EL COMERCIO
Visiblemente triste, Romina Santos sacaba los muebles de la que hasta ayer fue su casa, en las Villas de Petroecuador, ubicadas en el sur de la capital esmeraldeña.
La ex enfermera de la Refinería Estatal de Esmeraldas (REE), que vivió allí por más de 25 años, se trasladará junto a su hija y a su nieta a un departamento que le prestaron unos
parientes.
Entre el miércoles y el jueves, el intendente de Policía, Jorbelis Corozo, escoltado por una centena de policías, ordenó el desalojo de 34 viviendas que estaban ocupadas por ex trabajadores de la REE. Según Guillermo Estupiñán, superintendente de la Refinería, con esa medida se pone fin a la permanencia arbitraria de ex funcionarios que se jubilaron hace más de 10 años.
Recordó que con el desalojo, Petroecuador va a recuperar las viviendas para asignarlas a trabajadores activos. “La petrolera construyó esa urbanización, con 327 villas, para sus trabajadores”.
Al otro lado del problema están los ex funcionarios, quienes se sienten perjudicados. Este es el caso de Marco Pulla, especialista en procesos, quien renunció a la compañía el año pasado.
Él también empacaba sus cosas, junto a su familia. Allí vivió durante 30 años. Señala que estaba posesionado de la vivienda hasta que le pague la liquidación, de acuerdo con lo que dispone el Contrato Laboral
Aseguró que, al igual que muchos compañeros que fueron notificados para el desalojo, tiene una acción de protección presentada en un Juzgado de Esmeraldas. Es por eso que considera que mientras no se resuelva su situación no debieron ser sacados.
Los ex trabajadores denunciaron exceso de fuerza. Contaron que el miércoles, a las 16:20, un grupo de uniformados, encabezados por el Intendente, ingresaron a la villa 5, en la que habitaba la familia Espinosa-Palacios. Ahí forzaron las seguridades y rompieron las puertas.
El uso y administración de las villas de Petroecuador ha sido un tema muy comentado en los últimos años. Incluso, la Contraloría elaboró un informe. En el documento se señala que había villas que estaban en posesión de personas ajenas a la institución y otras en manos de ex empleados.
Ahí comenzó una disputa por recuperar las casas, que son propiedad del Estado.
Guillermo Estupiñán recordó que cada adjudicatario firmó un convenio de comodato, en el cual se indica que les asignaban las viviendas temporalmente. Ese mismo documento les advierte que deben ser desocupadas una vez que termine la relación laboral con la empresa.
Es por ello que los directivos de la petrolera desechan los amparos posesorios y juicios de prescripción extraordinaria de dominio, presentados por varios ex trabajadores, que querían apropiarse de las viviendas. Estupiñán recordó que esta figura no se puede aplicar a los bienes del Estado.
El desalojo se realizó acogiendo la sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia, del 9 de julio último.
En el fallo se desechó la acción de protección y se revocó una sentencia dictada anteriormente por el Juez Tercero de los Penal, Víctor Villamar.
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