El desalojo ocurre el jueves 20 de enero. Militares, policías y maquinaria acabaron con el asentamiento localizado en una zona boscosa, dos horas adentro de Quinindé. Allí, 300 personas se habían posesionado hace siete meses en una propiedad de 421,6 hectáreas de la maderera Plywood Ecuatoriana, por el llamado de Bertha Córdova Moreno y Francisco Burgos Solórzano, quienes se habían tomado las tierras hace dos años.
El 24 de enero, un centenar de personas regresa al lugar. Ellos reprochan la actitud policial y dicen que defenderán esas tierras porque ellos son pobres, porque desean trabajarlas, porque allí tienen cultivos. En el acceso hay al menos una decena de motocicletas parqueadas, de propiedad de los que reclaman. Hay también cuatro carros.
Ruth Cueva muestra un amparo posesorio otorgado por el juez segundo civil de Quinindé, Aníbal Estupiñán Echeverría, en favor de su madre, Bertha Córdova, y de Francisco Burgos. El dictamen se había dado el 14 de enero del 2011, una semana antes del operativo. “Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de las leyes y la Constitución de la República, por haberse demostrado tener derecho a ello, se concede el amparo posesorio demandado...”, cita la sentencia, que argumenta que delegados de Plywood no acudieron al llamado del juez.
Pero la decisión judicial no influyó y se vino el desalojo, que el gobernador de Esmeraldas, Lenín Lara, lo califica como “parte de la política gubernamental de cero tolerancia a las invasiones”. Lara aclara que no ha recibido ninguna disposición superior, pero que está “atendiendo el pedido del presidente de la República, Rafael Correa”.
Lo que sucede en Esmeraldas es una réplica de lo que pasa en Guayaquil y que se ha extendido además a El Oro, Manabí, Pichincha, Santa Elena y en menor escala a Los Ríos. En las últimas tres semanas los gobernadores e intendentes han dispuesto más de una decena de operativos y han expulsado al menos a 2.500 familias consideradas invasoras, muchas de las cuales se han asentado en los tres últimos años.
El Ministerio del Interior no se pronuncia sobre una disposición específica en cuanto a desalojos. Pero así como hubo una fiebre de invasiones desde hace unos tres años, hoy se intensifican los operativos para expulsar a los posesionarios.
En la mayoría de los casos las familias asentadas se han dejado llevar por promesas de dirigentes, algunos de ellos identificados con el Gobierno. Tres alcaldes del movimiento oficialista PAIS también se han visto involucrados. En Arenillas (El Oro) y La Libertad (Santa Elena) las invasiones llevaban el nombre de los alcaldes locales.
En Esmeraldas, quien ejecuta los operativos es la Intendencia. Un informe del organismo indica que han recibido 105 solicitudes de desalojo. De ellas, a 40 se ha dado trámite y procedido a la expulsión, pero aclara que por lo menos el 40% de las denuncias son desestimadas.
El 14 de enero, un desalojo que incluyó la destrucción de viviendas de 30 familias se efectuó también en el sur de esta provincia, en la comunidad ancestral Tongorachí, del cantón Muisne, por disposición de la Intendencia. A esas familias se las acusa además de ocasionar daños ambientales a la reserva marina Galera-San Francisco. Pero ellos aseguran ser los legítimos propietarios de las 46 hectáreas en disputa. Y, más bien, denuncian que un grupo se hizo adjudicar los terrenos donde hasta el 2008 se asentaba el poblado, que fue reubicado por los oleajes del fenómeno El Niño.
Magdalena Chavarría, ex jefa política de Muisne y líder de varias comunidades campesinas, dice que mientras ejercía sus labores recibió la denuncia de los habitantes de Tongorachí, de que personas extrañas habían colocado cerramientos de alambres de púas en sus tierras y no les permitían el paso a los pescadores hacia la playa.
Chavarría señala que en el INDA, en Quito, Sixto Calixto Arrunateguí Meza, ciudadano manabita, se hizo adjudicar el 19 de abril del 2001 las 46 hectáreas, incluyendo el sitio donde se asentaba Tongorachí. Con documentos señala que el 8 de mayo de ese año, el adjudicatario vende 23 hectáreas a Hernán Yépez Pazmiño, por $ 500, y las otras 23 a Antonio Carrasco Toral, por el mismo valor. Estas tierras luego fueron vendidas a otras personas, entre ellos César Mantilla Ánderson, Carlos Ponce, Inés Echavarría, Manuel Pallares y Ricardo Guzmán.
En la provincia de El Oro, la toma de tierras ajenas se incrementó durante el año pasado. Hay 240 denuncias por ocupación ilegal de predios privados y municipales. Un informe de la Intendencia de Policía de El Oro señala que el 75% de propiedades invadidas están ubicadas en barrios suburbanos de Machala, y el resto en los cantones de Pasaje, Huaquillas y Arenillas.
