que está ocurriendo en las provincias del norte, en Manabí, El Oro, Santo Domingo, para no decir, aunque se debe, en todo el país?
El ejercicio eufemístico hecho por el oficialismo para explicar la intervención militar en las minas ilegales en Esmeraldas, es otra ocasión perdida para producir dos hechos fundamentales para el país. Uno: que los trances circenses cedan el espacio a los problemas reales en la agenda presidencial. Dos: que el presidente diga a la población lo que los ministros encargados de la seguridad (Homero Arellano y Javier Ponce) saben y han dicho a cuentagotas. Pero a pesar de eso el presidente mantiene el ánimo de luchar contra molinos de viento…
¿Y cuál es esa verdad que el presidente, distraído en sus guerras irracionales contra la prensa independiente, no ha dicho? Es sencillo y es trágico: Ecuador ya está instalado en la vía que sufrió Colombia en los años ochenta y que hoy enfrenta México.
La amplitud de ese fenómeno, si no hay una respuesta nacional, es apenas un problema de tiempo. Pero la violencia y la desinstitucionalización que conlleva ya es evidente sobre todo en las provincias del norte porque los gobiernos anteriores cerraron los ojos mientras un mito permeó el imaginario nacional: la violencia viene de Colombia y los muertos son delincuentes que ajustan cuentas y esos enfrentamientos son ajenos a la sociedad. Un triple mensaje, entonces: es un problema externo, sus protagonistas son extranjeros y contra ese peligro el país está vacunado.
La realidad es que en esas provincias, sin un Estado activo y presente, se juntaron algunas bombas de tiempo. Y hoy este gobierno sabe que el norte está más cerca de ser tierra de nadie que territorio reconquistado por el Estado. En ese contexto, la dinamita puesta a 64 retroexcavadoras juega el papel de epifenómeno militar en una zona de fuegos cruzados propiciados por mafias que ya han puesto en evidencia la impotencia del Estado para combatirlas.
¿Sabe el presidente que hay en esas, y otras provincias, grupos que cobran un impuesto a comerciantes y campesinos para supuestamente protegerles? ¿Sabe el presidente que hay grupos que han constituido corredores de actividades ilegales y que los defienden a fuego y sangre? ¿Sabe el presidente que en ciertas zonas las autoridades del Estado lucen totalmente paralizadas por temor a ser asesinadas? ¿Sabe el presidente que sus propios funcionarios cuentan que han tenido que retirar celulares, días antes de hacer un operativo, porque ya saben que esas alertas se pagan y muy bien? ¿Sabe el presidente que en ciertas zonas los fiscales llegan tarde a los operativos y los jueces ponen a dormir los expedientes por físico y entendible miedo?
El presidente debe saber, se supone, que hay ministros y funcionarios, policías y militares que, gravemente preocupados, cuentan la sensación que los embarga: ciertas zonas se están volviendo un verdadero gruyère para el Estado.
Ese peligro es el mayor que se cierne sobre el país. Porque la capacidad de desestabilización de todos esos grupos ilegales está medido por las cantidades desmesuradas de dinero que manejan. Y que les sirve para amenazar, corromper o mantener verdaderos ejércitos que velan, al precio que sea, por sus intereses.
La guerra contra el narcotráfico no ha tenido resultados en el mundo. Y su salida posiblemente pase por la legalización de las drogas; un paso que por ahora no tiene un eco mayoritario en la comunidad internacional. Mientras tanto, las consecuencias del tráfico y otros negocios ilegales que acarrea, son devastadoras: violencia, corrupción, desinstitucionalización en general para estados desconfigurados. Por eso, el país requiere poner ese problema a la cabeza de sus preocupaciones. Y ese peligro no se puede pensar, evaluar y encarar sin políticas claras, explicadas a la opinión y concertadas políticamente.
Este no es un problema de adoctrinamiento sino de lucidez. Y no hay opinión advertida, en este y otros temas, sin medios de comunicación independientes. El presidente debiera entender la iniquidad que hay en su guerra contra los medios no alineados, a la luz de la lista, ahora inmensa, de actos de violencia y muertes en el país.
Sus ministros debieran contarle profusamente lo que saben. La impotencia que han sentido en regiones donde es imposible juntar a fiscales, jueces, policías, militares y sociedad en general. La acción militar contra 64 retroexcavadoras se debe leer, en ese sentido, como una acción gubernamental desesperada tras haber actuado, sin éxito, por otras vías.
El gobierno ha hablado de mafias en esas actividades. Pero, aún así, esa acción es insostenible en el tiempo y está lejos poder ser considerada como una política de Estado para enfrentar los peligros que el gobierno no acaba de explicar al país.
La realidad sangrienta y diaria está mostrando que el presidente está poniendo el acento donde no debe. Los enemigos del país no son los ciudadanos periodistas que él señala. Los enemigos son de otro calibre y en vez de críticas producen muertos.
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