EL UNIVERSO
El operativo militar que el sábado pasado incautó y destruyó decenas de maquinarias dedicadas a la explotación minera informal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas, es cuestionado una vez más por los afectados y autoridades de la provincia, aunque funcionarios del régimen insisten en justificar la acción.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, indicó ayer que en el procedimiento se inutilizaron 67 maquinarias, pero dirigentes mineros indicaron que fueron más de 100 excavadoras –algunas que alquilaron a otras personas– las destruidas con explosivos.
La acción dejó un herido de bala que se recupera en un hospital de Ibarra (Imbabura), mientras que los mineros y contratistas afectados ayer se hallaban en huelga de brazos caídos y alistaban protestas. Con asesoría de una abogada, piensan demandar nacional e internacionalmente al Estado, pues 14 concesionarios (que benefician a 400 personas) cuentan con permisos –excepto el ambiental– para explotar.
La intervención militar se respalda en el decreto ejecutivo 783 que dispone el estado de excepción en los dos cantones por 60 días “a fin de prevenir, cesar y eliminar la minería ilegal” y “precautelar el derecho a la salud de sus pobladores y la conservación del ecosistema”.
“A los ilegales, que también tenían maquinaria en la zona, está bien castigarlos de modo severo, pero con incautar las máquinas era suficiente, por qué estallarlas”, preguntó Juan Caicedo, síndico de Selva Alegre, comuna de Eloy Alfaro.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Esmeraldas, Guillermo Godoy, indicó que el exministro de Recursos no Renovables, Germánico Pinto, autorizó para que los pequeños mineros trabajen en el norte de Esmeraldas y que, inclusive, la semana pasada asistieron a una capacitación en el Ministerio del Ambiente. No se explican por qué se actuó contra todos, incluso contra quienes tramitaban sus permisos.
El ministro señaló, según la agencia pública de noticias Andes, que la única forma de evitar que la maquinaria vuelva a ser utilizada era mediante la destrucción ya que, en otras ocasiones, los jueces han emitido amparos para levantar la incautación. “Las medidas han resultado muy débiles”, dijo y aseguró que la Constitución, el Código Ambiental y la Ley Minera disponen “medidas eficaces” para “inhabilitar estos instrumentos”. La acción también fue justificada el lunes por el ministro de Defensa, Javier Ponce.
Arellano explicó ayer a varios medios de comunicación que la operación se realizó en cumplimiento a medidas cautelares dispuestas por Juan Carlos Hernández, juez 22º de Garantías Penales de Pichincha.
Godoy y la prefecta de la provincia, Lucía Sosa censuraron el alto grado de contaminación causado por la minería ilegal, pero cuestionaron el operativo, mientras que el jurista Joffre Campaña calificó de ilegal e inconstitucional la destrucción de la maquinaria decomisada.
“En menos de 24 horas llegan de manera violenta al norte de Esmeraldas, donde vive gente humilde y trabajadora, sembrando el terror (...) Está bien, hay que incautar la maquinaria y meterlos presos por incumplir con los permisos, pero no que se venga a intimidar y aterrorizar al pueblo”, dijo Sosa.
Mientras, en declaraciones a Ecuavisa, Campaña calificó el operativo de “una manifestación clarísima de abuso del poder, de violación a la Constitución, de violación al Código Penal y de violación a la Ley de Minería, sustentados en un decreto de emergencia”.
Godoy indicó que la Ley Minera estipula multas de hasta el 100% del valor del total de material explotado, pero no señala que hay que destruir y dinamitar las máquinas.
Apuntes: El marco de ley
Decreto
El Decreto Presidencial Nº 783 que declara el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, se basa en los artículos 3, 14, 32, 66 y 73 de la Constitución.
Ley de Minería
El artículo 57 indica que la explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales será sancionado con el decomiso de la maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente.
Código Penal
El artículo 51 establece que las penas no contemplan la destrucción del material decomisado.
Constitución
El artículo 76 señala que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté tipificado como delito, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley, es decir, si no está, no se puede aplicar.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, indicó ayer que en el procedimiento se inutilizaron 67 maquinarias, pero dirigentes mineros indicaron que fueron más de 100 excavadoras –algunas que alquilaron a otras personas– las destruidas con explosivos.
La acción dejó un herido de bala que se recupera en un hospital de Ibarra (Imbabura), mientras que los mineros y contratistas afectados ayer se hallaban en huelga de brazos caídos y alistaban protestas. Con asesoría de una abogada, piensan demandar nacional e internacionalmente al Estado, pues 14 concesionarios (que benefician a 400 personas) cuentan con permisos –excepto el ambiental– para explotar.
La intervención militar se respalda en el decreto ejecutivo 783 que dispone el estado de excepción en los dos cantones por 60 días “a fin de prevenir, cesar y eliminar la minería ilegal” y “precautelar el derecho a la salud de sus pobladores y la conservación del ecosistema”.
