De los árboles verdes y frondosos que cubrían buena parte de Quinindé (Esmeraldas) solo quedan parcelas. Desde el aire, es posible observar el cambio de uso de suelo de bosques por cultivos de palma. En otros no queda ni eso. Son grandes extensiones que usan el ganado y los colonos para vivir. Ese cambio de uso del suelo y la desaparición del bosque ha sido paulatino a lo largo de los años. Según el Ministerio de Ambiente, en los últimos 18 años el país perdió 1’228.000 hectáreas de bosque.
Esa cifra es el resultado de un estudio denominado ‘Línea base de deforestación en Ecuador’, que inició esta cartera de Estado desde el 2008. Según Janeth Delgado, coordinadora del estudio, entre las décadas de 1990-2000 se perdieron en promedio 74.000 hectáreas por año de superficie boscosa. La cantidad se redujo a 61.000 hectáreas anuales entre el 2000 y 2008. Entre las causas el Ministerio cita: por el desvío del cauce de un río, un deslave, apertura de carreteras, extensión agrícola, cambio de uso de suelo o tala de árboles.
Sin embargo, esas cifras contradicen a las que emitió en el 2003 el Clirsen (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos). Según la entidad, en nueve años se perdieron 198 mil ha de bosque, entre el periodo de 1991 y el 2000.
La subsecretaria de Patrimonio Natural, Tania Villegas, no acepta las cifras del Clirsen. Por eso, asegura, se levantó junto a 30 técnicos un estudio con una metodología propia. “Si esas cifras hubieran sido así, no tendríamos bosques en el país”, señala Villegas, quien dice que la metodología aplicada por el Clirsen no fue replicable y tiene vacíos de información que “no son verificables”.
Para el informe del Ministerio de Ambiente, que cuenta aún con el 70% de información levantada del país, se utilizaron imágenes satelitales que ayudaron a tener información del territorio desde el espacio. Las imágenes analizadas son de distintos años, de 1990, 2000 y 2008. Previamente, se hizo un preprocesamiento de la información sobre bosque, áreas agrícolas o cuerpos de agua.
Luis Góngora, presidente de la Coordinadora Nacional por la Defensa del Manglar, asegura que esas cifras son “una payasada, una tomadura de pelo y una burla”. “Cómo se atreven a decir que ha bajado la deforestación cuando en la provincia (de Esmeraldas) se observa que se ha mejorado la forma de talar los árboles. Ya no con el hacha ni la motosierra, sino con tecnología. La deforestación aumentó, no bajó, lo sabemos los que vivimos en las comunidades”, afirma.
Góngora dice que con ese informe el Ministerio de Ambiente “hizo un excelente trabajo para mentirle al país... eso no es verdad, la deforestación es mucho más alta que 70 mil hectáreas por año”.
La misma impresión tiene Walter Palacios, ingeniero forestal. “Estamos sorprendidos porque el Clirsen, que es otra entidad gubernamental, estimó en 198 mil ha y ahora dicen que son 70 mil ha. Hace falta un análisis exhaustivo para saber qué paso”, enfatiza.
De Esmeraldas se tiene el 30% de la información debido a que las nubes obstruyen la visión en los mapas satelitales. Con la implementación de radares se podrá conocer en unos seis meses la información de esta provincia.
Roberto Sánchez, ingeniero forestal encargado de transferencia tecnológica en el Clirsen, explica que la metodología que usó la entidad para determinar los índices de deforestación fueron a base de la interpretación visual con la tecnología de la época y manualmente. También acudían al campo para constatar.
A diferencia del Ministerio de Ambiente –que solo dispone del 70% de información– el Clirsen abarcó todo el país. Para Sánchez, la gran diferencia de datos radica en que la metodología que usa Ambiente es distinta. “Por eso no se pueden comparar papas con mellocos”, afirma. Y agrega: “Yo no me he inventado los datos... La deforestación es un caso delicado, es un tema técnico y no político... Los ministerios tienen un gran componente político. Yo pienso que (las cifras) debería manejar una institución o entidad no comprometida con nada porque siempre habrá intereses de por medio”.
El experto forestal sostiene que tampoco se justifica la cifra de 5,5 millones de ha de potreros que cita el Ministerio de Ambiente. “¿De dónde salieron?, ¿a costa de qué?, de los bosques. Es posible que esto no se tome en cuenta. Ellos pueden aducir que la deforestación fue antes de 1990. Sin embargo, la metodología de Ambiente no se conoce a fondo. Nunca han venido aquí, no han hablado conmigo”, añade Sánchez.
La coordinadora del estudio responde que la metodología que aplica actualmente busca vender créditos de carbono, para lo cual se necesita una metodología verificable de modo que otra persona que venga de otra institución conozca la cobertura y los procesos. El panel de cambio climático revisó cómo se realizaba la cobertura de suelo, recalca.
Sánchez dice que si ese es el interés, el Ministerio debe demostrar que hace algo, es decir manteniendo el bosque para vender los créditos de carbono.
Martha Núñez, integrante del directorio de la organización Ambiente y Sociedad, considera que la información es escueta, hay que hacer una comparación con otras áreas.
Cobertura
La fiabilidad del mapa que presentó el Ministerio de Ambiente es de un 70% de certeza, señalan los técnicos.
Extensión
El país, dice el informe, tiene 9,5 millones de hectáreas de los 11 millones de ha que existían en los noventa.
Convenios
Max Lascano, director del proyecto Socio Bosque, dice que para conservar el bosque que aún queda se han firmado mil convenios
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