EL UNIVERSO
En los últimos tres años la voz crítica de comunicadores ha sentido el peso del poder, representado por autoridades locales, fiscales, gubernamentales, organismos de control u otros.
Ese peso, en mayor o menor grado, ha provocado: renuncias de profesionales vinculados a medios de comunicación, procesos legales en su contra o la suspensión de programas.
Fundamedios, organización que aboga por la libertad de expresión en el país, registra a través de su Red de Monitoreo 191 alertas de amenazas a la libertad de prensa entre marzo del 2008 y agosto de este año. Es decir, en lo que va del 2010 se han presentado 88 alertas más, pues hasta el 2009 la organización contabilizó 103.
Por eso está preocupada y advierte que las voces disidentes o críticas se están extinguiendo, “lo cual es extremadamente grave para una democracia”.
Así se pronunció mediante boletín el pasado 27 de agosto, cuando el periodista Jorge Ortiz renunció a Teleamazonas, donde trabajó nueve años.
Ortiz, con más de tres décadas en el oficio, explicó a los televidentes que se retiraba para no ser un “obstáculo” del Gobierno en el proceso de venta de las acciones del canal, que deberá concluir el próximo mes según la Constitución.
Y aunque aclaró que se iba por voluntad propia, dejó entrever que la abierta confrontación que el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo con él, incidió en su dimisión. Por ello anticipó que regresaría a la pantalla cuando se pueda “discrepar, disentir y cuestionar sin ser víctimas de insultos, ofensas, amenazas y persecuciones como ocurre actualmente”.
Para Fundamedios este es un claro ejemplo de autocensura. El analista y subdirector del diario Expreso, Jorge Vivanco, añade los casos de Carlos Vera y Julio Ayala Serra. El primero responsabilizó al régimen de Correa de la polémica que derivó en su salida de Ecuavisa, y el segundo denunció que “por acciones del Gobierno” tuvo que abandonar un programa en radio Atalaya de Guayaquil.
Para Vivanco estos tres casos no solo representan autocensura sino que evidencian una nueva forma de presión del poder: castigar a las empresas –en este caso, medios de comunicación– para conseguir la salida de los periodistas que critican. “Ellos se hacen a un lado en homenaje al bienestar de las empresas, pero sacrifican un principio de independencia del periodista frente al poder”.
El analista sostiene que antes de Correa, los estamentos del poder atacaban directamente al reportero y no a los medios.
Pero según Eric Samson, coordinador de la carrera de periodismo multimedios de la Universidad San Francisco de Quito, “el fenómeno nefasto de la autocensura” no empezó con este Gobierno sino que surge por la estructura de algunos medios que no entienden que el servicio que brindan debe responder a la comunidad y no a sus propios intereses.
Este francés, que reside en el país desde hace 22 años y es corresponsal para Reporteros Sin Fronteras (RSF), reconoce que en los últimos tres años la problemática se ha agravado. Esto, dice, debido a la “virulencia y agresividad verbal con la cual el Presidente trata a los periodistas”, lo cual genera miedo y autocensura, asegura Samson.
Fundamedios reporta que el principal agresor de la libertad de prensa se ubica dentro de la categoría ‘funcionario público’, y que allí, el segundo lugar lo ocupa la autoridad representada por el Presidente.
Por eso reitera su preocupación por el silencio de ciertos reporteros críticos, pues “su presencia marca la necesaria pluralidad que debe haber en los medios de comunicación en una democracia”.
Luisa Delgadillo, periodista del canal RTS, asegura que el Gobierno no ejerce presiones y cita su caso de ejemplo. Ella se ausentó por tres meses para tomar vacaciones, tiempo en el cual el espacio de entrevistas que conducía quedó fuera del aire y el set fue sometido a una reestructuración.
De esta forma ella busca aclarar a Fundamedios, que la refirió como otro episodio de autocensura, registrado después de una entrevista al asambleísta Galo Lara (SP).
Ella, al igual que periodistas de medios incautados, han sido invitados a conversatorios con el presidente Correa.
Comunicadores que han afrontado impasses con el poder
Tulio Muñoz, periodista
Caso: Juicio en su contra
Poder: Dirigente manabita de PAIS, partido de Gobierno.
Proceso toma cuatro años
En el 2006 el presidente de PAIS en Manabí, Trajano Andrade, demanda al director de Televisión manabita y radio Marejada, Tulio Muñoz, por supuestas injurias. En marzo del 2010 el juez dispone el pago de 400.000 dólares al también ex asambleísta.
Diario La Hora
Caso: Juicio contra medio
Poder: Presidente de la República, Rafael Correa.
