Fuego a maquinaria de mineras en Esmeraldas
SELVA ALEGRE-QUITO
EL UNIVERSO
El Ministerio de Defensa asumió ayer su responsabilidad en la destrucción de decenas de retroexcavadoras decomisadas el sábado pasado, en un operativo militar realizado en zonas mineras ilegales de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, cuya población amenaza con protestas y acciones legales.
Con el uso de dinamita, según mineros, unos 580 militares inutilizaron retroexcavadoras y otras maquinarias, con el fin de neutralizar las excavaciones.
Dirigentes mineros indicaron que la acción destruyó más de 100 retroexcavadoras que no eran de los mineros, sino que habían alquilado a otras personas. El ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que fueron entre 67 y 70 maquinarias, de 200 que habían en el sector.
El funcionario justificó esta acción y aseguró que no había otra forma de “inutilizar” la maquinaria, pues cuando se las confisca “los jueces corruptos les devuelven las máquinas” a través de medidas judiciales.
La intervención militar se produjo basada a la expedición del decreto 783, firmado por el presidente Rafael Correa el pasado viernes para “eliminar” la minería ilegal que podría “generar una grave conmoción interna en los cantones indicados”. Es por esto que San Lorenzo y Eloy Alfaro fueron declaradas en estado de excepción por 60 días. Para el cumplimiento de esta medida se dispuso la movilización nacional, económica y militar en estas dos localidades. Adelantó que el régimen prepara una cadena nacional para mostrar cómo estaba siendo devastada la zona.
Los pequeños mineros reaccionaron con indignación tras el operativo por aire y tierra, realizado en las comunidades donde se realiza la explotación minera. Los militares bloquearon las comunicaciones en toda la comunidad de Eloy Alfaro y San Lorenzo para que los comuneros no pidan ayuda.
Jesús Constantine, presidente de la Asociación de pequeños Mineros de San Lorenzo, dijo que ellos emprenderán acciones legales contra los responsables. “No hemos realizado aún una evaluación de las pérdidas económicas que tenemos, pero se cuentan en millones de dólares y estamos analizando las acciones a seguir”, dijo.
Reclamó respeto por los comuneros de San Lorenzo y Eloy Alfaro, ya que se los trataría de vincular con las FARC. “No somos terroristas. Qué pena que el gobierno nos dinamite nuestras plazas de trabajo, herramientas, patrimonio. Nos incomunican durante días enteros, nos golpean, nos maltratan y ahora dicen que los terroristas somos nosotros”, dijo.
A los mineros se les sumaron los trabajadores de estas empresas y comuneros de Las Marías, Picadero, Cabuyal, Angostura, Repartidero, Eloy Alfaro, Wimbí, Wimbicito, Río Bogotá, Minas Viejas y Playa de Oro, quienes anunciaron una huelga indefinida en San Lorenzo del Pailón, en los próximos días.
Además, los comuneros dijeron que la resistencia se inició con la movilización de miles de comuneros desde los poblados afectados para protestar contra el operativo realizado. Aseguran que son más de 3.000 las familias que se han quedado sin trabajo debido a la acción.
Entre los perjudicados está Geovanny Mora, quien perdió tres retroexcavadoras que las alquilaba a terceros. “Yo no soy minero. Yo alquilé las únicas tres máquinas de mi empresa a los comuneros de Selva Alegre bajo un contrato de trabajo, pero llegaron los soldados y me las destruyeron. Me han dejado en la calle y endeudado”, dijo.
Mérice Caicedo, presidenta de la Asociación de pequeños mineros de Selva Alegre, recordó que a esa comunidad y a las zonas aledañas, llegaron los soldados en helicópteros, armados y amenazando a la población.
“Colocaron dinamita en las máquinas y las hicieron volar. Las pérdidas son millonarias. Este es el único país donde el Gobierno ordena quemar maquinaria pesada sumamente costosa, que son de propiedad privada”.
Los mineros indicaron que estaban en proceso de regularización y que se violaron sus derechos constitucionales. “Si el Gobierno cree que vamos a quedarnos callados cuando nos han dinamitado cientos de retroecavadoras, están equivocados. Con miedo, trayendo medio ejército no nos van a callar. Nos encontrarán en la calle, en los tribunales, en la prensa. Queremos que nos devuelvan nuestras herramientas de trabajo”, acotó Caicedo.
De su parte, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que el Gobierno analiza sanciones contra las actividades de minería ilegal en Esmeraldas. Afirmó que el daño se produjo en 67 maquinarias, que el momento de la arremetida militar estaban detenidas, con motores apagados. El Ministerio de Minas no se pronunció sobre el tema.
