jueves, 16 de diciembre de 2010

Un millar de militares y policías buscan maquinaria de mineras

DIARIO EL UNIVERSO

Poblaciones del norte de Esmeraldas se encuentran, desde las 05:00 de ayer, militarizadas y bajo un fuerte control policial, que tendría como propósito incautar maquinaria de mineros que extraen oro supuestamente al margen de la ley.



La acción despertó la ira de habitantes de Colón Eloy, Timbiré, Selva Alegre, Chapilito, Picadero, Chanuzal, Palmarreal, Angostura y Playa de Oro, quienes dicen sentirse afectados “por la medida gubernamental” porque la actividad minera es la principal fuente de ingresos de sus comunidades.


Hasta la tarde de ayer no hubo reportes de maquinarias incautadas, tal vez porque la lluvia dificultó el acceso de los uniformados hasta las minas.


No obstante, en las afueras del Comando de Policía de San Lorenzo se observaron cuatro retroexcavadoras que, según la institución, fueron decomisadas a mineros. Al respecto, ningún funcionario de la Contraloría General de Estado ni de los ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables que participan del operativo emitieron declaraciones.


El operativo se inició a las 02:15 con la partida de un convoy militar y de policías que partieron desde el Batallón de Fuerzas Especiales (Bimot), en el sur de la ciudad de Esmeraldas. El trayecto hasta Selva Alegre duró 2 horas y 50 minutos en medio de una fuerte lluvia.


En esta localidad, una patrulla del Ejército cerró la única vía de acceso a una decena de poblados ubicados en el sector para evitar la llegada de mineros desde San Lorenzo que anunciaron que se sumarían a la resistencia junto a los locales.


Mérice Caicedo, presidente de la Asociación de Pequeños Comuneros del río Santiago, dijo que los socios seguirán extrayendo oro de las minas, así les quiten las máquinas porque si no lo hacen miles de familias no tendrán cómo subsistir. “Estamos dispuestos a todo, si nos atacan nos defenderemos y lo haremos en uso a la legítima defensa”, expresó.


Richard Rivera, vicepresidente de esa agrupación, junto a otros 30 pobladores de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo se congregaron en la única vía de acceso que da a una docena de minas ubicada en la parte alta del río Santiago, para impedir el paso de los uniformados a la altura del caserío conocido como Picadero.


Los comuneros dijeron estar de acuerdo con que se realicen operativos contra mineros ilegales, pero que no es el caso de ellos porque están tramitando sus permisos ante las autoridades. “El Gobierno no inspeccionó dos veces y los técnicos comprobaron que trabajábamos con máquinas”, dijo Rivera.


Según miembros de la Asociación, ellos están conformados por 15 integrantes que generan, cada uno, 20 plazas de trabajo y en el caso de cerrarse las minas, serían 300 las familias afectadas.


Este temor se percibe también en los habitantes de Timbiré, sitio de concentración de 7 camiones militares y 3 buses llenos de policías que tenían la consigna de trasladarse hasta Zavaleta, otra comunidad del norte donde también se realiza extracción de oro en minas.



DIARIO HOY

Más de 1 200 uniformados, entre militares y policías, participan del operativo para clausurar minas informales e incautar maquinaria. Solo cuatro máquinas se han retenido, el resto fue escondido


Cuatro máquinas incautadas es el resultado hasta el momento del operativo de clausura de mineras informales, en el que participan más de 1 200 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas.

Estas máquinas fueron retenidas el pasado martes. Ayer, en el segundo día del operativo, no se pudo detectar ninguna maquinaria, lo que hizo infructuoso el masivo despliegue armado dispuesto para ejecutar las órdenes emitidas. La lluvia entorpeció también la ejecución.

El operativo se coordinó desde la Dirección Nacional de Minería, con el apoyo de militares y policías de las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha y Esmeraldas.

Un funcionario del Ministerio de Energía agregó que la medida se ejecuta porque el plazo para legalizar las pequeñas mineras termina este 30 de diciembre.

Hasta el momento no se han reportado incidentes en los sitios intervenidos, Selva Alegre y Bogotá.

Esta acción de desalojo no es aislada ni es la primera que se ejecuta.

Siete fiscales también fueron movilizados para ejecutar las órdenes de allanamiento e incautación de maquinarias, quienes se dividieron en dos grupos.

Solo cuatro retroexcavadoras fueron retenidas cuando eran trasladadas en camiones en la vía Ibarra - San Lorenzo, antier. Al parecer, el resto de la maquinaria fue escondida en las montañas por los comuneros, pero se tiene previsto ingresar este día con helicópteros a las zonas de los ríos Santiago, Cayapas, Tululbí y Bogotá, en donde se realiza actividad minera. Debido a la creciente de los esteros, un camón de la Armada del Ecuador quedó atrapado en el estero El Muerto, a dos kilómetros de Selva Alegre. El percance ocurrió cuando transportaba 26 personas entre militares, fiscales y periodistas.

También un automotor de Gama TV sufrió daños al cruzar dicho estero, mientras otro camión estuvo a punto de volcarse por la inestabilidad del camino cercano al recinto Angostura.

Jesús Constantino, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de la Zona Norte, que agrupa a 65 socios, aseguró que ellos pidieron esta intervención porque la minería ilegal les está afectando. "Ellos irrespetan los acuerdos de los Ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables y además contaminan esteros y ríos con mercurio para extraer el oro", sostuvo.

Esta asociación tiene 35 socios que fueron favorecidos, pero el resto aún está en trámite para tener la autorización para 10 años de extracción. Por ello, presentaron un Amparo de Protección el 29 de septiembre de este año, en el Juzgado Primero de Garantías Penales.

De los errores en los datos, luego del censo nacional minero, responsabilizan a Luis Bustamante, viceministro de Áreas Naturales y Recursos no Renovables. De su lado, Mártires Angulo, jurídico de la Asociación de Mineros, explicó que ellos propusieron crear una veeduría para verificar la actividad minera mensualmente en San Lorenzo y Eloy Alfaro.

La comisión estaría integrada por delegados de la Fiscalía, Ministerio del Ambiente, Recursos no Renovables, Policía, Armada y mineros. La respuesta no ha tenido eco en el gobernador Lenín Lara.

Otros operativos similares se realizaron en enero de 2009. Para hoy se tiene previsto nuevas incursiones en el área minera. (LFA)

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