EL COMERCIO
Hasta el viernes pasado Gasolinas y Petróleos S.A. (Gaspetsa), compañía que tiene como accionistas a 628 trabajadores de Petroecuador, seguía elaborando el combustible para pesca artesanal en Esmeradas.
Sin embargo, al gerente de Gaspetsa, Cristóbal Torres, le anunciaron extraoficialmente que desde hoy la empresa dejaría de prestar sus servicios a Petroecuador. Y que la estatal asumiría la elaboración del este combustible.
La controversia surgió la semana pasada, cuando Petroecuador suspendió a 628 trabajadores por tener participación accionaria en Gaspetsa, compañía que prestaba servicios a la empresa pública desde febrero del 2005.
El sustento de la suspensión fue la contravención a los reglamentos internos de Petroecuador y a la Ley de Empresas Públicas, que prohíben que un funcionario público mantenga contratos a título personal o a través de terceros con la entidad donde trabaja.
Para los directivos de Gaspetsa no hay tal ilegalidad. Primero, porque la empresa se formó en 1999 amparada en la Ley de Modernización, la cual indicaba que los trabajadores públicos podían participar en los procesos de desmonopolización o privatización de las empresas del Estado bajo distintas formas jurídicas.
Una de ellas, según el presidente de Gaspetsa, Juan Velasco, fue el contrato suscrito entre Petrocomecial y la compañía de los trabajadores en febrero del 2005.
Este contrato estaba motivado por el déficit de producción de combustible para pesca artesanal, conformado por un 98% de nafta de bajo octano y 2% de aceite o lubricante, con un costo cercano a los USD 0,98 por galón.
Sin embargo, al no haber existido la suficiente oferta en todo el país, los pescadores de Esmeraldas mezclaban gasolina extra y aceite comercial, pero el costo del galón subía a USD 1,53.
Gaspetsa vio una oportunidad de negocio y presentó una oferta para construir una planta para realizar la mezcla, con una ganancia de USD 0,05 por galón.
La obra fue adjudicada en noviembre del 2002, en medio de una declaratoria de emergencia para incrementar la producción de combustible para pesca artesanal. La adjudicación se hizo de manera directa y sin licitación.
Este es uno de los argumentos de la Secretaría de Transparencia para decir que habría uso de información privilegiada, ya que los accionistas de Gaspetsa, al mismo tiempo, eran funcionarios de Petroecuador y conocían las necesidades de la empresa.
Pero Velasco argumenta que la falta de combustible para pesca artesanal era de conocimiento público y que no solo lo conocían los funcionarios de la empresa.
Gaspetsa invirtió cerca de USD 300 000 en la planta para mezclar el combustible que construyó en pocos meses. Pese a ello, el contrato para este servicio se firmó luego de más de dos años, lo cual puso al borde de la quiebra a Gaspetsa, aseguró Velasco.
Así, en febrero del 2005 se firmó el contrato entre el gerente de Gaspetsa, Ramiro Larreátegui y el vicepresidente de Petrocomercial, Sucre Nevárez Rojas, con el aval como testigo de honor del presidente de Petroecuador de ese entonces, Hugo Bonilla; el Ministro de Energía y Minas de la época, Eduardo López Robayo; y el presidente Lucio Gutiérrez, en el Salón Amarillo.
Esto le daba aún mayor legitimidad al acuerdo, según Velasco.
Al ser consultado sobre si el acuerdo no contravenía la prohibición que tenían los empleados de Petroecuador de mantener contratos con la misma empresa, Velasco dijo que en ese entonces no había prohibición y que, según el Código Civil, al conformar una sociedad anónima, se pierde la razón social individual de los socios y se forma una segunda independiente.
¿Entonces cualquier servidor público podría contratar con el Estado luego de crear una sociedad anónima?
Velasco asegura que la figura individual de servidor público se pierde al crearse una segunda razón jurídica cuando se forma una compañía. Este sería el segundo argumento para la defensa de Gaspetsa y los trabajadores.
Y un tercero es que la prohibición de contratar con el Estado apareció con la Ley de Empresas Públicas, aprobada el año pasado, por lo que no regía cuando se firmó el contrato entre Petrocomercial y Gaspetsa. Las leyes no son retroactivas y en el peor de los casos, la salida debiera pasar por una negociación de la terminación del contrato, dice Velasco.
Hasta Gaspetsa no ha llegado ninguna notificación de un juzgado, de la Secretaría de Transparencia ni de Petroecuador, para echar abajo el contrato.
De suspenderse el contrato sin sustento jurídico, Velasco indica que demandarán al Estado en el país y en cortes internacionales.
Petroecuador informó el fin de semana que los comercializadores de combustible para la pesca artesanal deben ir hoy a la Refinería de Esmeraldas.
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