Policía desaloja zona invadida de Tongorachí

DIARIO HOY

Con machete en mano y gritos de protesta, los pobladores de Tongorachí, al sur de la provincia de Esmeraldas, intentaron evitar el desalojo en las 46 hectáreas de una propiedad privada que se tomaron desde octubre pasado.

Cerca del mediodía de ayer, 37 policías al mando del Intendente Cesar Cortez, arribaron al poblado y de inmediato procedieron a destruir siete construcciones de caña ubicadas cerca a la playa.

La gente reaccionó y pidió el documento de desalojo al Intendente Cortez, quien dijo que era disposición del gobernador Lenín Lara. "Esta medida obedece a que ustedes están en una propiedad que aún sigue en litigio y las autoridades determinaran quiénes son los verdaderos propietarios", indicó a los presentes.

Las expresiones de Cortez generaron insultos y forcejeos de los pobladores, lo que obligó a los gendarmes a utilizar gases lacrimógenos y el decomiso de machetes y herramientas.

Elena Ramírez, quien se encontraba defendiendo su terreno, sufrió un golpe al evitar que su hijo fuera detenido, mientras otros resultaron con afecciones respiratorias por los gases. El desalojo no tomó más de una hora y luego los policías con el intendente retornaron en cuatro camionetas hasta Estero de Plátano, en donde dejaron el bus de la Policía Nacional, por seguridad.

Luego del operativo, la gente regresó a tomar posesión de las casas destruidas y advirtieron con pedir la salida de los guardianes que cuidan estos terrenos, entre ellos de una finca destinada para la protección del bosque de Tongorachí. Incluso, a los turistas o personas extrañas que ingresan a la playa les preguntan los motivos para pasar por este lugar, como ocurrió ayer a un grupo de surfistas de la Sierra. "Lo hacemos por seguridad de nuestra gente, para que defendemos ancestralmente estas tierras", indicó uno de los dirigentes de la invasión, Fabíán Gallo.

Mientras, otro grupo de pobladores se dirigió a Esmeraldas para iniciar la defensa legal y presentar también en la Fiscalía, una denuncia por el desalojo que consideran "abuso de autoridad" y pedir la suspensión de la indagación previa a cinco sindicados como cabecillas de la toma de estas tierras.

Inés García, una de las sindicadas, sostuvo que desde hace tres años reclaman cinco hectáreas, pero como no tuvieron repuesta ahora exigen la devolución de las 46 hectáreas en disputa. (LFA)