“A los ilegales, que también tenían maquinaria en la zona, está bien castigarlos de modo severo, pero con incautar las máquinas era suficiente, por qué estallarlas”, preguntó Juan Caicedo, síndico de Selva Alegre, comuna de Eloy Alfaro.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Esmeraldas, Guillermo Godoy, indicó que el exministro de Recursos no Renovables, Germánico Pinto, autorizó para que los pequeños mineros trabajen en el norte de Esmeraldas y que, inclusive, la semana pasada asistieron a una capacitación en el Ministerio del Ambiente. No se explican por qué se actuó contra todos, incluso contra quienes tramitaban sus permisos.
El ministro señaló, según la agencia pública de noticias Andes, que la única forma de evitar que la maquinaria vuelva a ser utilizada era mediante la destrucción ya que, en otras ocasiones, los jueces han emitido amparos para levantar la incautación. “Las medidas han resultado muy débiles”, dijo y aseguró que la Constitución, el Código Ambiental y la Ley Minera disponen “medidas eficaces” para “inhabilitar estos instrumentos”. La acción también fue justificada el lunes por el ministro de Defensa, Javier Ponce.
Arellano explicó ayer a varios medios de comunicación que la operación se realizó en cumplimiento a medidas cautelares dispuestas por Juan Carlos Hernández, juez 22º de Garantías Penales de Pichincha.
Godoy y la prefecta de la provincia, Lucía Sosa censuraron el alto grado de contaminación causado por la minería ilegal, pero cuestionaron el operativo, mientras que el jurista Joffre Campaña calificó de ilegal e inconstitucional la destrucción de la maquinaria decomisada.
“En menos de 24 horas llegan de manera violenta al norte de Esmeraldas, donde vive gente humilde y trabajadora, sembrando el terror (...) Está bien, hay que incautar la maquinaria y meterlos presos por incumplir con los permisos, pero no que se venga a intimidar y aterrorizar al pueblo”, dijo Sosa.
Mientras, en declaraciones a Ecuavisa, Campaña calificó el operativo de “una manifestación clarísima de abuso del poder, de violación a la Constitución, de violación al Código Penal y de violación a la Ley de Minería, sustentados en un decreto de emergencia”.
Godoy indicó que la Ley Minera estipula multas de hasta el 100% del valor del total de material explotado, pero no señala que hay que destruir y dinamitar las máquinas.
Apuntes: El marco de ley
Decreto
El Decreto Presidencial Nº 783 que declara el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, se basa en los artículos 3, 14, 32, 66 y 73 de la Constitución.
Ley de Minería
El artículo 57 indica que la explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales será sancionado con el decomiso de la maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente.
Código Penal
El artículo 51 establece que las penas no contemplan la destrucción del material decomisado.
Constitución
El artículo 76 señala que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté tipificado como delito, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley, es decir, si no está, no se puede aplicar.
Un herido está asilado en Ibarra, pero ministro dijo que ya salió de hospital
IBARRA-ELOY ALFARODavid Cortez, de 32 años, quien resultó con una fractura por una herida de bala en la pierna izquierda, luego del operativo realizado por las Fuerzas Armadas en las zonas mineras de Esmeraldas, iba a ser intervenido quirúrgicamente ayer en el hospital San Vicente de Paúl de Ibarra (Imbabura). No obstante, hasta el cierre de esta edición espera ser operado en el área de traumatología.
Cortez, quien llegó el pasado domingo a esta casa de salud, es originario de la comunidad San Francisco (Esmeraldas) y refiere que hace tres meses se involucró en la minería. “Me llegó un disparo de fusil y ahora estoy en estas condiciones. A Dios gracias estoy estable”, dijo. El Ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, dijo ayer que Cortez ya había recibido el alta médica.
En tanto, en Selva Alegre, en el cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas) desde el sábado pasado unas 400 personas dedicadas a la minería suspendieron sus actividades luego del operativo que destruyó decenas de maquinarias. Ahora su preocupación es el pago del alquiler de las máquinas. Mérice Caicedo, presidente de la Asociación de Mineros, de la comuna, dice que el arriendo les costaba $ 40 la hora y cada equipo lo alquilaban por 18 horas.
Cortez, quien llegó el pasado domingo a esta casa de salud, es originario de la comunidad San Francisco (Esmeraldas) y refiere que hace tres meses se involucró en la minería. “Me llegó un disparo de fusil y ahora estoy en estas condiciones. A Dios gracias estoy estable”, dijo. El Ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, dijo ayer que Cortez ya había recibido el alta médica.
En tanto, en Selva Alegre, en el cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas) desde el sábado pasado unas 400 personas dedicadas a la minería suspendieron sus actividades luego del operativo que destruyó decenas de maquinarias. Ahora su preocupación es el pago del alquiler de las máquinas. Mérice Caicedo, presidente de la Asociación de Mineros, de la comuna, dice que el arriendo les costaba $ 40 la hora y cada equipo lo alquilaban por 18 horas.
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