Se ‘atenta’ a la majestad
El Mandatario enjuicia al diario porque el titular de un editorial del 9 de marzo del 2007 tenía injurias contra “la majestad del poder”. Además, pide prisión contra el director del medio, Francisco Vivanco. El juez archiva la causa por no hallar lesión a la honra.
Buenos Muchachos
Caso: Supresión de programa
Poder: Coadministrador del canal Gamatv
Veto a la sátira política
Sin previo aviso el programa –de sátira política– no sale al aire el 24 de noviembre del 2008. El director del espacio, Francisco Pinoargotti, acusa al coadministrador del canal (incautado por la estatal AGD), Carlos Alvarado, de coartar su libertad.
Carlos Vera, presentador
Caso: Renuncia de Ecuavisa
Poder: Gobierno de Rafael Correa
Réplica derivó en renuncia
El 19 de abril del 2009 Carlos Vera renuncia luego de que los directivos del canal le suspendieran un programa. Ellos explicaron que fue porque él no dio espacio a una réplica oficialista. Vera endilgó al Gobierno la polémica que terminó en su salida.
Laura de todos
Caso: Supresión de programa
Poder: Mandatario Rafael Correa
Peruana sin su ‘talk show’
Luego de que en un enlace sabatino el Presidente pide su salida del aire, el espacio dirigido por la peruana Laura Bozzo es suprimido de TC, canal incautado por la estatal AGD. A fines de agosto del 2009 Correa califica al talk show de “porquería”.
Espacios en CN3
Caso: Supresión de programas
Poder: Administración de canal incautado por la AGD
Contenido incomoda
El 10 de septiembre del 2009 se suspenden dos espacios de CN3, incautado por la estatal AGD: ‘Foro Petrolero’, conducido por Jorge Pareja Cucalón, y ‘Bajo la lupa’, por Joyce de Ginatta (foto). Ellos creen que el contenido deja de gustar al nuevo administrador.
Emilio Palacio, articulista
Caso: Juicio en su contra
Poder: Corporación Financiera Nacional (CFN)
Acusación de injurias
El titular de la CFN, Camilo Samán, demanda al periodista en octubre del 2009 por supuestas injurias en su nota de opinión ‘Camilo, el matón’. Esta tuvo de base un reportaje de este Diario que citó cifras de la CFN. En junio del 2010 Samán desiste de la querella.
Teleamazonas
Caso: Suspensión de señal
Poder: Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
Sanciones contra canal
El ente suspende por tres días la señal del canal a partir del 22 de diciembre del 2009, al acusarlo de reincidir en la difusión de noticias basadas en supuestos. En el mes de junio dispuso que el programa de caricaturas ‘Los Simpson’ cambie de horario.
Radio Arutam
Caso: Retiro de la frecuencia
Poder: Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
Fin a radio por protestar
En diciembre del 2009 el Conatel termina la concesión de la frecuencia de la emisora por incitar a la violencia y al paro durante las protestas contra la Ley de Aguas. El director José Acacho acusa al régimen de callar a los shuar. Luego se levantó sanción.
Articulistas
Caso: Censura a las opiniones
Poder: El Telégrafo (acciones las posee el Estado)
Se denuncia censura
En abril pasado 21 articulistas desisten de escribir para el diario en rechazo a los “actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa”. Esto, por el despido del director Rubén Montoya y la renuncia de Carol Murillo (foto).
Sybel Ontaneda, periodista
Caso: Juicio en su contra
Poder: Alcalde de Espíndola (Loja), Álvaro Antonio García
Opinión provoca juicio
El editorialista de diario La Hora es enjuiciado el 4 de abril de este año por el alcalde del cantón Espíndola, por presuntas injurias en la nota titulada ‘Bono municipal’. Finalmente, la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Loja archiva el caso.
Juan Alcívar, periodista
Caso: Orden de prisión
Poder: Alcalde de La Concordia, Walter Ocampo
Periodista teme cárcel
Desde el pasado 20 de agosto el corresponsal de diario La Hora en La Concordia (Esmeraldas) se mantiene clandestino, pues se lo acusa de haber lanzado una bomba en un acto al que asistió el Mandatario. Alcívar atribuye la acción judicial al Alcalde.
Fausto Valdiviezo
Caso: Renuncia de periodista
Poder: Administración de TC, canal en poder del Estado
Presidente pide su salida
A mediados del mes pasado el periodista abandona el canal donde trabajó nueve años y medio. En un enlace de julio, el Mandatario había pedido la salida del “enanito agitador”. Él niega haber interferido en el proceso de venta y cree que sus críticas incomodaron.
