FUNDAMEDIOS
Quito, Ecuador agosto 27 del 2010.
Fundamedios, organización de la sociedad civil que tiene como misión el apoyo al desarrollo de medios de comunicación y la defensa de la libertad de expresión en el país, manifiesta su profunda preocupación por el nivel ascendente de autocensura y amenazas indirectas que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión.
El viernes 27 de agosto de 2010, Jorge Ortiz periodista de la cadena televisiva Teleamazonas se despidió formalmente de los televidentes, luego de que hace un mes, exactamente el 23 de julio, saliera del aire su programa "La Hora de Jorge Ortiz", espacio de entrevistas y opinión.
Ortiz en su despedida explicó que por disposición de la Constitución del 2008, el canal de televisión dónde trabajaba tiene que ser vendido y para el traspaso de la frecuencia el Gobierno tiene que autorizar la venta del canal. "Me parece evidente, por la insistencia y la acidez de los ataques del gobierno en mi contra que yo podría ser un obstáculo para que el gobierno autorice esa venta cuando llegue el momento".
Jorge Ortiz desde su programa se caracterizó por su posición frente a distintos gobiernos y en especial frente al actual. Muchas veces, sus críticas podían ser cuestionadas como poco sustentadas o demasiado virulentas. Sin embargo, vale la pena mencionar que las opiniones de este tipo son parte sustancial del debate democrático y están protegidas por los estándares y principios relacionados a la libertad de expresión que constan en los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador y que nos recuerdan que un estado tiene el deber de proteger las opiniones, no de estigmatizarlas.
Con el caso del periodista Jorge Ortiz, estamos ante un evidente caso de autocensura, en el cual una voz crítica prefiere silenciarse porque de lo contrario considera que pone en riesgo los puestos de trabajo de cientos de personas que laboran en un canal de TV.
A muchos no podía gustar el estilo de Jorge Ortiz, y su discurso podía ser acusado de irritante y chocante. Sin embargo, su presencia marca o marcaba la necesaria pluralidad que debe haber en los medios de comunicación en una democracia. Actualmente, la mitad de la pantalla ya es estatal: Gama TV, TC Televisión, Ecuador TV, en tanto que los espacios de opinión crítica en los medios privados se han reducido a su mínima expresión.
Hace algunas semanas RTS sacó del aire, de forma nunca explicada del todo, el espacio de entrevistas que conducía la periodista Luisa Delgadillo. Esto sucedió de forma coincidencial, después de una entrevista al asambleísta de oposición Galo Lara. Así mismo, conocemos que el periodista Jean Peaul Bardelline ha recibido amenazas y presiones después de una serie de excelentes reportajes sobre la explotación petrolera al borde del Yasuní.
También, vemos la reciente salida del periodista Fausto Valdiviezo, de TC Televisión (en manos del Estado desde su incautación, el pasado 08 de julio 2008.) El comunicador informó a Fundamedios que su salida del canal se debió a su postura en contra de la venta de las acciones del canal a sus empleados. Además Valdiviezo informó que desde la llegada del actual administrador del canal, Carlos Coello, fue retirado como presentador de noticias para mantenerlo como reportero. Indicó, además, que no le permitían realizar coberturas en vivo. Otra de las razones para la salida del comunicador del canal fue, según Valdiviezo, las críticas que habría recibido por del primer mandatario, Rafael Correa, acerca de su permanencia en el canal.
En definitiva, vemos con preocupación como las voces disidentes o críticas se van extinguiendo. Lo cual es extremadamente grave para una democracia."
La autocensura que varios periodistas enfrentan, no solo afecta a un medio de comunicación sino a toda una sociedad que vive en un sistema democrático y que tiene derecho a informarse y ser informado por el medio que elija. En Fundamedios, queremos recoger las profundas inquietudes de los trabajadores de la prensa, compañeros periodistas que cada día deben salir a las calles para tratar de conseguir información y cumplir honestamente la digna y honrosa función social que tiene el periodismo.
Sin embargo, esa función está cada vez bajo mayores amenazas. Hasta el momento llevamos contabilizadas 191 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. En el informe anual del 2009, la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA exhortó a las autoridades para que "promuevan una cultura de respecto por el pensamiento diverso y se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social".
Así también la CIDH ha señalado con toda claridad que es deber de los Estados: "Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión. En particular, el Estado debe crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, agredidos o sancionados por ello."
En las investigaciones que FUNDAMEDIOS recogió en el libro "La palabra rota", se revela como los periodistas sienten presiones. Cuatro de cada diez de ellos señalan que han dejado de publicar notas de interés público por presiones de algún tipo. En tanto, el 12% declara que la autocensura es el principal problema de libertad de expresión en el país.
Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha mostrado alguna preocupación o interés por una situación que cada día se torna más grave, aunque Fundamedios ya escrito a las más altas autoridades del Estado pidiendo que se tomen las medidas de protección a las cuales están obligadas, sin obtener respuesta favorable.
Citamos nuevamente el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA 2009, apartado dedicado al Ecuador, dónde se dice:
"Finalmente, los funcionarios públicos, en tanto "garante[s] de los derechos fundamentales de las personas", no pueden "llegar a desconocer dichos derechos" a través de sus declaraciones. Los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades estatales, deben tomar en cuenta que las personas que trabajan para determinados medios de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se ven enfrentados, si son objeto de discursos oficiales estigmatizantes.
Sobre este último punto la Relatoría indica que, como lo ha señalado la CIDH, el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía de la libertad de expresión, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual los periodistas se encuentran expuestos."
Por todas estas razones, desde Fundamedios expresamos nuestra profunda preocupación por los procesos de autocensura y censura indirecta que vienen afectando cada vez con mayor fuerza a los periodistas ecuatorianos. Creemos que es hora de que el Estado garantice de forma nítida el trabajo periodístico y cese el discurso estigmatizante cuya consecuencia es el miedo a retaliaciones y finalmente el silenciamiento de los sectores más críticos de la sociedad.
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