TOMADO DEL DIARIO EXPRESO
La manera en que el Ejecutivo ha impuesto su tesis en el tratamiento de las leyes no le es favorable, dicen analistas políticos.
Al día siguiente de la intensa jornada que vivieron los ecuatorianos el pasado jueves, cuando miles de policías resolvieron sublevarse para rechazar el retiro de beneficios como los bonos por ascensos y condecoraciones, la calma volvió al país, pero ¿esta es definitiva o simplemente es cuestión de tiempo para una gran explosión?
La última es por la que se inclinan analistas políticos, asambleístas y ciudadanos, quienes todavía no pasan el susto por los asaltos a mano armada, saqueos a locales comerciales y otros delitos que ocurrieron cuando la seguridad quedó “al garete” en el país.
Es que no solo los gendarmes que bloquearon carreteras, quemaron llantas y dejaron sus labores de oficina, mostraron su desacuerdo con las acciones del gobierno de Rafael Correa, sino que también están los más de 500.000 servidores públicos que en esta semana tendrán en la Ley Orgánica de esa materia nuevas reglas que cumplir.
Estos últimos recorrieron las calles de Quito y llegaron hasta el pleno de la Asamblea Nacional la víspera de la insubordinación policial, mientras era analizado el veto del Ejecutivo, cuyos textos más polémicos entraron en vigencia ayer por el ministerio de la ley porque la Asamblea ni se allanó a la sanción presidencial ni se ratificó en su trabajo dentro del plazo del trámite.
Así, los miembros de la Fuerza Pública deberán permitir que el Ministerio de Relaciones Laborales, que tendrá la rectoría de la materia, establezca un régimen de remuneraciones para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este el principal motivo de la sublevación en los cuarteles policiales.
Los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales) también están incluidas en ese nuevo régimen. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) puso su reclamo por esa situación, ya que considera que su autonomía y la Constitución quedan violentadas.
Entre los textos vigentes desde ayer, también está que las personas que lleguen a los 65 años no podrán ascender más en su carrera administrativa y la edad máxima para la jubilación será de 70 años. Este último tema, también encendió la polémica por la observación del Ejecutivo que viabiliza el pago del retiro en bonos del Estado.
Otro frente que tiene el Régimen en su contra es por la Ley Orgánica de Educación Superior. Esa normativa llevó varias veces a las calles al gremio universitario, inconforme por la creación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ente que tendrá la rectoría de la política pública; además de la reestructuración del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que, según el veto presidencial tendrá mayoría el Ejecutivo.
Esto sumado a lo que los estudiantes consideran una violación a la autonomía universitaria que es la reducción del porcentaje del cogobierno estudiantil y de los trabajadores de las universidades.
Otra normativa que causó el reclamo de los sectores involucrados fue el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), que crea una nueva estructura para los gobiernos locales, que ahora pasarán a ser “gobiernos autónomos descentralizados”.
Uno de los temas que levantó polvareda fue la facultad que daba en principio la normativa a los niveles de gobierno para nutrir sus ingresos a través de la organización de rifas y loterías, lo que traía competencia a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG).
La sanción presidencial restringió esa facultad a los gobiernos regionales, que deberán estar creados en un plazo máximo de ocho años.
El mecanismo para calcular las rentas que perciben los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales es otro de los temas que mantiene escépticos a los titulares de esos niveles de gobierno.
Reacciones
Cynthia Viteri
Asambleísta
“El Presidente hizo lo peor al ir al lugar donde no querían su presencia, él provocó todo el caos de ese día. Creo que esto no parará ahí y lastimosamente el país se verá inmerso en protestas de varios sectores si el Presidente no reflexiona sobre lo que ha hecho y sobre lo que sigue haciendo pisoteando derechos de todo el mundo. El Legislativo aprobó la Ley de Servicio Público con 108 votos tras un acuerdo con las partes involucradas, luego vino el veto con los temas que causaron los problemas”.
Santiago Basabe
Analista
Hay dos lecturas: La primera, no hubo un golpe de Estado, el gran error fue que el Presidente de la República vaya al Regimiento Quito, eso caldeó los ánimos. El malestar en las instituciones uniformadas viene desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, ahora se juntarán con otros sectores que tampoco están conformes con la gestión del Gobierno. El Presidente deberá tomar conciencia de que tiene frentes abiertos pero no puede tratarlos de la misma manera. Profesores no son militares.
Fausto Cobos
Asambleísta PSP
“Lo ocurrido (el jueves pasado) fue producto de la tozudez y no querer escuchar al pueblo ecuatoriano, no solo a la Policía sino a toda la sociedad. Se están acumulando demandas y el Gobierno por no escuchar está imponiendo sus propias reglas. La ley de Servicio Público obtuvo 108 votos, no puede ser que el Ejecutivo deje sin piso el trabajo ejecutado en el Legislativo. Hay heridas que no sanarán fácilmente, el pueblo espera un estadista, no alguien que se crea el dueño del mundo”.
Wilfrido Lucero
Ex legislador
Podemos sacar importantes lecciones de los hechos ocurridos el jueves. La primera es para el Presidente de la República que debe rectificar en 180 grados su forma de gobierno porque no queremos ir por el camino de confrontación permanente ni desprecio para opinión ajena e irrespeto de las demás Funciones del Estado. Lo que sucedió con la Policía Nacional no es un hecho aislado, también está la confrontación con el sector universitario, burócratas y alcaldes.
Antonio Rodríguez
Analista
Los hechos de ayer (jueves pasado) son graves para el país. Un estilo confrontacional, agresivo, insultante, descalificador, antidemocrático genera violencia y la falta de puertas al diálogo, la falta de información que se pretende imponer traerá grandes problemas en los próximos días. Apenas sale del Hospital de la Policía, lo primero que hace es propinar una serie de agravios y acusaciones contra los gendarmes. El hecho no fue un producto espontáneo, es el resultado de algo.
Renato del Campo
Analista
“Existen serias lesiones al interior de las filas policiales, lo que tiene bastante golpeada su institucionalidad. No es el único sector que ha reclamado por su inconformidad con las políticas del Gobierno, pero los hechos ocurridos el jueves fueron los más impactantes y pueden llegar a ser mucho más graves si es que no hay una pronta rectificación del Ejecutivo. Recordemos que están las universidades, los servidores públicos y pronto vendrán los empresarios con el Código de la Producción”.
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