EL COMERCIO
Un hombre funde una masa de oro, del tamaño de una naranja, en una vasija de barro. Utiliza un soplete, conectado a un tanque de gas y a otro de oxígeno, del que sale una lengua rojiza de fuego que derrite en segundos al metal.
“Esto se llama secado y sirve para retirar el mercurio del oro”, explica el minero de piel bronceada y cabello corto. El hombre, al que sus compañeros le dicen ‘Chivo’, trabaja en una de las minas de Ventanas, junto al río Cachaví, en el norte de Esmeraldas.
El minero usa un pantalón jean y una camiseta fucsia. Le asiste un joven que, como la mayoría, usa botas de caucho para caminar por el terreno lodoso.
Cada vez que el ‘Chivo’ se inclina, una pistola plateada, sujeta en el cinturón a la altura de la espalda, brilla con el sol. Varias personas miran la tarea. “Solo por este poquito de oro, el (presidente) Correa hace tanto bochinche”, bromea otro hombre, que llegó a bordo de un camión verde, tipo militar. Él trabaja movilizando al personal y las provisiones.
Sin embargo, ahora él teme que se vea forzado a paralizar su servicios, tras el operativo militar, del 21 de mayo, que obligó a suspender totalmente la actividad minera a cielo abierto, que se desarrollaba en los ríos Cachaví, Tululbí, Bogotá, Santiago y Zapotillo.
Tras 45 minutos, el ‘Chivo’ termina la tarea -que repite durante cuatro días-. Se incorpora y deja ver que tiene otra arma de fuego, en la delantera de su cinturón.
En el lugar hay un inmenso cráter, abierto con una retroexcavadora para buscar oro, en medio de los últimos reductos del bosque tropical. La imagen la completan cuatro casuchas de madera y techos oxidados, delante de un callejón cubierto por un loro rojo y pegajoso. Ahí descansaban y comían los mineros, antes del éxodo luego que 67 palas mecánicas fueron inhabilitadas, con explosivos, en el último operativo militar.
“Qué fue que ya nos vamos”, grita el chofer del camión, mientras una decena de mujeres y hombres suben rápidamente maletas de ropa, jabas de cerveza, herramientas… en el balde del vehículo, que se apresta a salir a la parroquia San Francisco.
Este campamento, al igual que los otros, está ubicado en lugares alejados y de difícil acceso.
Según un informe de Inteligencia al que accedió este Diario, en torno a la minería al margen de la ley ocurren homicidios, secuestros, trata de personas, prostitución infantil, narcolavado, contrabando, extorsión y corrupción.
También dice que hasta estos lugares se desvían combustibles y mercurio, de manera fraudulenta. Además, que hay trabajadores que están armados.
Eso lo corrobora Germán Carrera, jefe del Comando Sectorial de San Lorenzo, encargado de la seguridad interna en los cantones fronterizos de San Lorenzo y Eloy Alfaro. “Hay actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas, combustibles y precursores químicos”. Pero lo que más le preocupa es que en el norte de Esmeraldas hay mucha gente armada.
Según una integrante (prefirió el anonimato) de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte, de San Lorenzo, el oro atrae a la delincuencia que quiere aprovecharse de la situación.
Las estadísticas de la Policía Judicial muestran que entre septiembre del año anterior e inicios de mayo se capturó 47 armas de fuego. La mayoría es armas cortas de fabricación colombiana, brasileña y estadounidense. Hay desde cartucheras hasta subametralladoras. La Policía dice que se desconoce quiénes ingresan este armamento y cómo se distribuye.
Carrera dijo que estas armas incluso son usadas por sicarios. Además que entre el 1 de enero y el 8 de mayo han ocurrido 28 homicidios y asesinatos en la zona.
Allí operan organizaciones clandestinas que buscan controlar territorios, guaridas y tránsito seguro, según el informe sobre la minería ilegal, que presentó una delegación de la Policía ecuatoriana en una conferencia sobre esta temática en Colombia, en abril pasado.
La pugna por estos territorios ha generado la división entre la población. Se calcula que de las 70 000 familias de asentamiento afroecuatoriano de Eloy Alfaro y San Lorenzo, apenas 2 000 se dedican a la minería. Johnny Quintero y Aldo Pusterle, sacerdotes del norte de Esmeraldas, denunciaron la afectación a la población, por la contaminación de los ríos, pero fueron amenazados.
La gente de la mina de Ventanas solicitó que se le regularice, mientras salía a la ciudad. Entre ellos viajaba el ‘Chivo’, que tenía previsto vender el oro en Colombia, donde le pagan más de USD 40 por cada gramo.
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