viernes, 1 de octubre de 2010

Empieza el proceso contra los policías en Esmeraldas

DIARIO LA HORA ESMERALDAS

La Unidad de Asuntos Internos del Comando de la Policía de Esmeraldas investiga las protestas protagonizadas el último jueves en contra de la Ley de Servicio Público.



El jefe de la institución, Fausto Tamayo, dijo que las investigaciones se iniciaron porque se transgredió la Ley, presuntamente por 50 ó 70 policías que se manifestaron afuera del Comando de Esmeraldas. Asimismo, que se garantizará transparencia durante el proceso.



Se conoció que Asuntos Internos conformados por alrededor de ocho clases al mando de un oficial, tomarían como prueba los videos que se publicaron en los medios de comunicación locales.



Estuvieron precavidos



Aunque ese día la mayoría de policías que intervino aceptaron dar entrevistas tras cámaras e incluso antes de la protesta se retiraron el adhesivo de sus uniformes, donde están plasmados sus nombres.



El ministro fiscal Distrital de Esmeraldas, Lenin Arroyo, trabaja en el pedido de datos estadísticos de la cantidad de denuncias presentadas durante el tiempo que la Policía no patrulló en las calles, pero aún no se la habían entregado.



Los policías sublevados se reintegraron a los patrullajes y labores de rutina en horas de la noche.


Los medios privados salieron al aire con noticiarios propios

La obligación de las estaciones de radio y televisión privadas de transmitir la señal de los medios públicos Ecuador TV y Radio Pública, sobre la insubordinación policial, se cumplió parcialmente. Al mediodía del jueves pasado, mientras se profundizaba el caos por la sublevación de policías y militares, la Secretaría Nacional de Comunicación ordenó el enlace con el obligatorio e indefinido.


Ecuador TV y Radio Pública transmitieron los sucesos en el Hospital de la Policía e invitaron a funcionarios gubernamentales y personajes afines a la Revolución Ciudadana. Por la noche, pese a la prohibición, Ecuavisa salió al aire con su noticiario y enseguida Teleamazonas hizo lo mismo. Luego, el resto de canales y estaciones radiales difundieron sus programas.

César Ricaurte, director de Fundamedios, en un comunicado, señaló que la disposición del régimen es un acto inaceptable que en la práctica equivale a la censura de la información, “pues impide que los medios privados reporten con sus propias voces e imágenes... y significa una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos a obtener información plural, diversa y de distintas fuentes”.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Comunicación –a cargo de Fernando Alvarado– no notificaba de la suspensión de la obligatoriedad de los medios de enlazarse.

Sin embargo, ayer los medios privados salieron al aire con sus propios noticiarios. Dos ejecutivos de televisoras informaron que si bien no han recibido contraorden informarán a sus televidentes según la planificado por sus equipos periodísticos.

Funcionarios de la Secretaría, quienes pidieron la reserva, informaron que la orden de enlazarse se cumplió solo el día de la toma de los cuarteles policiales por razones de seguridad nacional. La intención de la orden, dijeron, era evitar que la insubordinación sea vista en los destacamentos militares, donde también hay malestar de la tropa.

Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública, aseguró que no hubo ningún tipo de instrucción para orientar la información y que la línea de la estación fue combinar reportes en vivo y llamadas de la audiencia. “Nuestro deber era informar y, por supuesto, llamar a defender la democracia”, dijo.

¿Radio Pública tuvo ventajas frente al resto de medios? Tassi respondió que no. No obstante, reconoció que la persona que le dio el número de teléfono para contactar al presidente Rafael Correa en el Hospital de la Policía fue el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. “Hice el trámite que hace cualquier periodista”.

Álex Mora, director de noticias de Ecuador TV, manifestó que “en ningún momento hubo una agenda determinada de entrevistas” y que los espacios periodísticos del canal “son defensores del Estado de Derecho”.

Ricaurte lamentó que no se haya suspendido formalmente la obligación de transmitir la señal de los medios públicos. Por un lado, indicó, porque los ciudadanos pierden sus garantías y, por otro, el oficio de la Secretaría de Comunicación tiene una clara advertencia: quien no cumpla “será sancionado con todo el rigor de la ley”.

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