“Desde octubre (2010), la Gobernación nos autorizó para realizar los trámites de desalojos”, afirma el intendente de Policía de El Oro, Édgar Ordóñez. En la Fiscalía se ventilan decenas de procesos. “De acuerdo a las denuncias, la gente entrega dinero y piensa que ya ha comprado el terreno, es un engaño”, cita el fiscal de Arenillas, Wilson Merino. En su oficina existen denuncias por estafa y tráfico de tierras, y así se han abierto indagaciones e instrucciones fiscales. Solo en este cantón se investiga a siete personas.
En este cantón y en Huaquillas, los desalojos dejan ya tres detenidos. La primera es Hilda Chica Zambrano, acusada por la venta de solares en un predio invadido en Arenillas y que ya fue desalojado. El terreno, de propiedad privada, está en El Barbasco, a un costado de la vía Arenillas-Huaquillas. Allí, los invasores conformaron una cooperativa de vivienda que llevaba el nombre del alcalde de Arenillas, Franklin Jiménez. “Él nos ofreció ayudar a legalizar este terreno”, señala Patricio Valarezo, uno de los 200 jefes de familia desalojados a inicios de enero. El fiscal Merino ratifica que varias personas señalaron al alcalde, pero no lo denunciaron.
“No tengo nada que ver con invasiones”, responde el alcalde Jiménez. Sobre la cooperativa con su nombre, refiere: “Ellos han tomado mi nombre porque soy el alcalde del cantón, pero deslindo responsabilidades, no he apoyado ni les apoyaré”.
Otro detenido es Segundo Lorenzo Sánchez Sánchez. Los afectados denunciaron haberle pagado por la venta de terrenos en la Reserva Ecológica Militar del cantón Arenillas. El miércoles 26, la Policía detuvo a Fanny Judith Rodríguez Cueva, consuegra del alcalde de Huaquillas, Manuel Aguirre, quien llegó a la Alcaldía por PAIS (antes era del PSC). Los denunciantes señalan que ella dirigía las ciudadelas Los Ángeles y Guayacanes, donde unas 500 familias fueron desalojadas la semana pasada.
Una denuncia cita que la mujer cobraba hasta $ 100 por unos certificados de arrendamiento que emitía el Municipio de Huaquillas. El esposo de la detenida, Juan Carrión, indica que “esto es algo político”. Aguirre asegura que desconocía de los documentos. “La Municipalidad no ha apoyado ningún tipo de invasiones, solo se han entregado planes de vivienda del Gobierno”, manifiesta.
En Machala, el martes 25 se desaloja a unas mil familias del predio La Kattia. Las familias expulsadas se lamentan por haber confiado en sus vecinos. “Nos dijeron que invadamos estos terrenos para que nos den el bono”, refiere Martha Ortiz, madre de dos hijos menores y quien construyó una casa de caña con una inversión de $ 200. El intendente Ordóñez anuncia que quedan pendientes al menos otros seis desalojos.
El miércoles 26 de enero, en La Libertad, provincia de Santa Elena, también se expulsa a más de un centenar de familias. Uno de estos asentamientos ilegales se denominaba ciudadela Marco Chango, nombre del alcalde cantonal y militante de PAIS, quien pese a la insistencia de este Diario no ha querido pronunciarse sobre el caso.
Al día siguiente, Mariana Carrera no ha comido desde la noche del martes y no sabe a dónde ir con sus hijos, luego del desalojo. Allí, José Izurieta reclama que el alcalde de La Libertad cumpla la oferta de reubicarlos. Explica que en junio del 2009 se tomaron el área y la adecuaron para el asentamiento de decenas de familias. El intendente de Policía, Manuel Bazán, señala que en esta provincia ha habido cinco operativos de desalojo.
El jueves 27 le toca el turno de desalojo a una invasión de Los Arenales, en Crucita (Manabí). Jaime González, intendente de Policía de esa provincia, repite lo que dicen sus similares de otras provincias, de que la acción “forma parte de la política del Gobierno de cero tolerancia a las invasiones”.
En el sur de Quito, el lunes 24, la Policía también desbarata un asentamiento en terrenos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iniap). La intendenta de Policía de Pichincha, Guadalupe Quispe, dice que en el caso de las invasiones actúa con base en disposiciones de los juzgados de lo Civil y Penal, y de la Subsecretaría de Tierras.
En Los Ríos no hay grandes operativos, pero el gobernador Jesús Narváez dice: “Hemos hecho controles y advertencias de cero tolerancia a las invasiones, y la Policía está instruida para actuar en estos casos”. Un eco que se repite en todo el país.
2.000
Familias
Ese número de desalojados existe hasta el momento en seis provincias del país, a excepción de Guayaquil, donde se iniciaron los operativos.
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