José María Mosquera siente temor. Es juez IV de Garantías Penales de Esmeraldas y ha venido recibiendo sucesivos mensajes de texto amenazantes desde marzo pasado, pero –asegura– en las últimas semanas estos se han incrementado. Él dispuso la prisión del excomandante de la Policía de Esmeraldas, Crnel. Galo Carrera Vizuete, el pasado 28 de septiembre.
El oficial fue detenido por supuestos vínculos con grupos de narcotraficantes presuntamente relacionados con el cartel mexicano de Sinaloa, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica con ramificaciones en distintos países. Junto con él fueron apresados Eduardo Cedeño Cortez, Carlos Muñoz Quiñónez y los colombianos Juan Ríos Vega y Celso Arroyo Mena. En el operativo, grupos élite de la Policía decomisaron, en un edificio en Esmeraldas, alrededor de 1,5 toneladas de cocaína y más de 500 mil dólares en efectivo.
Esta se constituía en la segunda captura importante de droga en el año en Esmeraldas, pues en enero pasado se incautaron 1,5 toneladas en el cantón Borbón que, con las atrapadas en otros operativos suman 3,2 toneladas en lo que va del año, según la Policía Antinarcóticos.
En marzo, Mosquera ingresó al programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. En ese mes estuvo encargado del juzgado segundo y dictó prisión contra el entonces viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior y presidente del directorio de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Gregorio Tello Mejía, quien junto con otras 17 personas fue implicado en delitos aduaneros con un perjuicio estimado en $ 30 millones. El fiscal de Asuntos Aduaneros, Diego Pérez Gallo, pidió esas boletas de captura, dentro de la Instrucción Fiscal 387-2010.
“Me amenazaban por mensajes y me seguían”, refiere Mosquera. Al terminar el encargo, en abril, por el riesgo debió ser trasladado a Quito y retornó semanas después a asumir el Juzgado IV. En ese lapso, su casa de Esmeraldas se incendió. Los Bomberos dijeron que fue por un cortocircuito, pero el juez asegura que las instalaciones eléctricas eran seguras. Y duda, pudo haber sido provocado.
Ahora, las amenazas no solo le llegan directamente. También las reciben los agentes encargados de darle seguridad. “Anden con cuidado, que a ustedes los están siguiendo, no arriesguen su vida tanto por nada, primero su familia, salve su responsabilidad que estos tipos son perros”, dice uno los textos. Otro señala: “...Cuídese compita y no se desmande de su trabajo y si puede sálgase de esa función que le han dado de cuidar a ese tipo, lo tienen en la mira...”.
La situación que vive Mosquera también la experimentan cuatro fiscales de esta provincia. Todos ellos forman parte del programa de protección a víctimas y testigos. Dos de los fiscales llevaban, hasta la semana pasada, los casos que tramita el juez Mosquera, del exviceministro y el exjefe policial, además de otros de capturas de grandes cantidades de droga.
Las cifras demuestran la peligrosidad de esta jurisdicción. Esmeraldas ocupa el segundo lugar, después de Guayas, en capturas de droga en el 2011. Las 3,2 incautadas representan el 24% del total nacional. Además, registra unas 150 muertes violentas, según informes policiales, la segunda cifra más alta del país, sobre todo bajo el sistema de sicariato. También existen casos de sicariato y extorsión.
Ramiro Mantilla Andrade, al asumir el cargo de comandante provincial de la Policía, el pasado 7 de octubre, en reemplazo del excomandante acusado de ser parte de un grupo de narcotraficantes, consideró que Esmeraldas es calificado por los narcos como un lugar de acopio internacional y que desde ahí se busca la mejor línea para el destino final como Europa y EE.UU., reseñó el diario La Hora en su edición de esa provincia.
Algunos fiscales y jueces que piden no citar sus nombres dicen que en Esmeraldas es difícil impartir justicia; no solo por las amenazas anónimas, sino por presiones en sus cargos, aunque no citan de dónde provienen. Esta realidad se sustenta también en una denuncia que un profesional esmeraldeño hiciera al presidente Rafael Correa, por intermedio de un asesor que andaba con él en un recorrido por el país. En ella, indica que gran parte de la justicia de esa región está influenciada por armados y narcotraficantes.
Este Diario posee algunas de las copias de los documentos que sustentan la versión del ciudadano, quien se mueve por distintas zonas del país, para proteger su vida. Son, en su mayoría, denuncias dirigidas por él a actores de la justicia. A Paulo Rodríguez, del Consejo de la Judicatura Transitorio, le solicita ser recibido en audiencia. “Inteligencio a ustedes que me he sentido impotente frente a la forma cómo se ha venido impartiendo justicia en mi provincia, en la cual soy víctima del crimen organizado...”, dice.
Al comandante general de la Policía (no consta el nombre), con fecha 20 de septiembre del 2011, le hace llegar documentos y pide, en un oficio, que investigue el procedimiento policial, “en tanto y en cuanto policías en el ejercicio de sus funciones, muchos de ellos de alto rango, han sostenido una conducta irregular”, al supuestamente haberse asociado con un ciudadano denunciado por varios crímenes en Esmeraldas, pero que ha sido absuelto en la mayoría.
En otra carta, dirigida al juez de garantías constitucionales de Manabí (no cita el nombre), solicita una acción de protección y detalla una serie de hechos, desde su salida de Esmeraldas luego de que diez armados pretendieran asesinarlo. Cita como parte de una banda a cinco ciudadanos, entre ellos a un contratista del Miduvi en Esmeraldas.