Jorge Ortiz, presentador
Caso: Renuncia de periodista
Poder: Gobierno de Rafael Correa
“Doy un paso al costado”
Teleamazonas pierde a su principal entrevistador, quien justifica su retiro para no ser un “obstáculo” del régimen en el proceso de venta de las acciones de la estación. El presidente Rafael Correa ha calificado a Ortiz con epítetos como “tipejo” y “pitufito”.
Julio Ayala Serra
Caso: Renuncia radiodifusor
Poder: Régimen de Rafael Correa
Dimisión en bien de radio
El comunicador anuncia el pasado 31 de agosto su salida del programa matinal de entrevistas ‘Punto de vista’ de radio Atalaya. Denuncia que su decisión obedece a “acciones del Gobierno”, que no precisa, y para no perjudicar a la estación.
LA LUCHA POR INFORMAR
DIARIO LA HORA
Están en boga en varios países latinoamericanos varias reformas que, en el fondo, no son sino disculpas jurídicas para callar a la prensa.
Es el surgimiento de un esquema legal establecido a nivel continental “cuyo marco popular y democrático es solo un pretexto para aprobar leyes que buscan debilitar a los medios de comunicación”, como señalara el ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos Calderón.
No le faltó razón. Las leyes aprobadas en Venezuela y un proyecto de ley de medios debatido actualmente en Ecuador, más conocido como ‘Ley Mordaza’ ,marcan la pauta de varios gobiernos, que bajo la excusa de ordenar el espectro radioeléctrico y proteger a ciudadanos de abusos de la prensa, lo que buscan es tener instrumentos judiciales para silenciarla, acompañados de campañas de desprestigio.
Hace varios meses en Venezuela, las operadoras de cable sacaron del aire a cinco canales internacionales, incluyendo al local Radio Caracas Televisión (RCTV), siguiendo órdenes del Gobierno.
“Eso es lo que hay que hacer con el que se niega a cumplir la ley”, dijo al respecto el mandatario Hugo Chávez al defender la medida y sostuvo que “aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retarnos”.
Ahora Globovisión, único canal crítico y principal medio de expresión de la oposición, enfrenta el difícil reto de sobrevivir ante los procesos emprendidos por las autoridades contra dos de sus principales accionistas.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, condenó a nombre de un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, la situación contra los canales y denunció que las acciones “persiguen una hegemonía autocrática” comunicacional, el “aumento de la censura” y dejan sin empleo a miles de personas.
Violencia, censura y elecciones
Pero lo anterior no fue todo. Si bien Caracas es considerada la capital más violenta de América Latina, el Gobierno ha decidido prohibir a los medios de comunicación publicar o reproducir imágenes violentas.
El viernes 20 de agosto el diario El Nacional publicó una fotografía a gran tamaño de una sala de la morgue de Caracas donde se apiñaba un grupo de cadáveres, una imagen cruda que tres días más tarde fue reproducida por el periódico Tal Cual, también muy crítico del presidente Hugo Chávez.
El Ejecutivo calificó la publicación de “pornográfica”. En palabras del Presidente, “hay un manejo politiquero y pornográfico del tema de la violencia y la criminalidad en Venezuela”. A ello, Chávez agregó que el “ tema de la violencia se ha convertido en un factor antirrevolucionario de peso”.
Efectivamente, tan antirrevolucionario se ha convertido que la violencia “amenaza” con ser un arma de doble filo si se contextualiza en el marco de las elecciones legislativas de septiembre próximo.
El 26 de este mes los venezolanos decidirán el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Nacional, hasta ahora en manos, literalmente, de la revolución bolivariana que encabeza y dirige Chávez.
“No es casual que la justicia decrete la prohibición de la difusión de imágenes y fotografías violentas por espacio de un mes, coincidiendo con las elecciones legislativas,” explica Roberto Briceño, presidente de la ONG Observatorio de la Violencia en Venezuela (OVV), “El fallo es una censura previa que se establece a los medios de comunicación,” añade, “En el caso de un periódico como El Nacional se le prohíbe difundir informaciones acerca de violencia de homicidios, inseguridad en general, es decir, que no se puede reportar ningún tipo de evento, asesinato o robo violento que ocurra en el país”.
Acatando el fallo, El Nacional publicó espacios en blanco en las páginas destinadas a las notas de sucesos con la leyenda “censurado”.
Otras amenazas
Sin duda, es preocupante la situación de la libertad de prensa en la región ante la persistencia de los casos de asesinatos de periodistas y de persecuciones legales a los medios.
Para Gonzalo Marroquín, de la SIP, “el presente es aterrador, pero el futuro parece que puede ser peor porque hay tendencias que se replican de un país a otro’’.
