Gobierno cometió un abuso de poder al destruir maquinaria decomisada a mineros

CRE

El jurista Joffre Campaña calificó de ilegal e inconstitucional la destrucción de la maquinaria decomisada a mineros durante un operativo de control en la provincia de Esmeraldas.
En entrevista con la estación televisiva Ecuavisa, Campaña expresó que la destrucción de la maquinaria evidencia un claro abuso de poder por parte del Gobierno.
“Lo que se ha hecho en Esmeraldas es una manifestación clarísima de abuso del poder, de violación a la Constitución, de violación al Código Penal y de violación a la Ley de Minería”, destacó
En ese sentido, recordó que el artículo 76 de la Constitución señala que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté tipificado como delito, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley, es decir, “si no está, no se puede aplicar”.
Además, indicó que la Ley de Minería, en su artículo 57, establece que quienes tengan explotación ilegal serán sancionados con el decomiso de la máquina, mientras que el artículo 51 del Código Penal, que establece las penas, no contempla la destrucción del material decomisado.
Esto significa, según Campaña, que las autoridades cometieron una arbitrariedad, pero más allá de ello, están afectando al Estado.
“Cuando se decomiso un bien, ese bien viene al Estado, que tiene la obligación de rematarlo y cuando lo remate, el dinero viene al Estado y le permite hacer sus obras”, explicó.
Algo distinto ocurre cuando se decomisa droga “porque la ley permite su destrucción porque es un producto que no puede circular”, indicó.

Pero, al destruir la maquinaria como ocurrió en Esmeraldas, “le está quitando al Estado, la posibilidad de tener más dinero y eso puede ser gravísimo” por lo que pidió la intervención del contralor general del Estado, Carlos Pólit.
Aunque el operativo contra la minería ilegal se sustenta en un decreto, Campaña aseguró que ese documento también viola la Constitución.
“Aquí se ha cometido un abuso sin nombre, especialmente, sustentados en un decreto de emergencia, que es absolutamente violatorio de la Constitución porque no señala cuáles son las libertades y garantías que se limitan, y se restringe el decreto al señalar que deberá prevenirse, cesarse y eliminarse la actividad de minería ilegal”, expresó.
Esto último se lo hace dentro de la ley y en el marco del debido proceso, pero “aquí se han saltado absolutamente todo”, puntualizó.

Por: Sandra Morán Castillo
smoran@cre.com.ec