La comunidad de Tongorachí, en Esmeraldas, pidió ayuda a los legisladores Marco Murillo (MIAY), Edwin Vaca (MSC), César Gracia (Independiente) y Línder Altafuya (MPD), ya que, según denunciaron, sus tierras ancestrales fueron adjudicadas en 2001 a Sixto Arrunáteguis Meza y 10 años después continúa la lucha por recuperarlas.
Murillo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, junto con los demás legisladores, visitó la zona para investigar las denuncias. Ellos, con la documentación entregada por los moradores, ratificaron que se trata de un caso de testaferrismo.
Además, el problema radica en que, de acuerdo con los acontecimientos desarrollados en la zona, los legisladores llegaron a la conclusión de que “es posible que haya intereses de gente vinculada al Gobierno de por medio”, indicó Murillo.
Según él, “la gente denuncia fuertemente que el ministro de Turismo, Freddy Ehlers, estaría involucrado, aunque también puede ser que se trate de sus hijos”. Por eso, iniciaron una investigación.
La Hora trató de obtener la versión del Ministro, pero desde su despacho aseguraron, hasta el cierre de esta edición que era imposible, y que cualquier reacción se dará hoy.
La reunión
Altafuya denunció la situación de la comunidad en marzo y explicó cómo se los ha acusado de invasores, cuando ellos habitan la zona desde hace 300 años, e informó que en su visita se reunieron con Inés García y Magdalena Chavarría, presidenta y secretaria de la Asociación Ancestral de Tongorachí, respectivamente.
Además, estuvieron presentes el presidente y los vocales de la junta parroquial de San Francisco del Cabo; Luis López Pantoja, de la Asociación de Derechos Humanos de Esmeraldas; y Oliver Márquez, concejal de Muisne.
La Comisión de los Derechos Colectivos planteará pedir la nulidad de la adjudicación al Ministerio de Ambiente, y Murillo dio a conocer que incluso pondrá una denuncia en la Fiscalía por la violación de los derechos de la comunidad.
Los hechos
En 1998, el Fenómeno del Niño obligó a la población a retroceder su ubicación, y la construcción de la carretera costanera evitó que ellos retomen la parte de la playa, en 2001 el en ese entonces INDA, hoy Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, lo adjudicó a Arrunáteguis.
20 días después de la adjudicación, Arrunáteguis vendió 23 hectáreas en 500 dólares a Pablo Yépez Pazmiño y cuatro meses después la otra mitad a Antonio Carrazco Toral, Inés Echavarría Uribe y Carlos Ponce García, gerente general de Palmario Sociedad Civil, por el mismo precio.
Casi cinco meses después, Yépez vendió su parte a Manuel Pallares Carrión, María Latorre Darquea y Palmario Sociedad Civil, y después todos los compradores celebraron una partición y adjudicación voluntaria, en 2007, dividiéndolo todo en nueve lotes, explicó Murillo.
Las sospechas
Altafuya denunció, además, que los supuestos dueños de las tierras han recibido el respaldo del Gobernador de la provincia, el exviceministro Gregorio Tello y Walker Vera, candidato a Alcalde por el movimiento PAIS, agregando que dispusieron un operativo para desalojar a la gente y que Chavarría fue encarcelada por defender al pueblo el año pasado.
Murillo dio a conocer que el proceso de adjudicación no era viable y que el INDA jamás debió otorgarlo, por lo que es un acto de corrupción e “inclusive de actuación política”, por lo que manifestó que iniciarán una investigación para verificar las denuncias de los moradores.
“Creo que hay una vinculación del Gobierno”, expuso Murillo, porque inclusive el Gobernador y un dirigente político, “en lugar de defender a la gente, han planteado una denuncia y un juicio contra los dirigentes de la comunidad”.
Frases
"Pretenden sacar a la gente para poner un complejo turístico”.
Linder Altafuya
Asambleísta MPD
"Es un claro acto de testaferrismo, eso está demostrado”.
Marco Murillo
Asambleísta MIAY
Dato
En 2001, el INDA adjudicó 46 hectáreas de terrenos ancestrales de la zona de Tongorachí.
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