Según Hesberto Cabezas, dirigente de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte, de San Lorenzo, las máquinas se mantendrán en el lugar hasta que se realice un peritaje. Dijo que los propietarios de las retroexcavadoras están preparando una demanda en contra de los responsables de la colocación de explosivos que destruyeron sus equipos.
También indicó que la mayoría de maquinarias que se encontraba en los frentes mineros de San Lorenzo y Eloy Alfaro son alquiladas. Ayer Charles Pozo dijo, en la oficina de la Asociación de Mineros, que es propietario de una retroexcavadora que prestaba servicios en una de las minas, a orillas del río Bogotá.
Pozo, quien reside en Quito, se considera afectado, pues dijo que no tiene nada que ver con el lío de las mineras. “Yo, como otros tantos, vivimos del alquiler de la maquinaria. Arrendamos a constructoras o a cualquier persona que requiera nuestros servicios. Sí arrendé a un minero”.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, aseguró que fueron inhabilitadas 67 retroexcavadoras. Los mineros sostienen que son más de 100 maquinarias.
La mayoría de palas mecánicas no tiene datos de identificación, solo las marcas de las casas fabricantes. Una de ellas permanece a un costado de un riachuelo, en el sector de Mina Vieja. En el frente se lee Cat 320D en letras blancas sobre el fondo negro y amarillo.
Tiene los vidrios rotos y las piezas del motor tiradas en el piso. Al parecer, el maquinista trató de esconder el equipo en el bosque. Sin embargo, fue interceptado por los militares, que hicieron estallar el motor.
Solo un muchacho, que trabajaba operando una bomba de agua, permanecía en el campamento. Recogía su ropa en uno de los cuartuchos de madera y zinc, que funcionaba como campamento. “En esta mina, propiedad de Julio Marín, trabajábamos 15 personas. El tractor era arrendado a un señor de la Sierra”, dijo.
Según Cabezas, los propietarios de las máquinas las alquilan a USD 25 la hora. “Pero no solo hay ganancias”, precisó Pozo, ya que los dueños de las máquinas tienen que pagar gastos de transporte, mantenimiento y USD 800 mensuales a los operadores.
En las minas es posible ver maquinarias nuevas de gente desconocida. Según el ministro Ponce, hay la hipótesis de que grupos subversivos -como las FARC y los paramilitares- están vinculados a la actividad minera y la están financiando. A su juicio, la población de esa zona tiene muy poca participación en las minas.
En las minas del río Bogotá los jornaleros comentaban que los equipos pertenecen a una persona conocida como el Coronel. Una propietaria de una veta aseguró que los equipos llegan de Ibarra, Quito, Guayaquil y Cuenca. Y aunque una máquina nueva bordea los USD 300 000, Cabezas dice que es posible conseguir retroexcavadoras usadas de entre USD 30 000 y 50 000. “Hay mucha gente que se ha endeudado y que tiene aún letras que pagar…”.
En ninguna institución del norte de Esmeraldas hay un registro de las máquinas que operan allí y quienes son sus propietarios.
El general Wagner Bravo, jefe del Grupo de Tarea, que está en la frontera norte, aseguró que “la tarea más importante era neutralizar la maquinaria, que está causando daños al ambiente”.
Así justificó el operativo militar que busca neutralizar la actividad minera que el Régimen la califica de ilegal.
A pesar de que el Gobierno resaltó el profesionalismo militar de esa acción, en el norte de Esmeraldas se habla de que hubo excesos. Los funcionarios de la empresa maderera Setrafor denunciaron que los motores de dos retroexcavadoras, que realizaban arreglo de los caminos en la vía San Francisco-San José de Cachaví, también fueron destruidos.
Otra denuncia hicieron los empleados del Municipio de Eloy Alfaro que hacían movimiento de tierras con extraexvacadoras.
Charles Pozo dijo que su máquina tiene seguro. No sabe si la empresa le pagará, pues el seguro era por robo o daño. No por destrucción premeditada.
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