EL UNIVERSO
La destrucción de maquinaria minera que trabajaba en zonas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fue ordenada por el juez 22º de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández Cárdenas, ante el pedido de medidas cautelares formuladas por el ministro del Interior, José Serrano.
La maquinaria dinamitada, 67 según el Gobierno y más de 100 de acuerdo con los dirigentes mineros, fue decomisada en un operativo militar realizado el sábado pasado que es cuestionado por los afectados y justificado por el régimen. La acción dejó un herido.
En su resolución, firmada el 19 de mayo, el juez señala que según lo expuesto por el ministro, en los sectores indicados se venía explotando minas sin permiso de los ministerios de Recursos No Renovables ni del Ambiente, ni de la Agencia de Regulación y Control Minero, destruyendo el ambiente, lo que afecta a los habitantes.
El juez añade que, según los artículos 71 y siguientes de la Constitución y más normas de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispuso medidas cautelares “incluida la destrucción de todos los elementos, artefactos, herramientas y demás utensilios” que constituyan grave peligro para la naturaleza en los sitios de la afectación ambiental.
Se formará comisión
Una comisión se encargará desde el lunes de buscar soluciones al problema de los mineros de Eloy Alfaro y San Lorenzo. Esta fue la decisión que en Quito tomaron en una reunión de casi dos horas la comitiva de al menos 23 mineros y los alcaldes de los dos poblados y funcionarios gubernamentales liderados por el viceministro de Minas, Federico Auquilla.
En esta comisión participarán, entre otros, técnicos de las Agencia de Regulación y Control Minero, la Empresa Nacional de Minería, el Instituto Nacional de Investigación Geológica y representantes de las dos asociaciones mineras de la zona de Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Estudiará los mecanismo para lograr la regularización de mineros, que se comprometieron a no realizar paralizaciones mientras actúe esta comisión.
La noche del martes, algunos dirigentes mineros acordaron plantear tres aspectos: devolución de la maquinaria incendiada, legalización de los mineros regularizados y capacitación para un mejor manejo de la actividad en la zona. Argumentaban que las maquinarias eran de trabajadores en proceso de legalización de sus áreas. Quienes operaban como mineros ilegales no estarán en derecho de recuperar sus equipos, reconocieron los habitantes.
Domingo Castillo, uno de los quince socios de la mina de Selva Alegre, que accedió al derecho minero que ahora otorga el ministerio, recordó que ellos (los de la Asociación) estaban en proceso de legalización de sus documentos para operar tranquilos. Al no tener dinero para pagar abogados que realizan el trámite, demoró obtener la licencia ambiental, “único documento que falta” para quedar legales, dijo. Los comuneros muestran documentos firmados por el anterior funcionario, Diósgrafo Chamba, dándoles el derecho minero.
Línder Altafuya, asambleísta por Esmeraldas, pedirá al bloque del MPD que se pronuncie en la Asamblea “sobre el violento operativo” que incautó excavadoras. Dijo que siempre se ha pedido la intervención ejecutiva para controlar y regular la explotación minera en el norte de Esmeraldas, pero que no se puede admitir que se “juegue a la guerra, usando armas, dinamitando maquinarias, sembrando pánico en la población, sin proponer alternativas para miles de personas que se quedaron sin fuente de ingreso”.
El gobernador de Esmeraldas, Lenin Lara, expresó que el Gobierno busca alternativas laborales para las personas que se quedaron sin empleo.
Más datos: Dice la Constitución
Derechos de la naturaleza
El artículo 71 de la Constitución señala que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Agrega que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
La maquinaria dinamitada, 67 según el Gobierno y más de 100 de acuerdo con los dirigentes mineros, fue decomisada en un operativo militar realizado el sábado pasado que es cuestionado por los afectados y justificado por el régimen. La acción dejó un herido.
En su resolución, firmada el 19 de mayo, el juez señala que según lo expuesto por el ministro, en los sectores indicados se venía explotando minas sin permiso de los ministerios de Recursos No Renovables ni del Ambiente, ni de la Agencia de Regulación y Control Minero, destruyendo el ambiente, lo que afecta a los habitantes.
El juez añade que, según los artículos 71 y siguientes de la Constitución y más normas de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispuso medidas cautelares “incluida la destrucción de todos los elementos, artefactos, herramientas y demás utensilios” que constituyan grave peligro para la naturaleza en los sitios de la afectación ambiental.
Se formará comisión
Una comisión se encargará desde el lunes de buscar soluciones al problema de los mineros de Eloy Alfaro y San Lorenzo. Esta fue la decisión que en Quito tomaron en una reunión de casi dos horas la comitiva de al menos 23 mineros y los alcaldes de los dos poblados y funcionarios gubernamentales liderados por el viceministro de Minas, Federico Auquilla.
En esta comisión participarán, entre otros, técnicos de las Agencia de Regulación y Control Minero, la Empresa Nacional de Minería, el Instituto Nacional de Investigación Geológica y representantes de las dos asociaciones mineras de la zona de Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Estudiará los mecanismo para lograr la regularización de mineros, que se comprometieron a no realizar paralizaciones mientras actúe esta comisión.
La noche del martes, algunos dirigentes mineros acordaron plantear tres aspectos: devolución de la maquinaria incendiada, legalización de los mineros regularizados y capacitación para un mejor manejo de la actividad en la zona. Argumentaban que las maquinarias eran de trabajadores en proceso de legalización de sus áreas. Quienes operaban como mineros ilegales no estarán en derecho de recuperar sus equipos, reconocieron los habitantes.
Domingo Castillo, uno de los quince socios de la mina de Selva Alegre, que accedió al derecho minero que ahora otorga el ministerio, recordó que ellos (los de la Asociación) estaban en proceso de legalización de sus documentos para operar tranquilos. Al no tener dinero para pagar abogados que realizan el trámite, demoró obtener la licencia ambiental, “único documento que falta” para quedar legales, dijo. Los comuneros muestran documentos firmados por el anterior funcionario, Diósgrafo Chamba, dándoles el derecho minero.
Línder Altafuya, asambleísta por Esmeraldas, pedirá al bloque del MPD que se pronuncie en la Asamblea “sobre el violento operativo” que incautó excavadoras. Dijo que siempre se ha pedido la intervención ejecutiva para controlar y regular la explotación minera en el norte de Esmeraldas, pero que no se puede admitir que se “juegue a la guerra, usando armas, dinamitando maquinarias, sembrando pánico en la población, sin proponer alternativas para miles de personas que se quedaron sin fuente de ingreso”.
El gobernador de Esmeraldas, Lenin Lara, expresó que el Gobierno busca alternativas laborales para las personas que se quedaron sin empleo.
Más datos: Dice la Constitución
Derechos de la naturaleza
El artículo 71 de la Constitución señala que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Agrega que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
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