La Asamblea Nacional, por unanimidad de los 84 asambleísta, exhortó al Primer Mandatario, Rafael Correa, a que declare el estado de excepción en el cordón costanero de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, y la provincia de Galápagos, que han sido afectados por el oleaje a consecuencia del tsunami, ocurrido en Japón el pasado viernes.
El Pleno determinó que, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Agua y Ministerio del Litoral, se atiendan de manera urgente a los damnificados, especialmente en los sectores en los que ha habido destrucción de propiedades y embarcaciones, de manera que se pueda contar con los recursos económicos emergentes que permitan elaborar y ejecutar el plan de prevención de riesgos y mitigación de futuros desastres.
El asambleísta de gobierno, Xavier Tomalá, quien presentó el proyecto de resolución, subrayó que la Constitución, en su artículo 389, establece que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad.
Recordó que como producto de este fenómeno natural muchos pescadores artesanales y ciudadanos vinculados con actividades pesqueras perdieron sus embarcaciones, que son su única fuente de ingresos, por lo que se requiere de la atención prioritaria de las autoridades públicas para subsanar esta emergencia.
Añadió que el estado de excepción es un mecanismo que permite al Gobierno Nacional destinar los recursos humanos, técnicos y económicos, en forma inmediata, para mitigar los efectos de toda clase de desastres.
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