EL COMERCIO
En las oficinas de Petroecuador y sus ex filiales en Quito aún se vive un ambiente de incertidumbre. Las 628 notificaciones de suspensión y visto bueno por presunto conflicto de intereses y uso de información privilegiada no terminaron de entregarse el viernes pasado.
Algunos funcionarios que fungen como accionistas de Gaspetsa —empresa que elaboraba y entregaba gasolina para pesca artesanal— recibieron estas notificaciones ayer y tienen hasta mañana para entregar sus descargos ante los inspectores de trabajo.
Aunque, oficialmente, Petroecuador comunicó que no han existido mayores novedades en la operación de la empresa, técnicos que pidieron la reserva indicaron que los procesos administrativos se están acumulando.
Uno de ellos comentó que con la salida de funcionarios del área financiera se han retrasado los pagos para proveedores y la adjudicaciones de contratos.
“Por ejemplo, del departamento de Gerencia Ambiental botaron a seis de los nueve funcionarios que lo conformaban”.
En este caso se han improvisado dos salidas. Si los trabajadores suspendidos estaban en jefaturas de libre remoción, se busca reemplazos temporales con “jefes interinos”. Y si tenían rangos inferiores, se reparte su trabajo entre los empleados de similar rango. Así se redoblan turnos y se retrasan las horas de salida.
¿Hasta cuánto podrán soportar una mayor carga laboral? Los técnicos no responden, solo mencionan que no se puede designar reemplazos mientras no haya el pronunciamiento de la autoridad laboral sobre los suspendidos dentro de 30 días.
Pese a estos contratiempos, la producción en los campos no ha caído. La Agencia de Control de Hidrocarburos fiscalizó ayer cerca de 130 000 barriles. El mismo nivel en lo que va de septiembre.
En la Refinería de Esmeraldas fueron suspendidos 103 trabajadores. En los puestos claves están poniendo a personas que aún no tienen la experiencia suficiente, por lo que los equipos de la Refinería Esmeraldas corren peligro. “Nos preocupan la salud y la integridad de todos los compañeros trabajadores petroleros”, dijo el sindicalista Exio Bone.
Bone anunció que los abogados de los trabajadores suspendidos presentarán hoy (martes) las pruebas de descargo en la Inspectoría de Trabajo de Esmeraldas. El dirigente añadió que ningún trabajador pudo arriesgar su puesto de trabajo por USD 12 anuales que le representaba ser accionista de Gaspetsa.
Para Bone no hay ilegalidad en el contrato firmado con Gaspetsa, ya que la empresa se formó en 1999, amparada por la Ley de Modernización. Según ese cuerpo legal, los trabajadores públicos podían participar en los procesos de desmonopolización o privatización de empresas del Estado.
Ayer, personal técnico y administrativo de la Refinería de Esmeraldas mantuvo una reunión. De forma extraoficial se conoció que el objetivo fue buscar una solución técnica que permita que no se presente un desabastecimiento de gasolina para los pescadores artesanales.
Entrevista a Juan Sebastián Roldán/ Secretario de Transparencia
‘Quienes no hayan firmado la tienen fácil’
Los trabajadores suspendidos de Petroecuador dicen que fueron incluidos como accionistas de Gaspetsa sin haberlo autorizado...
Para ser accionista de una compañía, la persona debe firmar un papel donde recibe las acciones. Como hubo gente de Petroecuador que aportó USD 80, otros trabajadores aportaron hasta USD 25 000. Lo que puede haber pasado es que se olvidaron o que no estuvieron presentes en las asambleas anuales donde se toman las decisiones. Pero no estar presente en una asamblea siendo accionista vuelve a la persona corresponsable de la decisión que se toma.
Quienes no hayan firmado la tienen fácil.
Ellos pueden ir a Gaspetsa a preguntar por qué les metieron en el libro de accionistas. Y Gaspetsa puede tener un problema serio. Me imagino que había gente que no conocía del tema y pueden ser decenas de personas.
¿Es justo que funcionarios pierdan 25 años de antigüedad en Petroecuador, sin tener derecho a una indemnización, por haber aportado USD 60 en acciones hace más de 10 años?
Es lo que más nos escandalizó, que cientos de personas que ganan bastante bien estén dispuestas a perder el trabajo. Porque los trabajadores suspendidos ganaban entre USD 900 y USD 6 000. La respuesta es que la gente nunca creyó que fuera a perder el trabajo o que fue engañada.
El contrato entre Gaspetsa y Petrocomercial se firmó teniendo al presidente Lucio Gutiérrez como testigo. ¿No fue eso un aval suficiente?
En el Estado de derecho, la Ley está sobre las personas, cualquiera que esta sea. Ningún Presidente de la República puede decidir que todos podemos robar a mansalva mañana porque tenemos una Ley que lo impide. Y si el Presidente puso su firma en un acto presuntamente ilícito, tendrá que responder por respaldar esa barbaridad. También el procurador de Petroecuador de la época, Jaime Pinos, dio un informe favorable al contrato que indicaba que no había conflicto de intereses.
¿Conoce bajo qué figura se podría dar por terminado el contrato de Gaspetsa?
Le corresponde a Petroecuador indicar ello. Pero podría declararse la caducidad o terminarse unilateralmente.
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