EDITORIAL TOMADO DEL DIARIO EL COMERCIO
La consecuencia fue el éxodo de familias humildes y grandes retroexcavadoras destruidas. Los mineros sostienen que son 100, la versión oficial habla de 67. El Ministro de Defensa justificó el uso de explosivos porque algún juez corrupto hubiese podido devolverlas a sus usuarios. Inaceptable.
La tarde del viernes un decreto ejecutivo autorizaba la operación militar. La justificación oficial es que la minería informal contamina los ríos y que los habitantes de la zona bañada por las aguas aledañas estaban siendo severamente afectados en su salud, según una cadena ordenada por el régimen este lunes.
La fuerte intervención militar se da en un contexto político preocupante. Lejos, en el sur oriente, los habitantes muestran su incomodidad con la extracción minera e incluso hablan de la posibilidad de ejercer el derecho a la resistencia que estipula la Constitución.
En ese escenario, los posibles acuerdos mineros con grandes empresas que extraerían ingentes recursos podrían verse frenados.
La actividad minera puede representar importantes recursos económicos al país, debe destinar dinero a las zonas socialmente deprimidas en sitios donde se encuentran los grandes yacimientos y respetar las normas ambientales. Esa debe ser una política de Estado duradera.
Solamente será posible con un acuerdo social en las zonas de conflicto que establezca el equilibrio entre la extracción ordenada y el respeto al entorno natural. Y el apego al Estado de Derecho y no al uso de la fuerza.
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