viernes, 22 de julio de 2011

Rechazo nacional y mundial a sentencia contra diario El Universo


La sentencia de  tres años de cárcel para tres  directivos de diario El Universo,  así como para  su ex editor de Opinión, Emilio Palacio, levantó una ola de críticas  de gobiernos y organismos locales y extranjeros.

La noticia de la  indemnización por USD 40 millones a favor del presidente Rafael Correa dio la vuelta al mundo.

Corte Interamericana  y  Human Rights Watch, inquietos

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó un  comunicado, expresando su preocupación por la sentencia.
En esencia, señaló que la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos de libertad de expresión.

“La Corte ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión”. Ese fue uno de sus principales argumentos para rechazar el fallo del juez Juan Paredes.

Para la Corte,  no existe justificación para la aplicación de normas penales, como con  las que se condenó al periódico guayaquileño, sus directivos y  su ex colaborador.

“No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada”. Por eso, la Corte alertó que la sentencia puede constituirse en  “un  medio de censura indirecta” dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate de asuntos de interés.

Con estos antecedentes, la Relatoría Especial  para la Libertad de Expresión de la CIDH exhortó al  Ecuador a adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión. De ahí que hiciera  un llamado a las autoridades judiciales competentes ecuatorianas  para resolver el caso de acuerdo con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De una forma similar se pronunció  la organización internacional  Human Rights Watch, que consideró  al fallo judicial como un “ataque” a la libertad de expresión.  Por eso también solicitó al Estado ecuatoriano la derogación de las  disposiciones sobre calumnias, injurias y desacato.

“La condena penal de quienes critican al Presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión en Ecuador”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la agrupación.  “Castigar a un periodista y a directores de un periódico por ‘ofender’ al Presidente probablemente genere un impacto muy negativo en los medios  y en el debate público en Ecuador”, agregó. La  Human Rights Watch planteó como  salida que   se revierta el fallo por la Corte Provincial,  por ser incompatible con la libertad de expresión,  protegida  en  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es parte el país.

Desde París, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) deploró la sentencia, a la que  calificó como  “inoportuna” en  un contexto de “acoso judicial”.

“Este acoso judicial pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas que busca acallar los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el Presidente”.

En este escenario, la agrupación también calificó como “inoportuna” la medida judicial, ya que está en marcha el debate de una Ley de Comunicación.

El Gobierno pretende incluir en ese cuerpo legal un  consejo que regule los contenidos de medios que contengan mensajes de violencia y sexualmente explícitos. Así como establecer sanciones para periodistas.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos, compuesta por más de 250 organizaciones, emitió un comunicado, en el cual, entre otros puntos, “alerta a la comunidad internacional y a la sociedad civil organizada sobre la grave limitación a la Libertad de expresión y de Prensa que se vive en Ecuador. Expresada  a través de la persecución contra  periodistas no afines al Gobierno”.


Mientras que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una sociedad latinoamericana de periodistas con sede  en Lima,  señaló que la sentencia confirmó “lo acertadas que estaban las dudas sobre la independencia de ciertos sectores del poder Judicial de Ecuador”. 

EE.UU. está preocupado

El gobierno demócrata de Barack Obama también se sumó a la preocupación internacional por la sentencia al matutino.

La inquietud de Washington la expresó un vocero del Departamento de Estado, que maneja las relaciones internacionales.
 
“Nos unimos a la Sociedad Interamericana de Prensa  y al Comité para la Protección de Periodistas y otras organizaciones que expresaron su preocupación sobre la sentencia en el caso de El Universo” , dijo ayer un vocero, según un cable de la agencia AFP.

“Entendemos que la sentencia se apelará y vamos a seguir de cerca el proceso , anticipó  el portavoz en la breve declaración de ayer. “Una prensa libre e independiente es esencial para que una democracia funcione bien”, agregó.

De hecho, las preocupaciones por el deterioro del principio de la libertad se evidenció  en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EE.UU., que aprobó una iniciativa  que afecta los intereses de Ecuador.

Gremios locales manifiestan su desacuerdo

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) exigió respeto a las autoridades judiciales de los principios de libertad de expresión, contemplados en la Constitución de Montecristi, auspiciado por el presidente Correa.  Desde Loja, su titular,  Vicente Ordóñez, cuestionó la  decisión judicial y la tachó como un “grave atentado” al ejercicio del oficio periodístico.

Desde la óptica del gremio, con este hecho se sienta un precedente funesto. La razón: el fallo condena a los directivos de El Universo, por permitir la publicación del artículo de Emilio Palacio. Esta es una razón -dijo Ordóñez- que conducirá a que  los dueños de medios censuren los trabajos de sus periodistas, por el temor de recibir sanciones similares.

Desde el plano político también se censuró la actuación de la Justicia y del Presidente, por haber presentado la demanda penal.  Un grupo de  asambleístas de oposición presentó el  proyecto de ley para la eliminación del desacato,  y de  las injurias en contra de autoridades. La  iniciativa es de  César Montúfar, con el  apoyo de   Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Vicente Taiano, Paco Fierro, Andrés Páez, entre otros.

Ruptura de los 25, grupo que apoyó a Correa, también cuestionó el fallo y recordó  que las autoridades  deben  asumir la crítica como parte de sus actividades.

Alison Bethel
‘Condenamos el veredicto...’
El Instituto Internacional de Prensa (IPI), una red de medios y periodistas con sede en Viena, se sumó a la ola de reacciones.  “Estamos escandalizados por el veredicto y lo condenamos. Es desproporcionado”, dijo su directora, Alison Bethel McKenzie.  “La naturaleza excesiva de la sentencia demuestra la necesidad de eliminar las leyes penales arcaicas e ilegítimas contra la difamación”, añadió.

Carlos Roberts
‘Un gobierno que es hegemónico’
El prosecretario de redacción de La Nación, Carlos Raymundo Roberts,  dijo que es un nuevo caso de agresión a la prensa de parte de regímenes que no tolera el periodismo independiente... Es  la demostración de lo peligroso que puede ser un gobierno hegemónico que tiene  influencia sobre el Poder Judicial que se constituye en algo que está a la orden del Ejecutivo”.

Pablo Mendelevic
‘Se desangra a la prensa crítica’
El director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Palermo, Pablo Mendelevic,  manifestó que “Entre la sentencia y cerrar un diario y perseguir a los periodistas no hay ninguna diferencia. Lo que se busca es una muerte por desangramiento de la prensa crítica”.

Eduardo Márquez
La pena de cárcel y multa es excesiva
El presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (FCP), Eduardo Márquez, considera "excesivas" la pena de cárcel y la multa impuesta por el juez ecuatoriano Juan Paredes a tres directivos del rotativo guayaquileño... Existen razones para tener la percepción de que el demandante,  el presidente  Rafael Correa, usa todo el poder que dispone para entablar querellas  millonarias.

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