La campaña para definir la pertenencia de La Concordia entre Esmeraldas y Santo Domingo es intensa. Es martes 17 de enero, 13:30. Un centenar de hombres y mujeres vestidos de blanco terminan de almorzar en dos restaurantes, en la salida a Quinindé. Toman unas banderas blancas con la leyenda “Santo Domingo es la opción” y se adentran a ambos costados de la avenida Simón Plata Torres, tramo de la vía Santo Domingo-Esmeraldas cuando cruza por este cantón esmeraldeño.
Un grupo de cinco llega al barrio Nueve de Octubre, donde entrega banderas y adhesivos y pide a los ciudadanos que el 5 de febrero, día de la consulta popular dispuesta por el presidente Rafael Correa, voten por ser de Santo Domingo y así cambiará la historia de esta población de 42.924 habitantes, según el censo del 2010, 29 mil de ellos habilitados para votar.
En una de las calles de tierra de aquel barrio, los propagandistas saltan grandes charcos y evaden el lodo, panorama similar a la mayoría del poblado.
“Ojalá no solo se acordaran de nosotros en campaña; que se acuerden de arreglar las calles, de darnos agua y alcantarillado. La Prefectura de Esmeraldas lastró hace tiempo la calle; hace poco pedimos a la Alcaldía que la nivele, pero nada”, dice una mujer que da su nombre pero pide no se lo publique, “para evitar disgustos”.
La mujer insiste: “Para nosotros, lo fundamental es el agua potable y el alcantarillado. Están arreglando el parque, ha de quedar bonito, pero lo básico está descuidado. La (avenida) principal colapsa cuando llueve, las motos se apagan; ¿por qué no ve eso el alcalde?”.
La expresión de la residente del barrio Nueve de Octubre se repite en la Nueva Concordia, en La Florida y otros barrios, incluso en el centro de este cantón, que en las urnas responderá a la pregunta si desean seguir perteneciendo a Esmeraldas, tal como hasta ahora desde su creación y, luego, desde su cantonización hace cuatro años, o a Santo Domingo de los Tsáchilas. Son esperanzas de cambio, de que se dote de servicios básicos que, en tres años de administración, el Municipio presidido por Walter Ocampo, de PAIS, no ha ejecutado.
Muchos, como la habitante de la Nueve de Octubre, creyeron que con la cantonización y creación del Municipio iban a llegar esas obras, pero la administración de Ocampo más bien está observada por la Contraloría del Estado, que en el borrador de un examen especial señala 93 errores, de organización y administración.
La población está dividida por la consulta. El alcalde Ocampo es el promotor del referéndum; el principal opositor es el Comité Cívico, integrado en su mayoría por miembros del MPD y que son parte de la extensión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. El Municipio está dividido. Ocampo principalizó a siete concejales suplentes tras destituir al vicealcalde Byron García y seis ediles, la mayoría del MPD. La disputa la definirá la Corte Constitucional.
En medio de esa polémica, Víctor Macías, del barrio La Florida, extrae agua de un pozo, para todo, sin importar que aquel esté a tres metros del pozo séptico. Así lo hace el 90% de la población, pues solo unas 3.000 personas acceden a un sistema de agua entubada, según cifras del Municipio.
El borrador de la auditoría de la Contraloría a las operaciones administrativas, financieras y de talento humano, en el periodo del 1 de noviembre del 2007 al 31 de julio del 2011, al que accedió este Diario, señala la falta de gestión en instalación y recaudación por servicio de agua potable. Se observa que dos mil medidores de agua adquiridos por el Municipio no fueron instalados por falta de materiales para esa tarea.
El examen cita también que en el ejercicio del 2010, cuyo presupuesto fue de $ 7’643.543, no se invirtieron $ 1’966.403.
Los predios han sido catastrados sin sustento legal, sin información real y sin la determinación de la propiedad del inmueble con la escritura pública. Esto ha hecho que el catastro urbano y rural esté sin el nombre del propietario. Así, se emiten títulos de crédito a contribuyentes que no son propietarios y estos no cancelan, generando cartera vencida incobrable, según el informe de auditoría.
El catastro de patentes no contiene todos los negocios que operan en el cantón; hay falta de control sobre contribuyentes de la tasa de recolección de basura; no se aplica la ordenanza para la tasa de rastro en el camal; falta de cobro de Contribución especial por mejoras, de obras ejecutadas por más de $ 3 millones. Valor del impuesto al rodaje no se cobra porque no hay registro catastral; incluso hace falta control sobre la provisión y consumo de combustible de los carros institucionales, entre otras observaciones.
“El borrador da cuenta de que esta es una administración catastrófica. El alcalde administró el Municipio como si fuera una hacienda privada de él”, señala Byron García, vicealcalde destituido por Ocampo.
Y la campaña sigue. “Gane quien gane, lo que nos toca es agachar el lomo y trabajar. Ojalá se termine esto y las autoridades hagan algo”, dice Pablo Solís, dueño de un restaurante.
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