Destacado
La intervención militar está amparada en el decreto 783 que reseña que la Constitución impone como deberes del Estado “la protección del patrimonio, el derecho a la paz, seguridad, y, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
Con el uso de dinamita, según mineros, unos 580 militares inutilizaron retroexcavadoras y otras maquinarias, con el fin de neutralizar las excavaciones.
Dirigentes mineros indicaron que la acción destruyó más de 100 retroexcavadoras que no eran de los mineros, sino que habían alquilado a otras personas. El ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que fueron entre 67 y 70 maquinarias, de 200 que habían en el sector.
El funcionario justificó esta acción y aseguró que no había otra forma de “inutilizar” la maquinaria, pues cuando se las confisca “los jueces corruptos les devuelven las máquinas” a través de medidas judiciales.
La intervención militar se produjo basada a la expedición del decreto 783, firmado por el presidente Rafael Correa el pasado viernes para “eliminar” la minería ilegal que podría “generar una grave conmoción interna en los cantones indicados”. Es por esto que San Lorenzo y Eloy Alfaro fueron declaradas en estado de excepción por 60 días. Para el cumplimiento de esta medida se dispuso la movilización nacional, económica y militar en estas dos localidades. Adelantó que el régimen prepara una cadena nacional para mostrar cómo estaba siendo devastada la zona.
Los pequeños mineros reaccionaron con indignación tras el operativo por aire y tierra, realizado en las comunidades donde se realiza la explotación minera. Los militares bloquearon las comunicaciones en toda la comunidad de Eloy Alfaro y San Lorenzo para que los comuneros no pidan ayuda.
Jesús Constantine, presidente de la Asociación de pequeños Mineros de San Lorenzo, dijo que ellos emprenderán acciones legales contra los responsables. “No hemos realizado aún una evaluación de las pérdidas económicas que tenemos, pero se cuentan en millones de dólares y estamos analizando las acciones a seguir”, dijo.
Reclamó respeto por los comuneros de San Lorenzo y Eloy Alfaro, ya que se los trataría de vincular con las FARC. “No somos terroristas. Qué pena que el gobierno nos dinamite nuestras plazas de trabajo, herramientas, patrimonio. Nos incomunican durante días enteros, nos golpean, nos maltratan y ahora dicen que los terroristas somos nosotros”, dijo.
A los mineros se les sumaron los trabajadores de estas empresas y comuneros de Las Marías, Picadero, Cabuyal, Angostura, Repartidero, Eloy Alfaro, Wimbí, Wimbicito, Río Bogotá, Minas Viejas y Playa de Oro, quienes anunciaron una huelga indefinida en San Lorenzo del Pailón, en los próximos días.
Además, los comuneros dijeron que la resistencia se inició con la movilización de miles de comuneros desde los poblados afectados para protestar contra el operativo realizado. Aseguran que son más de 3.000 las familias que se han quedado sin trabajo debido a la acción.
Entre los perjudicados está Geovanny Mora, quien perdió tres retroexcavadoras que las alquilaba a terceros. “Yo no soy minero. Yo alquilé las únicas tres máquinas de mi empresa a los comuneros de Selva Alegre bajo un contrato de trabajo, pero llegaron los soldados y me las destruyeron. Me han dejado en la calle y endeudado”, dijo.
Mérice Caicedo, presidenta de la Asociación de pequeños mineros de Selva Alegre, recordó que a esa comunidad y a las zonas aledañas, llegaron los soldados en helicópteros, armados y amenazando a la población.
“Colocaron dinamita en las máquinas y las hicieron volar. Las pérdidas son millonarias. Este es el único país donde el Gobierno ordena quemar maquinaria pesada sumamente costosa, que son de propiedad privada”.
Los mineros indicaron que estaban en proceso de regularización y que se violaron sus derechos constitucionales. “Si el Gobierno cree que vamos a quedarnos callados cuando nos han dinamitado cientos de retroecavadoras, están equivocados. Con miedo, trayendo medio ejército no nos van a callar. Nos encontrarán en la calle, en los tribunales, en la prensa. Queremos que nos devuelvan nuestras herramientas de trabajo”, acotó Caicedo.
De su parte, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que el Gobierno analiza sanciones contra las actividades de minería ilegal en Esmeraldas. Afirmó que el daño se produjo en 67 maquinarias, que el momento de la arremetida militar estaban detenidas, con motores apagados. El Ministerio de Minas no se pronunció sobre el tema.
Destacado
La intervención militar está amparada en el decreto 783 que reseña que la Constitución impone como deberes del Estado “la protección del patrimonio, el derecho a la paz, seguridad, y, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
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