Committee to Protect Journalists
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Ecuadoran president sues critical news daily for defamation
New York, March 31, 2011—The critical Ecuadoran daily El Universo, three of its executives, and its opinion editor could face jail time and hefty fines in a defamation complaint filed by President Rafael Correa last week. Correa should immediately drop the defamation suit and bring the country’s press law into compliance with international standards on freedom of expression, the Committee to Protect Journalists said today.
Correa filed the suit against El Universo’s executives Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga, and Nicolás Pérez Barriga (who are brothers) along with opinion editor Emilio Palacio, the Guayaquil-based paper reported on Tuesday. According to El Universo, the complaint was filed on March 22 but the paper and its staff have not been notified yet. The Ecuadoran president is seeking a three-year prison term for each defendant and $80 million in damages from the paper and its staff, press reports said.
“When Rafael Correa entered political life, he voluntarily chose to subject himself to public scrutiny and criticism,” said Carlos Lauría, CPJ’s senior Americas program coordinator. “It’s outrageous that as president he would put his own reputation ahead of the national interest of ensuring a robust public debate. We call on President Correa not only to drop the defamation suit but also work with Congress to repeal criminal insult laws that contradict international standards on freedom of expression.”
The lawsuit stems from a biting column published in El Universo on February 6, in which Palacios refers to Correa as “the dictator.” In reference to a police uprising last September during which three people were killed, Palacios insinuated that Correa’s actions may have constituted crimes against humanity.
In an interview aired on the news website Ecuadorinmediato, Correa called Palacios’ column irresponsible and insisted that the paper’s directors should be held responsible for publishing the piece as well as the columnist himself.
CPJ research shows that Ecuador ’s outdated criminal defamation provisions have been systematically used to punish critical journalists. In March 2010, Palacio was convicted of libel and ordered to pay $10,000 in legal costs after criticizing a government finance official in a commentary. The official withdrew the complaint in June, and charges were dismissed.
Ecuadoran law runs counter to the emerging consensus in Latin America that civil remedies provide adequate redress in cases of alleged defamation. In December 2009, the Costa Rican Supreme Court eliminated prison terms for criminal defamation. One month earlier, in November 2009, the Argentine Congress repealed criminal defamation provisions in the penal code. And in April 2009, Brazil ’s Supreme Federal Tribunal annulled the 1967 Press Law, a measure that had imposed harsh penalties for libel and slander.
There is a growing body of international legal opinion that public officials should not enjoy protection from scrutiny. The Inter-American Commission on Human Rights stated in 1994: “Considering the consequences of criminal sanctions and the inevitable chilling effect they have on freedom of expression, criminalization of speech can only apply in those exceptional circumstances when there is an obvious and direct threat of lawless violence.”
CPJ is a New York–based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom worldwide. For more information, visit www.cpj.org.
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Presidente de Ecuador demanda a diario crítico por difamación
Nueva York, 31 de marzo de 2011—El Universo, diario crítico ecuatoriano, tres de sus directivos y el editor de opinión podrían enfrentar tres años de prisión y multas millonarias en una demanda por supuestas injurias calumniosas presentada por el presidente Rafael Correa la semana pasada. Correa debe retirar la demanda de inmediato y adecuar la ley ecuatoriana a las normas internacionales en materia de libertad de expresión, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés).
Correa presentó la demanda contra los hermanos Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Barriga, directivos de El Universo, y el editor de opinión Emilio Palacio, según informó el diario de Guayaquil el martes. Según El Universo, la demanda fue presentada el 22 de marzo pero el periódico y su plantel aún no han sido notificados. El presidente de Ecuador solicitó una pena de tres años de prisión para los demandados y 80 millones de dólares en concepto de daños para el periódico, sus ejecutivos y Palacio, según informes de prensa.
“Cuando inició su carrera política, Rafael Correa eligió en forma voluntaria ser sometido a la crítica y al escrutinio público”, indicó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Es indignante que el presidente coloque su propia reputación delante del interés nacional de asegurar un vigoroso debate público. Instamos al Presidente Correa no solo a retirar la demanda por difamación sino también a colaborar con el Congreso para eliminar las disposiciones penales sobre difamación que contradicen estándares internacionales sobre libertad de expresión”.
La demanda se originó en una columna sumamente crítica y sarcástica publicada en El Universo el 6 de febrero, en la cual Palacios se refiere Correa como “el dictador”. En referencia a la rebelión policial de septiembre pasado en la cual se registraron tres muertes, Palacios insinuó que las acciones de Correa podrían haber constituido crímenes de lesa humanidad.
En una entrevista en el sitio de noticias Web Ecuadorinmediato, Correa calificó a la columna de Palacios como irresponsable e insistió en que tanto los directores del periódico como el columnista deben ser responsables por haber publicado la columna.
La investigación del CPJ muestra que las anticuadas disposiciones penales sobre difamación en Ecuador han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos. En marzo de 2010, Palacios fue condenado por el delito de injurias y se le ordenó a pagar diez mil dólares por costos del proceso judicial luego de criticar a un funcionario de una entidad financiera estatal. El funcionario retiró la demanda en junio y la acusación fue desestimada.
La legislación ecuatoriana también contradice el consenso emergente en América Latina que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la prisión como condena para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó la difamación incluida en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que aplicaba penas graves por injuria y calumnias.
Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/cpjenespanol
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