EL COMERCIO
Quito, 19/Jul/2011.- El Asambleísta del Movimiento Popular Democrático, por la Provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya expresó su preocupación ante la grave situación de salud, que enfrentan los maestros que se encuentran en huelga de hambre.
La huelga se inició desde el pasado 1ro de julio, uno de los maestros dijo haber sido atendido de emergencia pues presentaba un cuadro severo de deshidratación y una úlcera perforada.
Linder Altafuya, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de Resolución a favor de los maestros contratados el mismo que fue aprobado por unanimidad, a través de esta Resolución se hace un llamado a la Ministra de Educación para que de forma inmediata cancele los haberes que aún se adeudan a los maestros y maestras contratadas de la Provincia de Esmeraldas y en el resto de las provincias que se encuentren impagas, además que se cancele los haberes de los maestros que trabajan en jornada nocturna por concepto de horas extras; dicha resolución también contempla exhortar a los Ministros de Relaciones Laborales, de Finanzas y Educación para que de manera inmediata a nivel nacional se cumpla con la Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público y se proceda a extender los nombramientos a los docentes que han laborado por más de tres años en modalidad de contrato.
Linder Altafuya señaló que espera de parte de las autoridades gubernamentales acojan esta decisión del máximo organismo de la Asamblea, pues hasta el momento la actitud de indolencia que existe principalmente por parte de la Ministra de Educación, Dra. Gloria Vidal y de la Directora Provincial de Educación Ileana Chiriboga, frente a esta grave problemática tiene indignados a los Esmeraldeños, manifestó el Asambleísta por la provincia de Esmeraldas.
Por otro lado, Linder Altafuya rechazó categóricamente el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Educación, a través del cual pretenden desligitimar la medida de hecho, haciendo señalamientos respecto a situaciones personales de los maestros y maestras que están en huelga de hambre, cuando eso nada tiene que ver con demandar sus legítimos derechos.
Finalmente Altafuya informó que conjuntamente con los Asambleístas de Esmeraldas, Lenin Chica y César Gracia, han solicitado una audiencia con el carácter de urgente a la Ministra de Educación, Gloria Vidal, con el fin de allanar soluciones y evitar penosas consecuencias por la decisión inclaudicable de los maestros y maestras de exigir su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
En un estudio de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), Ministerio del Ambiente y la Universidad Central de Quito, se determina que otros afluentes como el Bogotá, Tululbí, Cachaví (San Lorenzo) y El Muerto, fueron afectados con cianuro y mercurio. Fue el resultado de la actividad minera artesanal. Todas las mineras fueron desmontadas el pasado 21 de mayo y el Gobierno busca su regularización.Habitantes de San Agustín (Eloy Alfaro) denunciaron que en la piel de los niños y adultos, se han detectado erupciones.
De acuerdo con la Senagua, el 50% de los cuerpos de agua monitoreados presentan concentración de aluminio, como en el estero María, de la comunidad San Agustín (Eloy Alfaro).
Allí se obtuvo un valor de 18 095 miligramos por litro. En el estero Sabaleta se encontró concentraciones de aluminio de 30,35 miligramos por litro. Para que el agua pueda consumirse, el valor límite permisible de 0,2 miligramos por litro.
Según el mismo estudio, la presencia de aluminio, cianuro y mercurio podría causar cáncer de piel, vejiga y pulmones, aunque no se han registrado casos.
El defensor del Pueblo, Eugenio Gijón, pidió a las autoridades que se prohíba los permisos de minería y también que se entregue agua potable a los afectados. El pedido está en el Juzgado VI de Garantías Penales de Eloy Alfaro.
Para el jefe de Investigación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Luis Quiñónez, es necesario que existan planes de manejo ambiental.
El Ministerio del Ambiente exige ese requisito para conceder un permiso de funcionamiento, pero no todas las empresas lo aplican. Una procesadora de Palma de Quinindé, por ejemplo, está acusada de provocar la contaminación del estero Cócola, el pasado 28 de junio. Los afectados son de la comunidad El Limón. En la zona hay ocho procesadoras.
El informe preliminar del Ministerio del Ambiente determinó que los residuos orgánicos del procesamiento fueron depositados en el estero y provocó la muerte de “cientos de especies bioacuáticas”. El informe difiere del presentado por Williams Mantilla, jefe del Ambiente del Municipio de Quinindé.
Él asegura que la muerte de las especies pudo haber sido provocada por la utilización de plaguicidas para la captura de camarón de río. La acción legal por delito ambiental contra la extractora se tramita en la Fiscalía de Quinindé y está en indagación previa.
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