Esa es la reflexión de Jéssica Tarira, madre de Dorian Chango, niño que murió en una balacera producida el 7 de agosto pasado y en la que también fallecieron dos policías activos Carlos Poma Álava y Alexander Rodríguez Rosales; y Segundo Celso Segura Navarro, supuesto líder de una banda dedicada al sicariato denominada Celsitos.
Jéssica sostiene que no pudo observar nada aquella noche que subió a comprar pescado frito en el local de doña Josefa, ubicado en la calles Simón Plata y José Maclovio, del barrio El Bajo, en el centro de Quinindé, Esmeraldas. Aunque aclara que si hubiese visto algo, sería mejor “no recordar nada...”.
Jorge, de 70 años, es un exdirigente gremial de Quinindé que explica que las personas que se han visto involucradas en un delito, sea como víctimas o como testigos, prefieren el silencio a la denuncia. Refiere que el miedo, el desconocimiento y el quemeimportismo son los mayores problemas para que se continúe un proceso judicial que termine con la sentencia de los delincuentes.
Recuerda que hace un tiempo, el delincuente conocido como José Chovo Zambrano intentó asesinar en un lugar público a una persona, pero no lo logró. Al quedar vivo, el joven reconoció a su agresor y lo denunció. Cuando siguió el proceso, la víctima se retractó en su versión inicial y retiró la denuncia. Chovo quedó en libertad.
El jefe del comando policial de Quinindé, teniente coronel Byron Fernández, indica que la falta de denuncia y el poco apoyo ciudadano en las investigaciones son las trabas con las que se topa la autoridad para judicializar los testimonios y a partir de ahí se extienda la orden de detención para los culpables.
“Se entiende el temor de la ciudadanía a denunciar a individuos que les pueden hacer daño. Pero se debe tener en claro que si no se lo hace, se está contribuyendo para que la sociedad sea insegura y los casos terminen impunes”, dice el oficial.
La población reconoce que el miedo ha ganado terreno en Quinindé, pero creen que el problema de la impunidad tiene al temor a denunciar como solo una de las aristas. También es insuficiente tener dos fiscales y un juez de lo Penal a cargo de los procesos penales que se generan en una población de más de 150 mil habitantes, a la cual hay que incluirle procesos que se dan en La Concordia.
En una visita realizada a Quinindé, el 9 de agosto pasado, el fiscal general Galo Chiriboga halló que 103 personas fueron asesinadas (entre julio del 2010 y julio del 2011) entre Quinindé y La Concordia, y que en ninguno de estos casos existía una investigación procesal. Esa realidad hizo que diera un mes de plazo para recibir respuestas.
Usuarios del sistema judicial en Quinindé afirman que el llamado de atención de Chiriboga está más lleno de protagonismo que de realismo. Sostienen que el personal asignado a la Fiscalía en el cantón es insuficiente y que si el fiscal dio plazos para que se resuelvan los casos represados, también debió haberse autoimpuesto fechas para incrementar el recurso humano.
En Quinindé, hasta el 19 de agosto pasado laboraban de fiscales Antonio Durán y Carlos Espinoza, cada uno con una secretaria-ayudante. A partir del 22 de agosto solo quedó en funciones Durán, pues Espinosa fue designado fiscal provincial de Esmeradas encargado.
Esto provocó, por ejemplo, que los procesos vayan más lento en la semana del 22 al 26 de agosto. En este periodo Durán asumió todas las audiencias de la Fiscalía y asistió a juicios de asesinato, violación, entre otros, en los tribunales de Esmeraldas, a una hora y media de Quinindé. Mientras las asistentes fiscales evacuaban solo los trámites que legamente estaban en sus atribuciones.
Cielo Zambrano, de 29 años, cree que la falta de recursos económicos es otra traba para continuar con los procesos. La mujer es madre de Wendy, una niña de 9 años que fue hallada sin vida el 16 de agosto pasado a orillas del río Guayllabamba, en el sector Canelos, recinto Las Golondrinas, Quinindé.
Zambrano dice que viaja cuatro horas diarias en bus (dos de ida y dos de vuelta) hasta llegar a Quinindé a entregar pruebas sobre el asesinato. Ella busca que se sentencie, a partir de las versiones recabadas, a dos drogadictos conocidos con el alias de Mona y Manyoma como culpables de la muerte por asfixia, violación y maltrato físico que recibió su niña, luego de que fue secuestrada dos días antes.
“En Quinindé no tenemos familia. En pasajes se gastan $ 3 diarios, hay que sacar copias, la comida... Yo vendo productos de belleza y mi esposo es albañil, la plata no alcanza. Yo quiero justicia, pero sin dinero veo difícil aguantar 90 días de instrucción fiscal”, dice Cielo.
Falta recurso humano
Para los más de 150 mil habitantes, el personal de la Policía y Fiscalía que debe investigar casos de inseguridad es insuficiente.
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