“Lo que nosotros percibíamos es una preocupante realidad... el futuro de la libertad de información, de la libertad de prensa en el continente... está inminentemente bajo acoso en muchos países’’, señala.
Y es que en América Latina se están empleando diversas acciones para reprimir a la prensa, que incluyen la violencia contra periodistas, la persecución legal, la aprobación de leyes restrictivas en materia de libertad de expresión; el uso y abuso de concesiones de frecuencias radioeléctricas y la publicidad estatal para premiar y castigar.
Venezuela, Ecuador y Bolivia son ejemplo de Estados que han promovido leyes para restringir la libertad de prensa a lo que se añade la reciente legislación sobre los medios que se aprobó en Argentina y que, por supuesto, va en esa misma línea.
Venezuela es el abanderado y el que ha marcado el camino que otros han seguido con el mismo fin: controlar la información.
El caso argentino
En Argentina, en el último año, el periodismo debió enfrentarse con intensas campañas gubernamentales de descalificación, mediante calumnias difundidas por la televisión y la radio supuestamente estatales. A ese conglomerado mediático se le sumó una acumulación no menor de medios creados recientemente por empresarios enriquecidos durante el kirchnerismo.
Una ley de medios, suspendida en su aplicación por la justicia, concentró en el Gobierno el poder de decisión sobre la radio y la televisión; también ignoró los derechos adquiridos de sus actuales propietarios. Grupos fanáticos del kirchnerismo han sometido a conocidos periodistas a la persecución callejera.
Pero el combate central contra la prensa independiente comenzó el martes 24 de agosto con una durísima ofensiva oficialista contra los dos principales diarios argentinos: La Nación y Clarín. La presidenta Cristina Kirchner usó durante más de una hora la cadena nacional de radio y televisión para contar una historia falaz sobre la adquisición de la empresa Papel Prensa, la principal productora argentina de papel periódico, por parte de aquellos dos diarios. La Mandataria anunció que su Gobierno iniciará una causa judicial contra los rotativos y prometió un proyecto de ley, que enviará al Congreso, para establecer el control político sobre la fabricación de papel.
Ese eventual control les permitiría a los Kirchner una enorme influencia sobre la prensa gráfica independiente, a la que no han logrado someter todavía.
Como manifestara el ex presidente peruano Alejandro Toledo, “todo indica que en América Latina hay un virus que se está expandiendo, que está arropado entre un autoritarismo con una careta de democracia, (y) que no le gusta que los medios de comunicación puedan decir algo que discrepe con el Gobierno”.
Qué pasa en Ecuador
Lo que sucede con Venezuela y Argentina es un preámbulo de lo que puede ocurrir en Ecuador si se aprueba la Ley de Comunicación, dijo el asambleísta de oposición César Montúfar.
La ley promueve la creación de un Consejo de Comunicación para regular a los medios que, según Montúfar, “será controlado por el Ejecutivo”, al tiempo que prevé “un régimen de sanciones fuertes que buscan quebrar a los medios”.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), que agrupa a los principales del país, ha explicado que la ley planteada “se aparta de los preceptos y acuerdos internacionales sobre derechos y libertades”.
Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) sostuvo que Ecuador debe modificar algunas disposiciones del proyecto de ley orgánica de comunicación para cumplir con su obligación jurídica internacional de proteger y promover la libertad de expresión.
En una carta dirigida a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch dijo que el proyecto de ley, más conocido como “Ley Mordaza”, contiene medidas positivas, pero también identifica algunas disposiciones que deben ser corregidas con el fin de proteger el derecho de la libertad de expresión.
“Esta ley, que incidirá profundamente en derechos fundamentales, es clave”, señaló. “La verdadera libertad de expresión supone fomentar y facilitar el libre debate de ideas, y asegurarse de que las personas no sean sancionadas por expresar
Una región peligrosa
América Latina se ha convertido en la región más peligrosa del planeta para el ejercicio del periodismo, al superar a Asia en este primer semestre del año en la cifra de informadores muertos de forma violenta.
Durante la última década, América Latina ha promediado menos periodistas asesinados que Asia, Oriente Medio y África del Norte. Sin embargo, la situación ha cambiado por culpa del recrudecimiento del acoso a la libertad de prensa en Honduras y México.
La situación en México y Honduras es tal que ha obligado a algunos reporteros a autocensurarse.
En total, han perdido la vida este semestre de forma violenta en América Latina 19 periodistas, frente a los 11 de Asia, la mayoría de ellos fallecidos en los conflictos de Afganistán, Irak y Pakistán.
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