Esmeraldas News

LA CULTURA DE LA CORTESIA Y AMABILIDAD

 

Por: Guillermo Muñoz

Especial para Esmeraldas News

 

La cultura de la cortesía y amabilidad son cimientos esenciales de la proclama constitucional del verdadero “buen vivir”, valores distantes, muy distantes en el ejercicio de nuestros gobernantes en todos los diferentes niveles de gobierno, deplorablemente, pero con rescatadas excepciones.

 

Las autoridades son garantistas de paz, respeto y confraternidad, de fiel cumplimiento a la Constitución y a las leyes, de una permanente comunicación ética-pública y de integridad de conducta y buenas costumbres, características que con una convivencia ejemplar, se constituiría en el más grandioso legado para las presentes y futuras generaciones, fomentando y consolidando una nueva cultura social y política de prestigio por y para la imagen del país.

 

A diario la ciudadanía es ofendida y contaminada por ese lenguaje agresivo, perverso, ordinario, vulgar, revanchista, populista, sensacionalista, antiético y vergonzoso para una mayoría de ecuatorianos que anhelan un mejor trato de quienes transitoriamente representan a sus conciudadanos en cada provincia y país.

 

En la jurisdicción provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas, en día reciente, el asambleísta Fernando Vélez, amparado en la Constitución de la República, artículo 18 y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos del 9 al 23, solicitó al prefecto de la provincia, información sobre varios casos de su administración. La reacción ligera y fulminante del Prefecto, con adjetivos, calificativos, cuestionamientos y epítetos descomedidos, reeditó la vieja práctica de la partidocracia tradicional y alimentó al caduco lenguaje de lo impropio, agravio, mofa y ultraje, insumos nocivos de la confrontación y descalificación que cotidianamente la clase política del país, de todas las generaciones, del pasado y presente, protagonizan figurando en el escenario político e irrumpiendo la paz social.

 

Según la ley, todos los ciudadanos de manera individual o colectiva, tienen derecho a la información, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. La responsabilidad de la autoridad es recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario.

 

En caso de la denegación de la información o falta de contestación a la solicitud, en el plazo señalado en la ley, dará lugar a las sanciones establecidas, como: multa de un mes de sueldo o salario que se halle percibiendo la autoridad; suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo por ese mismo lapso; y, destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la información. En caso de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa.

 

Santo Domingo de los Tsàchilas se merece un mejor trato; la esperanza se centra en la inteligencia de las ciudadanas y ciudadanos que actúen con conciencia y decisión cívica por la provincia que la mayoría seguimos soñando.