En las calles de Esmeraldas y Santo Domingo, el anuncio pasó ayer inadvertido. Los pobladores desarrollaron sus actividades cotidianas con normalidad.
Las autoridades locales fueron quienes reaccionaron frente a la convocatoria a consulta popular en La Concordia, que el presidente Rafael Correa hizo a través del Decreto Ejecutivo 946.
El documento se publicó ayer en la página web de la Presidencia, pero fue fechado el 28 de noviembre pasado.
Ahí se establece que el tiempo que tenía la Corte Constitucional para que dictamine sobre la constitucionalidad de la consulta popular, que él solicitó el 19 de octubre pasado, venció. Y que conforme al art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ausencia de respuesta se entenderá que el dictamen ha sido favorable.
“Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria (...) dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”, reza en el artículo 105.
Pero el asambleísta Línder Altafuya, del MPD, dijo que el Decreto viola el artículo 104 de la Constitución, que está por sobre el resto de leyes. Allí se establece que el Presidente puede llamar a consulta siempre y cuando exista un “dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.
Esto aún no ocurre. La semana pasada recién se conoció el nombre del juez de la Corte que tiene a cargo el pedido de consulta. Se trata de Alfonso Luz.
Él debía emitir un informe al Pleno de la Corte, para que sea aprobado o rechazado. Si era a favor, el Presidente podía pedir al organismo electoral que convoque a la consulta en La Concordia, según Altafuya.
Por ello dijo que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la misma Corte Constitucional. “No hay otro organismo para hacerlo. El ente deberá resolverla”.
Hasta ayer, el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, no hizo un pronunciamiento público sobre el caso.
La asambleísta Mary Verduga, de País, defendió la actuación del Primer Mandatario y dijo que no habría una violación de la Constitución.
“El Presidente hizo la consulta sobre el dictamen previo y la Corte Constitucional dejó su informe de la constitucionalidad de la pregunta. Se está cumpliendo lo que dice la ley”.
Según el Decreto 946, el 19 de octubre pasado; a través del oficio No. T.3252-SNJ-11-1316, el Presidente solicitó el informe de constitucionalidad de la consulta a la Corte Constitucional.
El prefecto de Santo Domingo, Geovanny Benítez, dijo que se iniciará una campaña para que La Concordia pertenezca a Santo Domingo, a penas el Consejo Nacional Electoral informe la fecha de la consulta. “Yo pediré licencia durante ese tiempo y recorreré las calles de La Concordia para convencer, a nuestros hermanos concordenses, que no hay mejor lugar que Santo Domingo”.
¿Quién financiará esos recorridos y visitas? El Prefecto afirmó que se coordinará con las entidades públicas de la provincia para que “contribuyan económicamente”.
Rafael Erazo, prefecto encargado de Esmeraldas, en cambio, calificó de “inaudito” el anuncio de la consulta. Recordó que La Concordia fue reconocida como el octavo cantón de Esmeraldas en el 2007, por el entonces Congreso Nacional. Y que por tanto no hay un problema limítrofe como se establece en el Decreto Ejecutivo.
“Esmeraldas no se quedará cruzada de brazos. En las próximas horas se reunirá el Comité Cívico Provincial para establecer los pasos a seguir“. Se adelantó que habrá acciones legales, plantones y marchas de protesta ciudadana.
“El Presidente de la República impone su prepotencia cuando pretende rifar La Concordia bajo el argumento de que solo está a 20 minutos de Santo Domingo y a una hora de Esmeraldas”, refirió Erazo.
Según el Decreto 946, el Ministro de Finanzas deberá asignar los recursos necesarios para que se desarrolle la consulta.
Para hoy está previsto que se desarrolle una sesión de Concejo Cantonal en la Concordia y se discuta el tema. El alcalde, Walter Ocampo, de País, se ha manifestado en favor de que el cantón pertenezca a Santo Domingo de los Tsáchilas.
Lo que vendrá
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a la consulta popular luego de 15 días de haber sido notificado con la decisión del Presidente de la República. A partir de ese momento corre un plazo de 60 días para la realización del proceso eleccionario.
El presidente Rafael Correa presentó a la Asamblea Nacional, en noviembre del 2010, un proyecto de ley de fijación de límites internos. Allí propuso la realización de una consulta popular en La Concordia, la Manga del Cura y Matilde Esther. La Comisión de Gobiernos Autónomos y
Descentralización modificó el proyecto presidencial y eliminó las consultas.
La disposición transitoria décimo sexta de la Constitución señala que, de ser el caso, el Presidente de la República instará (al organismo electoral) la convocatoria a consulta popular para resolver conflictos de límites de pertenencia.
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