Pescadores y agricultores de zonas rurales de Muisne (Esmeraldas), cuyos ingresos promedian los $ 10 diarios, deben hasta $ 7.000 dólares. Ellos entregaron sus cédulas, libretas de ahorro y otros documentos a personas que les ofrecieron créditos fáciles.
Coraje, desconsuelo, desconfianza, incertidumbre, arrepentimiento y temor invaden a los esposos Daniel Benítez, de 29 años, y Andrea Ortiz, de 22. Estos padres de tres menores residen en una casa de tablas alquilada en el recinto Bellavista del cantón Muisne, en el sur de Esmeraldas. A él se le enrojece el rostro al relatar que entre ambos deben $ 11.800 al Banco Nacional de Fomento (BNF). Reniega de esa deuda no solo porque les resulta impagable, por su pobreza, sino porque nunca recibieron ese dinero.
En su barrio, compuesto por una veintena de casas de tablas enfiladas en la vía Pedernales-Atacames, hay al menos cinco casos parecidos. Son familias, en su mayoría pobres, que entregaron sus documentos a tramitadores y funcionarios del BNF de Muisne, quienes les ofrecieron gestionar préstamos de diversas cantidades. Los papeles no les fueron devueltos y meses y hasta años después los dueños se enteraron que estaban endeudados. Serían al menos 500 afectados en el sur de Esmeraldas; habría otros 300 en Machachi (Pichincha), según comités de afectados y la Secretaría de Transparencia.
Si a muchos sorprendió el llamado Cuentero de Muisne, personaje que en la década de los ochenta inventaba historias para hacerse entregar grandes sumas de dinero, hoy no era uno, sino una red que desde el 2007 llegaba a las casas de agricultores y pescadores de Muisne y otros sectores de Esmeraldas para hacerse entregar papeles y con ellos gestionar créditos irregulares. No hay cifras.
Daniel Benítez cuenta que en el 2007 dio sus documentos y los de su esposa a José Banguera Pinoargote, conocido en la zona como Bolón, quien supuestamente era el nexo con Eduardo Paredes Briones, jefe de Crédito del BNF de Muisne. El primero está prófugo; Paredes, preso hace dos semanas.
Días después, ambos dijeron a los esposos Benítez Ortiz que no calificaban para el crédito, por no tener respaldo. Emigraron a Quito a fines del 2007. En el 2009 fueron a buscar sus carpetas, pero les dijeron que se habían quemado. En el 2010 retornaron a su tierra y a inicios de este año, en una cooperativa, les informaron que eran deudores del BNF. Él debía $ 6.800; ella, $ 5.000. “No sé cómo han hecho; deben haber falsificado las firmas”, dice la mujer. Ambos hablaron con Paredes un día antes de que lo cojan preso. “Dijo que ya iba a solucionar”.
A la zona llegó el pasado fin de semana una delegación de la Secretaría de Transparencia para recoger los casos y motivar a denunciar en la Fiscalía de Atacames. Benítez no lo hace. “Han mandado a amenazar para que no se denuncie”, dice. El fiscal Gorky Ortiz señala que van 80 denuncias dentro de la instrucción fiscal por estafa. Pero Ferrari Zambrano, dirigente de los afectados y de Alianza PAIS en la zona, dice que serían 500 los campesinos perjudicados de diversas formas. Desde quienes pagaron coimas de $ 1.000 por un crédito de $ 5.000, hasta quienes solo entregaron papeles y no recibieron nada.
Paredes sería el centro de la red, que tenía tentáculos en el mismo banco, en toda Esmeraldas, en la regional Santo Domingo y en Quito, según Zambrano. Relatos de afectados y de autoridades de Muisne indican que un batallón de tramitadores recorría los campos ofertando los créditos. Una auditoría interna al BNF de Muisne analizó 47 créditos, 23 presentaban irregularidades. Es solo la punta del ovillo. Y a los afectados se los encuentra en Daule, Bellavista, Sálima, Muisne, Aguas Claras, Tres Vías, Chamanga y otras zonas de Muisne, donde la mayoría vive de la pesca y la agricultura. En una loma de Bellavista vive Yolanda Ortiz. Dio su carpeta a Víctor Ortiz. Él le consiguió $ 2.500.
“Me dicen que tengo dos créditos, debo $ 5.000. A mi esposo (Luis Gracia) le hicieron firmar papeles y le pidieron cédula y libreta, para dar otro. El ingeniero (Eduardo) Paredes le dio $ 1.000 porque dijo que solo salió $ 3.000. Después se entera que la deuda es de $ 5.000”, afirma. No sabe cómo pagará si el esposo gana $ 10 al día en la pesca; ella cría gallinas. No denuncian su caso.
En Chamanga, la ilusión de tener un préstamo movilizó a casi medio pueblo pesquero. En la red cayeron Nelson Bone Cagua, joven con retardo mental; William Pata, quien es conocido por ser asiduo consumidor de alcohol, así como pescadores que viven en casas flotantes en la orilla del mar, comerciantes, tricimoteros, agricultores.
Bone, con dificultades para hablar, afirma que pidió $ 500 y dio sus papeles. Ahora le dicen que debe $ 7.000; gana $ 5 al día en la pesca. Lo llevaron para que denuncie pero no lo hizo, pues la cédula está en poder del tramitador, que según él es Jaime Ortiz. Pata debe $ 5.000 y aseguró no haber recibido ni un centavo. José Cagua dio a un tramitador relacionado con Paredes su carpeta para pedir un préstamo de $ 5.000. Según él, solo quiere los papeles, pero vecinos dicen que está endeudado y teme denunciar. Los afectados piden la condonación.
Un dirigente local, quien pide que no se revele su nombre, asegura que parientes o enviados de los tramitadores reparten de $ 20 a $ 100 para que los afectados no denuncien. Si alguien reclama, lo amenazan a él y su familia. “Dicen que ya mismo sale Paredes y devolverá la plata. Tiene bastantes propiedades a nombre de testaferros, pero nosotros conocemos de quién son las tierras”, señala.
“Estamos garantizando la seguridad de quien denuncie”, afirma el fiscal de Atacames.
En el informe de auditoría se revela la forma ilegal con que se manejaban los trámites en el BNF de Muisne. Se cita la supuesta falsificación de informes de Control de Inversiones. Sobre un crédito de $ 4.500 el profesional bancario 2 (funcionario del banco) mencionaba que el peticionario tenía 6 ha de tierra listas para sembrar. Los auditores verificaron que el beneficiario era un carpintero de Chamanga que no poseía tierras y que tampoco recibió el crédito. En la investigación, la oficinista bancaria no entregó las papeletas de retiro para verificar su autenticidad.
Para entregar préstamos a los campesinos, estos debían presentar un certificado de residencia, del teniente político, y uno de tener un bien, de la Junta Parroquial. Ferrari Zambrano dice que estarían involucrados esos funcionarios porque certificaron a gente que no es de la zona. Eduardo Proaño, jefe político de Muisne, aclara que esos certificados habían sido falsificados o escaneados.
La auditoría cita un crédito de $ 150 mil dado con garantía de un predio, en diciembre del 2009. En junio del 2010 se dio otro, de $ 15.000, con igual garantía, pero a otra persona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario