Redacción Santo Domingo
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Diez años han transcurrido desde que Jorge Zambrano Andrade fue detenido por presunto narcotráfico. Según la Policía, en el 2001 se halló droga escondida en una de sus haciendas (San Jorge), ubicada en el kilómetro 34 de la vía Santo Domingo-Esmeraldas.
La propiedad, de 440 hectáreas, fue incautada y pasó a manos del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Consep).
El acusado estuvo preso durante un año en la Penitenciaría del Litoral y, en el 2002, recuperó su libertad. La Tercera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Guayaquil lo sobreseyó provisionalmente por falta de pruebas y ordenó la devolución de los bienes. En el 2004, ese sobreseimiento se hizo definitivo.
Zambrano solicitó al Consep la devolución de la hacienda San Jorge, y de una casa que también fue incautada en Quito, dentro del operativo denominado Cóndor, pero no obtuvo respuesta. Por ello interpuso un amparo constitucional que más tarde fue aceptado por Beatriz Suárez, jueza octava de lo Civil. Ella volvió a ordenar que se restituyan los bienes.
“Durante años esperé a que el Consep cumpla con las disposiciones legales y lo único que logré es que me nombren depositario judicial de la hacienda”, afirma Zambrano. “Con este encargo no puedo solicitar créditos, hipotecas o ponerla en venta”.
Según el Consep, Zambrano no puede ser nombrado titular del bien hasta que cancele una deuda pendiente de USD 136 000, por “derechos de depósito y custodia”. El ente incluso interpuso un juicio de coactivas contra Zambrano para exigir el pago.
“Cuando llegué a la hacienda la encontré prácticamente en escombros. De qué me quieren cobrar si lo que hicieron fue destruirla”. Las puertas están destruidas, al igual que las ventanas y los techos. La tubería no funciona y los electrodomésticos son inservibles. Lo mismo ocurre con el tracto y el camión que servían para las tareas de agricultura.
Zambrano presentó una demanda de daños y perjuicios para el cobro de una indemnización de USD 22 millones con base al artículo 80 de la Ley sobre las Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, que fue reformado por el Decreto Ejecutivo, en el 2008.
La norma reza: “Si el propietario de los bienes retenidos, aprehendidos o incautados fuere sobreseído provisional o definitivamente, o absuelto, los bienes le serán restituidos por el Consep, cuando así lo disponga la autoridad competente”. Además, que “el propietario de los bienes no estará obligado al pago de los costos de bodegaje, depósito, remuneraciones u honorarios de los custodios, depositarios-administradores, supervisores en los que hubiere incurrido el Consep.
Juan Carlos Villacís, coordinador general del ente, reconoce que el Decreto Ejecutivo prohíbe cualquier tipo de cobro, pero también que el espíritu de la Ley es proteger a las personas que no tuvieron nada que ver con el delito que se les imputó.
Además, que la reforma no tiene el carácter de retroactiva. El sobreseimiento definitivo de Zambrano se dio en el 2004 y la Ley cambió en el 2008.
El argumento no convence a Zambrano. Él asegura que seguirá con la demanda y que dentro de ese proceso ya se realizaron las primeras diligencias. El Juzgado Sexto de lo Penal de Guayaquil designó a dos peritos para que evalúen las condiciones de la hacienda. Jacinto Varas y Gastón Jiménez inspeccionaron la propiedad y emitieron un informe.
En el escrito se establece que el administrador temporal que contrató el Consep para la propiedad, dejó pérdidas que superan los USD 12 millones. “Se observaron daños en la casa, automotores, tractores, servicios básicos, cultivos de palma africana, desaparición de ganado , acuacultura, entre otros prejuicios”, reza el informe de los peritos.
Además, que el administrador no pudo justificar la contratación de personal y otras inversiones que se realizaron en las haciendas contiguas a la que fue incautada.
El caso de Zambrano es investigado por la Procuraduría General del Estado y también fue conocido por la extinta Comisión Cívico Contra la Corrupción (hoy Secretaría de Transparencia).
Se hallaron anomalías en el informe sobre la hacienda que emitió la Dirección de Administración de Bienes del Consep, el 19 de marzo del 2003.
La casa de Reyes está destruida
Nimia Reyes, viuda de 61 años, regresó a su vivienda luego de cuatro años y la encontró abandonada y destrozada. El bien está localizado 23 km hacia el sur de Santo Domingo.
Ella fue detenida el 4 de febrero del 2006 dentro de un operativo antinarcóticos ejecutado por la Policía. Recobró la libertad el 6 de octubre del 2006 . No se hallaron pruebas para inculparla. El sobreseimiento se hizo definitivo el pasado seis de mayo.
Con esa providencia, el 31 del mismo mes, Nimia R. reclamó las pertenencias que el Consep decomisó. Entre ellas una casa, un lote de joyas y sacos de abono.
Jorge Negrete, director provincial del Consep en Santo Domingo, dijo que “la matriz (Quito) estuvo a cargo de recibir, receptar y mantener esa propiedad”. Además, que en un acta debe constar lo que se entregó a la Policía y lo que receptó el Consep. “Si la afectada se cree perjudicada, habrá que revisar esa acta”, dijo.
Otros decomisos
Entre el 2001 y el 2002, la Policía decomisó varias fincas, casas y vehículos que pertenecían a Jorge Reyes Torres. En el 2009, él fue exonerado y se ordenó la devolución de sus bienes. Uno de ellos, la hacienda donde funciona la Escuela Politécnica del Ejército (Espe).
La Casa Toba, en Esmeraldas, pasó a manos del Consep y luego fue entregada en comodato a la Curia. Pero ahora el inmueble está desmantelado.
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