El bloqueo se efectuó por una demanda presentada por el Comité de Trabajadores. La institución está paralizada.
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El operador Jorge Rodríguez realizaba ayer el mantenimiento de una pala mecánica del Consejo Provincial de Esmeraldas (CPE). Esa es la única tarea que puede realizar por el momento. Su equipo, como la mayoría de los 30 tractores, palas mecánicas, retroexcavadoras... de la institución, permanecen guardados en las bodegas del CPE, por falta de recursos.
Un embargo a las cuentas de la Prefectura, por orden del inspector provincial de Trabajo, Fernando Saldarriaga, emitida el 15 de febrero pasado, mantiene paralizada a la institución.
“Ni siquiera hemos podido pagar los sueldos de mayo y junio de los trabajadores. También está semiparalizada la obra pública por falta de dinero para el pago de planillas”. Así comenta la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa.
Según la sentencia de Inspectoría, avalada en el peritaje realizado por el ingeniero comercial Pedro Flores, el CPE deberá pagar USD 4 521 945. El inconveniente se remite a marzo de 2007, en que el Comité Especial de Trabajadores del CPE presentó una demanda contra el Gobierno Provincial de Esmeraldas.
Entre otras cosas reclamaban la reliquidación y el pago de las alzas salariales decretadas por el Gobierno, correspondientes a 2004, 2005 y 2006. Además, la reliquidación y el pago de las horas suplementarias y extraordinarias, de las vacaciones, subsistencia..., entre otras, a favor de 253 trabajadores.
Sin embargo, el proceso avanzó entre las exigencias de los trabajadores y las apelaciones de la Prefectura. Ante la imposibilidad de lograr un consenso entre las partes, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, integrado por dos representantes de los trabajadores, dos del Consejo Provincial y el Inspector del Trabajo, dictaron sentencia a favor de los obreros.
Así se embargó la cuenta que el CPE mantiene en el Banco Central, con USD 331 000.
En el conflicto está José Figueroa, presidente del Comité Especial de Trabajadores del CPE. “Para él se trata de “una situación lamentable, que no es culpa de los obreros. Se debió tomar los correctivos a tiempo”.
Entre tanto, la prefecta Sosa se encuentra en Quito, buscando una solución, pues dice, que con la sentencia el Consejo Provincial queda en “bancarrota”.
Rosalía Valdez, procuradora síndica de la Prefectura, calcula que si el USD 1 millón que el Estado entrega mensualmente al CPE se destina para pagar la demanda del Comité Especial de Trabajadores, “el CPE podría paralizarse, al menos, por seis meses. Mientras que el déficit alcanzaría dos años más”, asegura.
Los desacuerdos
La Prefectura cuestiona el informe del perito. No están de acuerdo con el monto de pago de subsidios.
USD 16,8 millones es el presupuesto anual del Consejo Provincial. El 26% se destina a pago de sueldo de obreros, el 15% de personal administrativo y el 16% para obra pública. El resto se destina al pago de créditos.
Los trabajadores acusan a los directivos del Consejo Provincial de no darles tarea como medida de represión.
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