Los incidentes suscitados durante la llegada del presidente Rafael Correa a La Concordia, el pasado 19 de julio, agravados por la explosión de una bomba lacrimógena en el recinto ferial, dejan una estela de indagaciones fiscales, órdenes de prisión, juicios, destituciones y procesos administrativos contra 29 personas. El último involucrado es el periodista Juan Alcívar, corresponsal del diario La Hora en esa población, para quien el juez de Quinindé, Kléver Samaniego, emitió boleta de captura el pasado viernes, luego de que dos empleados municipales lo acusaran de haber lanzado la bomba lacrimógena en el mitin del presidente Correa.
Los involucrados se identifican con la causa esmeraldeña de oponerse a la consulta planteada por el Mandatario, para que la población decida si La Concordia sigue perteneciendo a Esmeraldas o pasa a Santo Domingo de los Tsáchilas.
Alcívar, desde la clandestinidad, dijo: “Están tratando de darle un giro político a esto; yo no soy político, soy un comunicador que ese día cumplía con mi trabajo”. Directivos del diario La Hora anunciaron que el jueves se pronunciarán.
Entre los procesos están el iniciado contra la presidenta del Comité Cívico y prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, por presunto atentado contra la seguridad interna del país. Aún está en etapa de investigación. Sosa aseguró que se trata de un acto de intimidación auspiciado por el propio Correa.
“Aún no me han llamado a ninguna audiencia para formularme cargos, mis abogados y yo estamos pendientes; sabemos que se trata de un plan premeditado para intimidarme pero no lo van a lograr”, dijo.
Asimismo, 17 rectores de colegios enfrentan un sumario administrativo por supuestamente permitir que los estudiantes participen en una marcha en Esmeraldas contra la consulta. Correa pidió al Ministerio de Educación se los sancione ya que, según él, a los estudiantes se los utilizó.
Hernán Chila, rector del Instituto Técnico Luis Tello, afirmó que pese a que se hace una “cacería de brujas”, no se los va a poder sancionar porque sencillamente ellos no han cometido ninguna infracción.
Tres magistrados de la Sala Única de la Corte de Esmeraldas también han sido sancionados. Víctor Guilcapi, Joel Arias e Iván Guerrero fueron suspendidos por 90 días, por haber otorgado, supuestamente de forma ilegal, un hábeas corpus en favor de cinco de los seis detenidos en la protesta.
Por pedir el hábeas corpus, en cambio, Omar Mina Quintero fue separado del cargo de Defensor del Pueblo que ejerció por cinco años. “Lo que sí me llama la atención es que el Defensor del Pueblo (Fernando Gutiérrez) me defendió con argumentos sólidos en su comparecencia a la Asamblea para luego, al día siguiente removerme de mis funciones”, señaló.
Los detenidos en los incidentes, entre ellos la concejala Rosaura Bastidas, comparecen cada semana ante el juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, Kléver Samaniego, porque así lo dispusieron los jueces que reemplazaron la prisión por una medida cautelar.
Los procesados y/o sancionados
DEFENSOR DEL PUEBLO
Omar Mina
Removido del cargo el martes de la semana pasada. La razón: porque auspició el hábeas corpus que dejó libres a cinco detenidos.
LA PREFECTA
Lucía Sosa (MPD)
La Fiscalía de Pichincha abrió una indagación previa en su contra por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado.
SUMARIOS A RECTORES
Hernán Chila
El rector del Instituto Técnico Eloy Alfaro y otros 16 colegas, con sumarios administrativos, porque alumnos marcharon en Esmeraldas.
Jueces suspendidos
Joel Arias, Iván Guerrero y Víctor Guilcapi
Integrantes de la Sala Única de la Corte de Esmeraldas que concedieron hábeas corpus en favor de cinco de los seis detenidos (uno menor de edad), en los incidentes de La Concordia. Ellos están suspendidos por 90 días.
LOS DETENIDOS EL DÍA DE LOS INCIDENTES
Un menor de edad, Carlos Alcívar, Carlos Santana, Wilder Casanova y Byron Rojas
Detenidos la noche de los incidentes en La Concordia, junto a la concejala de ese cantón Rosaura Batidas. Los adultos recuperaron su libertad con un hábeas corpus y deben presentarse cada semana ante el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, pues se les sustituyó la prisión preventiva. El menor, procesado por un juez de la niñez y la familia, también está libre.
LA CONCEJALA
Rosaura Bastidas (MPD)
Fue detenida luego de los incidentes registrados el 19 de julio pasado en La Concordia. Salió libre por un recurso de hábeas corpus.
ACUSADO
Juan Alcívar
Tiene orden de prisión tras ser acusado de lanzar la bomba lacrimógena en el mitin del presidente Correa.
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