Publicado el 28/Mayo/2011 | 00:43
Por: Consuelo Albornoz Tinajero
cat@hoy.com.ec
Fue extremadamente comprometida la incursión militar en localidades mineras en Esmeraldas y la destrucción de maquinaria. Enrarecida además por los argumentos de los ministros para justificar algo que no es disculpable. La voladura de esos artefactos fue una expresión de arbitrariedad, de ejercicio de la justicia sin apego a los procedimientos legales establecidos. Acaso, ¿un ejemplo del alcance de la promesa gubernamental de "meter las manos en la justicia"?
El ministro de Defensa pretendió explicar esa acción, conforme la versión publicada en El Ciudadano, arguyendo: "Lo único que se hizo fue inutilizar las máquinas". Porque, según la misma fuente "esta (sic) era la única forma que se tenía para asegurar el no uso de la maquinaria, puesto que, en ocasiones anteriores, cuando se incautaban las retroexcavadoras, jueces corruptos obligaban a devolverlas.". El diario El Telégrafo añade: según el ministro Ponce "se destruyó (sic) las retroexcavadoras que servían para sacar piedra y tierra, ya que "no teníamos otra posibilidad de proceder porque, en anteriores ocasiones, jueces corruptos ordenaban que se devuelvan las máquinas a los propietarios, quienes realizaban la explotación ilegal y así comenzaba el juego del gato y el ratón"". En otras palabras, si la ley no es suficiente, ¿cabe tomarse la justicia por mano propia aunque ello constituya una violación del debido proceso y de las garantías constitucionales?
Con la lógica de los ministros del correísmo, si un delincuente o presunto malhechor fuera apresado en los operativos que están realizando los policías de élite y luego fuera liberado por acción judicial, ¿lo que correspondería sería "inutilizar" al sospechoso para evitar seguir con el juego del gato y del ratón? ¿Eliminar, por tanto, al acusado para no correr el riesgo de que "jueces corruptos" le suelten y asegurarse, así, que no volverá a delinquir?
Solo imaginarme que esto pudiera ocurrir me sobresalta. Equivaldría a haber transitado del estado de derechos, como lo pregonaron en Montecristi, al estado de naturaleza, en el cual la ley del más fuerte es la que prevalece. Y, en el cual, ni las normas ni las garantías son respetadas por quien tiene el poder, pues la protección que debe ofrecer el Estado es el propio aparato del estado el que la niega.
Acaso, en el ambiente postconsulta, ¿la gestión del Régimen tomará este camino y la ley solo servirá para aplicarla contra quien sea calificado como "enemigo"? Por casualidad, ¿este sendero va a seguir el Gobierno ahora que dice contar con el permiso de los electores para meter las manos en la justicia? ¿Qué podremos esperar cuando se adueñe de toda decisión sobre la justicia?
cat@hoy.com.ec
Fue extremadamente comprometida la incursión militar en localidades mineras en Esmeraldas y la destrucción de maquinaria. Enrarecida además por los argumentos de los ministros para justificar algo que no es disculpable. La voladura de esos artefactos fue una expresión de arbitrariedad, de ejercicio de la justicia sin apego a los procedimientos legales establecidos. Acaso, ¿un ejemplo del alcance de la promesa gubernamental de "meter las manos en la justicia"?
El ministro de Defensa pretendió explicar esa acción, conforme la versión publicada en El Ciudadano, arguyendo: "Lo único que se hizo fue inutilizar las máquinas". Porque, según la misma fuente "esta (sic) era la única forma que se tenía para asegurar el no uso de la maquinaria, puesto que, en ocasiones anteriores, cuando se incautaban las retroexcavadoras, jueces corruptos obligaban a devolverlas.". El diario El Telégrafo añade: según el ministro Ponce "se destruyó (sic) las retroexcavadoras que servían para sacar piedra y tierra, ya que "no teníamos otra posibilidad de proceder porque, en anteriores ocasiones, jueces corruptos ordenaban que se devuelvan las máquinas a los propietarios, quienes realizaban la explotación ilegal y así comenzaba el juego del gato y el ratón"". En otras palabras, si la ley no es suficiente, ¿cabe tomarse la justicia por mano propia aunque ello constituya una violación del debido proceso y de las garantías constitucionales?
Con la lógica de los ministros del correísmo, si un delincuente o presunto malhechor fuera apresado en los operativos que están realizando los policías de élite y luego fuera liberado por acción judicial, ¿lo que correspondería sería "inutilizar" al sospechoso para evitar seguir con el juego del gato y del ratón? ¿Eliminar, por tanto, al acusado para no correr el riesgo de que "jueces corruptos" le suelten y asegurarse, así, que no volverá a delinquir?
Solo imaginarme que esto pudiera ocurrir me sobresalta. Equivaldría a haber transitado del estado de derechos, como lo pregonaron en Montecristi, al estado de naturaleza, en el cual la ley del más fuerte es la que prevalece. Y, en el cual, ni las normas ni las garantías son respetadas por quien tiene el poder, pues la protección que debe ofrecer el Estado es el propio aparato del estado el que la niega.
Acaso, en el ambiente postconsulta, ¿la gestión del Régimen tomará este camino y la ley solo servirá para aplicarla contra quien sea calificado como "enemigo"? Por casualidad, ¿este sendero va a seguir el Gobierno ahora que dice contar con el permiso de los electores para meter las manos en la justicia? ¿Qué podremos esperar cuando se adueñe de toda decisión sobre la justicia?
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