EL COMERCIO
Alrededor de 700 trabajadores de Petroecuador serían suspendidos a partir de hoy por tener participación accionaria en la compañía Gasolinas y Petróleos SA, Gaspetsa, debido a un presunto conflicto de intereses.
Ello lo dio a conocer el representante del Comité de Empresa de Petroecuador, John Plaza, quien manifestó, sin embargo, que esta empresa ha funcionado sin ningún tipo de restricciones desde 1999.
La empresa se formó en ese año con capital de trabajadores de Petroecuador bajo la figura de una cooperativa que entregaba préstamos y rendía un determinado interés a favor de los empleados que contribuían voluntariamente con un porcentaje de su sueldo.
Sin embargo, luego tomó la figura de comercializadora que compraba combustibles a Petroecuador para proveerlo a pescadores artesanales en Esmeraldas.
Ello implicaría un conflicto de intereses debido a que los trabajadores de Petroecuador y a la vez accionistas de Gaspetsa tendrían acceso a información privile-giada y a precios preferentes del combustible.
Según Plaza, los 90 días de suspensión servirán para que los empleados involucrados presenten sus pruebas de descargo a Petroecuador, respecto de su participación en Gaspetsa. Luego de ello, se determinará quiénes serían despedidos definitivamente.
En Petroecuador no hubo una versión oficial respecto del tema, pero entre los trabajadores predominó un ambiente de temor por los posibles despedidos.
Funcionarios de la empresa que pidieron la reserva indicaron que los gerentes de la Producción, Refinación y Comercialización estarían pensando en presentar su renuncia debido a que estaría bajo su responsabilidad el emitir las suspensiones de los trabajadores, sin tener el suficiente sustento jurídico.
Según las fuentes, el proceso lo llevó a cabo la Secretaría de Transparencia. Este Diario pidió información a la entidad y se informó que su titular, Juan Sebastián Roldán, realizará hoy una rueda de prensa conjunta con el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, sobre el tema.
Ante la posible llegada de nuevos despidos, la Federación de Trabajadores Petroleros denunció que las instalaciones de Petroecuador en todo el país fueron militarizadas. Ayer, seis miembros del Batallón de Infantería Marina resguardaron el ingreso de la Refinería de Esmeraldas.
10 observaciones a los contratos
Una hora demoró la reunión que llevó a cabo el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, con los representantes de 15 compañías petroleras, ayer, para discutir sobre las observaciones que las empresas presentaron al segundo borrador del contrato de prestación de servicios.
Este se negocia desde julio pasado para que las compañías explotadoras de petróleo migren del modelo de participación al de una tarifa por extraer el crudo.
Según Pástor, hay 10 puntos principales en discusión en torno a los contratos que podrían modificarse o mantenerse después de recibir el pronunciamiento de la Procuraduría, el SRI, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Ambiente.
Estos puntos girarían en torno al equilibrio económico del contrato, el escenario de una variación del régimen tributario y otros temas de orden técnico y económico respecto del acuerdo.
El presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, José Luis Ziritt, manifestó que otro tema de discusión es la posibilidad de añadir mayor flexibilidad a la tarifa única por barril, con un factor de corrección en función al incremento de las inversiones.
Indicó que se espera que en las próximas semanas se expida el Reglamento a la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, donde se recojan otras observaciones que hicieron las compañías.
Pástor indicó que un tercer borrador del contrato será entregado la próxima semana a las compañías para continuar las negociaciones. Y que se han tenido tres rondas individuales hasta el momento con cada compañía.
Explicó que varias empresas aceptaron el modelo contractual y que con ellas ya se negocian las tarifas. Sin embargo, no indicó cuántas empresas entran en este escenario ni cuáles son.
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