EL UNIVERSO
La pugna por 46 hectáreas de tierra en el poblado de Tongorachí, en el cantón Muisne (Esmeraldas), llegó a la Asamblea Nacional, mientras se espera el dictamen del juicio presentado por supuestos propietarios del terreno en contra de comuneros del sector, por invasión y destrucción de bosque.
El pasado viernes, cuatro asambleístas, entre ellos Marco Murillo y Edwin Vaca, integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos; y Linder Altafuya y César Gracia, representantes por Esmeraldas, visitaron esta comunidad, cuyas tierras (46 ha) tienen como dueños a inversionistas quiteños, en tanto que habitantes del poblado están enjuiciados y a punto de ir presos por reclamar la devolución de sus terrenos.
Las 40 familias del poblado, respaldadas por Altafuya y Gracia, por la Junta Parroquial de San Francisco del Cabo y la Municipalidad de Muisne, pidieron la presencia de la Comisión para denunciar que son víctimas de la expropiación de sus tierras ancestrales.
Inés García, presidenta de la comunidad y una de las enjuicidas, explicó que en el ex-INDA, en Quito, el manabita Sixto Calixto Arrunátegui se hizo adjudicar las 46 ha, incluida parte de la playa, aduciendo que se trataba de tierras baldías. Acotó que el trámite costó $ 429 y se realizó en el 2001. “Nadie vino a hacer una inspección”, dijo.
La dirigente explicó que 19 días después, Arrunátegui dividió la propiedad en 2 parcelas de 23 hectáreas y las vendió en $ 500 cada una, “es decir, que por las 46 ha los nuevos dueños pagaron $ 1.000. Luego continuaron las desmembraciones hasta que ahora, según la dirigente, hay 11 dueños.
Altafuya denunció que entre los nuevos dueños del poblado hay familiares del ministro de Turismo, Freddy Elhers. Al respecto, el concejal del Municipio de Muisne, Oliver Márquez, denunció que la presión para perjudicar a los habitantes es tal, que el Ministerio del Ambiente los multó con $ 48.000.
Mientras, Magdalena Chavarría, ex jefe política de Muisne, comentó que los habitantes son víctimas de amenazas de muerte y enjuiciamientos. “Yo era jefa política de Muisne y por reclamar este atropello a la Gobernación de Esmeraldas me cancelaron. Esa gente que se pretende llevar todo un pueblo es muy poderosa y la respalda autoridades del Gobierno”.
Murillo, presidente de la Comisión, dijo que “hay evidencias de que la adjudicación en el ex-INDA fue irregular (...) Hay que sentar precedentes; pediremos a la Asamblea que se pronuncie en respaldo de los habitantes de este poblado (...) todo hace presumir que hay presiones a todo nivel para que los campesinos abandonen sus tierras”, dijo.
El juicio contra García y otros cuatro comuneros: Colón Figueroa, Antonio García, Walter Valencia y Humberto Obando, lo siguen Manuel Pallares Carrión y César Mantilla Anderson, quienes aseguran ser dueños legítimos de una parte de las 46 ha y señalan a los acusados de invasores y de destrucción de bosque primario, ya que Tongorachí está en un área protegida de la Reserva Marina Galera–San Francisco.
Uno de los dueños de los terrenos señaló que la adjudicación fue legal. Dijo que el tema está politizado y rechazó las versiones de los comuneros.
García manifestó que nunca les notificaron que estaban enjuiciados. “Nos enteramos cuando el juez Luis Montaño, está por dictar sentencia. Se nos acusa con la intención de corrernos y meterle miedo al resto de los habitantes”.
Etapa intermedia
En el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Atacames y Muisne, con el número 09-2011, se encuentra en etapa intermedia el juicio por las tierras en Tongorachí.
El pasado viernes, cuatro asambleístas, entre ellos Marco Murillo y Edwin Vaca, integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos; y Linder Altafuya y César Gracia, representantes por Esmeraldas, visitaron esta comunidad, cuyas tierras (46 ha) tienen como dueños a inversionistas quiteños, en tanto que habitantes del poblado están enjuiciados y a punto de ir presos por reclamar la devolución de sus terrenos.
Las 40 familias del poblado, respaldadas por Altafuya y Gracia, por la Junta Parroquial de San Francisco del Cabo y la Municipalidad de Muisne, pidieron la presencia de la Comisión para denunciar que son víctimas de la expropiación de sus tierras ancestrales.
Inés García, presidenta de la comunidad y una de las enjuicidas, explicó que en el ex-INDA, en Quito, el manabita Sixto Calixto Arrunátegui se hizo adjudicar las 46 ha, incluida parte de la playa, aduciendo que se trataba de tierras baldías. Acotó que el trámite costó $ 429 y se realizó en el 2001. “Nadie vino a hacer una inspección”, dijo.
La dirigente explicó que 19 días después, Arrunátegui dividió la propiedad en 2 parcelas de 23 hectáreas y las vendió en $ 500 cada una, “es decir, que por las 46 ha los nuevos dueños pagaron $ 1.000. Luego continuaron las desmembraciones hasta que ahora, según la dirigente, hay 11 dueños.
Altafuya denunció que entre los nuevos dueños del poblado hay familiares del ministro de Turismo, Freddy Elhers. Al respecto, el concejal del Municipio de Muisne, Oliver Márquez, denunció que la presión para perjudicar a los habitantes es tal, que el Ministerio del Ambiente los multó con $ 48.000.
Mientras, Magdalena Chavarría, ex jefe política de Muisne, comentó que los habitantes son víctimas de amenazas de muerte y enjuiciamientos. “Yo era jefa política de Muisne y por reclamar este atropello a la Gobernación de Esmeraldas me cancelaron. Esa gente que se pretende llevar todo un pueblo es muy poderosa y la respalda autoridades del Gobierno”.
Murillo, presidente de la Comisión, dijo que “hay evidencias de que la adjudicación en el ex-INDA fue irregular (...) Hay que sentar precedentes; pediremos a la Asamblea que se pronuncie en respaldo de los habitantes de este poblado (...) todo hace presumir que hay presiones a todo nivel para que los campesinos abandonen sus tierras”, dijo.
El juicio contra García y otros cuatro comuneros: Colón Figueroa, Antonio García, Walter Valencia y Humberto Obando, lo siguen Manuel Pallares Carrión y César Mantilla Anderson, quienes aseguran ser dueños legítimos de una parte de las 46 ha y señalan a los acusados de invasores y de destrucción de bosque primario, ya que Tongorachí está en un área protegida de la Reserva Marina Galera–San Francisco.
Uno de los dueños de los terrenos señaló que la adjudicación fue legal. Dijo que el tema está politizado y rechazó las versiones de los comuneros.
García manifestó que nunca les notificaron que estaban enjuiciados. “Nos enteramos cuando el juez Luis Montaño, está por dictar sentencia. Se nos acusa con la intención de corrernos y meterle miedo al resto de los habitantes”.
Etapa intermedia
En el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Atacames y Muisne, con el número 09-2011, se encuentra en etapa intermedia el juicio por las tierras en Tongorachí.
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