Cootad: debate por fondos

DIARIO HOY

Varias lecturas tienen las modificaciones a la fórmula de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), incorporada en el veto presidencial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).

La polémica surge ante la posibilidad de que esa nueva relación pueda afectar a ciudades grandes y pequeñas. El veto señala que es importante reconocer la eficiencia en la prestación de servicios de los GAD, por lo cual, se establece 5% al criterio constitucional de Logros en mejoramiento en niveles de vida. Contrario al concepto de la Asamblea, que no le dio valor.

El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, ubicó un trasfondo político en esa parte del veto pues, a su juicio, es solamente una respuesta política al resto del país frente a la negativa de aplicar las loterías para que los municipios se puedan financiar.

Si bien, Quishpe dijo que ese 5% podría mejorar de alguna manera en términos matemáticos los ingresos de los GAD, no es muy optimista en que los ingresos vayan a mejorar al poner 5% para alguno de los indicadores de la fórmula. Para el prefecto, deberían también tomarse en cuenta cuestiones ambientales, ya que no es igual, por ejemplo, el mantenimiento de una vía en la Sierra y una en la Amazonía.

Otros prefectos de provincias pequeñas como Cañar y Chimborazo han aplaudido el cambio y lo han definido como un reconocimiento justo.

María Paula Romo (AP) señaló que "a ningún municipio del país se le disminuirá un solo centavo" y que, con la aplicación del nuevo cuerpo legal, las ciudades grandes no recibirán mayores recursos que las pequeñas.

Para Andrés Roche (MG), existe inconformidad, porque la "distorsión" de la fórmula se agrava cuando, para determinar las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se considera su elevación al cuadrado, lo cual agudiza la inequidad y el perjuicio. Destacó que la fórmula propuesta señala que el 10% de la asignación de recursos se calculará en función de la población desconociendo que la población no es un criterio de cálculo, sino que son las personas a las que hay que atender. (LB)


'Ahora, se toma en cuenta a los cabildos pequeños'

Entrevista

Ernesto Estupiñán, alcalde de Esmeraldas. Es militante del partido Movimiento Popular Democrático (MPD). Fue diputado por la provincia de Esmeraldas por ese mismo grupo político

¿Está de acuerdo con la aplicación del factor NBI para calcular rentas que entregará el Gobierno central?
Hay algunos aspectos que resaltar de la Ley del Cootad, como la distribución del presupuesto municipal. Ahora, se toma en cuenta a los cabildos pequeños y se reflejará de acuerdo al número de habitantes de cada cantón.

¿No hay riesgo de que se produzca una diferenciación de habitantes con la nueva forma de repartir las rentas?
Demandamos sincerar el presupuesto municipal. A los cabildos, ahora, nos corresponde una distribución del 21%, pero no deben tomarse en cuenta los subsidios de los combustibles, que restarían las rentas. Queremos que se descentralicen competencias y recursos.

Con el nuevo esquema, ¿se reduce el peso de la población y se incentivan inequidades en grandes y medianas ciudades?
En el caso de Esmeraldas, somos unos 200 mil habitantes y recibimos $13 millones anuales. De esto, 39,29% es para gasto corriente y 48,35%, para inversión. Para la obra pública, invertimos recursos del Municipio y en convenio con otras instituciones.

La fórmula del Cootad ¿da incidencia cero al rubro Logros en los niveles de vida?
No creo, porque se plantea que los habitantes financien obras para sus barrios. Exigimos el presupuesto igualitario según el número de habitantes en cada cantón.

Una vez que los gobiernos locales cubran las NBI, ¿cómo cubrir alcantarillado, agua potable y pavimento?
Desde mi administración, hemos atendido con 70% del alcantarillado en los barrios del sur, 80% en los barrios de la ribera, pero nos falta construir siete colectores y la planta de tratamiento, que valen $15 millones.

Deberíamos cobrar a la Eapasa $25 millones por el alcantarillado construido. Esmeraldas, Río Verde y Atacames no administran el agua y el alcantarillado porque la empresa estatal no entrega esas competencias. (LFA)