Por Alexandra Ávila y Paúl Mena
EL UNIVERSO
En la zona de Puerto Nuevo, un caserío ubicado en el sur de la provincia de Esmeraldas, una gabarra –en la que alcanzan dos vehículos– sirve para cruzar el río Canandé.
Sobre uno de sus lados, un viejo letrero hace algunas advertencias a quienes llegan hasta allí con la intención de embarcarse. Una de ellas dice: “Personas que ingresen por primera vez deben pedir autorización en la oficina de Botrosa”.
Esa oficina está a dos horas y media por vía terrestre y es de la maderera Bosques Tropicales S.A. (Botrosa).
Para cruzar el río se debe alquilar la gabarra que es de la empresa. Quienes no logren el permiso deben pasar “en bote o nadando”, según los propios ejecutivos de la compañía, quienes pidieron no ser citados.
Por las camionetas que se embarcan en la gabarra se debe pagar $ 0,50 a la entrada y $ 0,50 a la salida; el costo para los buses puede ser de $ 1 o $ 1,50, dependiendo de su tamaño. En promedio, la recaudación diaria puede llegar a $ 60.
La mayoría que va por ahí va de Puerto Nuevo a Hoja Blanca, al otro lado del río.
Según Botrosa, solo se otorga la autorización de subir a la gabarra a los colonos. Algunos campesinos, en cambio, sostienen que los únicos beneficiarios son quienes se declaran a favor de la presencia de la maderera.
La gabarra es la única forma de cruzar a la otra orilla, donde empieza la ruta hacia Hoja Blanca y luego a El Pambilar, una extensión de 3.123 ha de bosque nativo que, en los últimos 12 años, es la causa de disputa entre grupos de comuneros de la zona y la maderera.
El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) adjudicó en 1998 El Pambilar a la empresa, lo que implicaba el derecho de posesión y la posibilidad de explotar. La firma, según sus ejecutivos, asegura que ha mantenido el bosque nativo intacto.
Pero enseguida empezó la disputa. Tras un cambio de autoridades. En el 2000, el INDA abrió un proceso y estudió dejar sin efecto la adjudicación. Ante ello, la maderera interpuso un recurso de amparo sosteniendo que todo era legal y advirtiendo que una decisión contraria atraería a traficantes de tierras y a la tala indiscriminada.
Un año más tarde, el comunero Floresmilo Villalta planteó un amparo constitucional con el argumento de que el 90,4% del bosque está dentro del Patrimonio Forestal (tierras forestales y bosques declarados propiedad del Estado para su administración), por lo que, adujo, no cabía la presencia de Botrosa.
En octubre del 2002, el entonces Tribunal Constitucional (TC) aceptó el amparo de Villalta. Pero en noviembre del 2003, aceptó el de Botrosa.
Ante la contradicción de los dos amparos, el antes TC decidió formar una comisión para estudiar el caso. Luego del análisis concluyó que El Pambilar debe regresar al Estado.
A base de ese informe, el 18 de enero pasado, la jueza segunda de lo Civil de Pichincha, Victoria Chang-Huang, dio un plazo de 10 días al INDA para que cumpla con la reversión, que luego incluso fue inscrita en el Registro de la Propiedad.
No obstante, el proceso quedó en suspenso pues la entrega-recepción de las tierras aún no se ha realizado, porque en febrero Néstor Arboleda –delegado del actual procurador Diego García– recordó a Chang-Huang que según un acuerdo del Ministerio del Ambiente (MAE) “esta área (El Pambilar) no podrá ser considerada como parte del patrimonio del INDA”.
En base a esta objeción, en ese mismo mes, la jueza revocó la orden de entrega-recepción de esa área de bosque nativo.
A la disputa en las cortes se suman las posiciones encontradas de los comuneros que viven en el perímetro de El Pambilar.
José Díaz, morador de Hoja Blanca, afirma que antes de la existencia de la carretera necesitaba dos días para cruzar la montaña. “Cómo no estar agradecidos si tenemos esta vía, si vamos a tener electricidad”. Jorge Quimí, pequeño productor de palma radicado allí desde 1994, dice: “No puedo sacar (la producción) a caballo; si me voy en contra de la empresa, me voy en contra de mis intereses”.
Por el contrario, Wilfrido Intriago, miembro del Comité Pro mejoras San Francisco, acusa a Botrosa. “Por la gabarra no me quieren dejar pasar; mi familia no puede visitarme, porque si saben que son mis parientes no los dejan pasar”.
Ángel Jácome, director del programa Bosque para Siempre (auspiciado por Botrosa) considera que el conflicto no radica en que el predio pase a manos estatales como bosque protector. “Hay intereses creados, las tierras del Estado puede ser vistas como tierras de nadie... Los campesinos creen que el gobierno parcelará el predio y les entregarán tierras para cultivar”.
Este Diario buscó la versión de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, pero ella delegó la vocería a Omar Montaño, director provincial del MAE, en Esmeraldas, quien anunció que se declarará a El Pambilar como bosque protector, lo que implicaría la salida de Botrosa.
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