Relata sobre la forma en que supuestamente se habría asesinado a Yordi Tenorio, personaje conocido en Esmeraldas que estuvo involucrado en un caso de drogas y que fuera secuestrado en agosto del 2007. “Pidieron rescate, se hicieron entregar 500 mil dólares y para esto le enviaron a la familia un anillo con su dedo, entregado el rescate igual lo asesinaron”, afirma.
Agrega: “La forma como lo hicieron (asesinato) fue una vez que lo secuestraron, lo llevaron en lanchas rápidas a alta mar... Le cortaron las piernas vivo con motosierras, le abrieron el estómago, estando vivo, le sacaron las vísceras y le metieron piedras, luego lo cosieron y lo metieron en un tanque con concreto, es decir lo fundieron y posterior a ello lo tiraron al mar”.
El denunciante asegura que sabe de eso porque le contaron dos de los participantes en el crimen, que quedó en la impunidad por la supuesta presión de los autores. Luego de casi un mes de la presentación de esas denuncias, ninguna acción se desarrollaba hasta el pasado jueves. En Esmeraldas, el fiscal provincial Simón Lara afirmó hace diez días que no conocía nada. Según él, las amenazas que reciben algunos fiscales son hechos ligados a sus cargos.
Uno de ellos es Diego Pérez Gallo, fiscal que además de la instrucción del exviceministro Tello Mejía actuó en el caso del excomandante de la Policía de esta provincia y en el asesinato del hijo del abogado Colón Colorado, que causó conmoción en esta ciudad hace cuatro meses. El 11 de octubre pasado, el fiscal general Galo Chiriboga llegó a Esmeraldas para vigilar el caso que involucra al coronel Carrera. Se reunió con los fiscales y reconoció el trabajo de Pérez.
No obstante, una semana después, este es relevado y trasladado a La Concordia. También se cambió al fiscal Lenín Pérez Medina, quien llevaba el caso de la tentativa de asesinato a Colón Colorado y que involucraría a miembros de una banda.
Esos cambios causan malestar en la Función Judicial y en sectores ciudadanos. Un abogado que pide reserva de su identidad señala que resulta extraño que se releve a fiscales que han tenido la valentía de actuar en casos complicados. “Si estuvo implicado el jefe provincial de la Policía, ¿quién más estará?”, se pregunta el profesional.
El juez Mosquera también refiere que sospecha que le buscan quitar su cargo. “Estoy montado en el caballo y debo salir”, señala el profesional, quien en la Corte es resguardado por dos agentes vestidos de civil.
Afuera de la Judicatura, ubicada en el centro de la ciudad, un letrero recuerda la saña y crueldad de los violentos y la falta de justicia. En un cartel se pide justicia por el asesinato de María Soraya Neira Estrada, “madre de familia secuestrada, asesinada y quemada, macabra, brutal y cobardemente el 31 de julio del 2008”. Se pide castigo para “los infernales y diabólicos criminales, cómplices y encubridores”. A unos metros hay otro cartel con la foto de la mujer, que tiene a un hijo en brazos, y otro, donde aparece la fotografía de sus restos incinerados.
En uno de los documentos que el denunciante anónimo asegura entregó a actores de la justicia y al presidente Correa se cita nombres de los posibles asesinos de Neira, empresaria secuestrada un día después de que fuera excluida de protección a víctimas y testigos. Señala que a ella la descuartizaron, que sus brazos estaban colgados de un árbol y le habían tirado ácido en su rostro y después incinerado el cuerpo. Eso resume el cartel colocado por los parientes frente a la Corte Provincial.
Los pocos esmeraldeños que aceptan referirse a estos temas, afirman que mucha gente sabe quiénes son los violentos que están detrás de los crímenes y sus nexos con grupos de narcotráfico. Se menciona a policías. El 30 de septiembre, al anunciar la designación del coronel Mantilla como nuevo jefe provincial, el general Nelson Argüello, jefe de Operaciones de la Policía Nacional, citó que la misión específica era reestructurar la institución en esta provincia. Mantilla refirió hace dos semanas que estaban en ese camino.
Jueces y fiscales aseguran que en esta provincia es difícil administrar justicia, por las amenazas de los armados.
Entrevista Simón Lara Fiscal provincial de Esmeraldas
“Sí, hay amenazas, hay que ser valiente”
¿Las amenazas influyen en la tarea de los fiscales?
Respecto a las amenazas lo que puedo decir es que el cargo y la función del fiscal, que somos los representantes de la sociedad en la investigación del delito en el proceso penal, tiene que ser de valientes. Es verdad, han amenazado a varios compañeros, afortunadamente el Estado creó el programa de víctimas y testigos.
Pero se cuestiona, es uno o dos policías que cuidan en la oficina y luego quedan desprotegidos.
Se debe comprender que no puede haber un policía para cada ciudadano. Es lo que tenemos, antes no teníamos nada. Hay que mejorar, todos quisiéramos que haya más recursos para mejorar la atención de la Fiscalía.
¿Y por qué los cambios de funcionarios que llevan casos como el del exjefe de la Policía o de un viceministro?
Cuando nosotros concursamos existe un reglamento institucional que indica que nosotros debemos laborar donde se nos pida. Los fiscales estamos sometidos a esa situación, nadie puede ser privilegiado, si hay una disposición de la primera autoridad de la institución, hay que acatarla.
¿Qué tan difícil es para los fiscales investigar en un ambiente tan hostil?
Por la tecnología es fácil amenazar. Muchas veces no lo hacen directamente. Se amenaza a través de terceras personas, se mandan mensajes con cierto contenido, se usan términos para confundir, pero no dejan de ser amenazas. En este caso el fiscal tiene que actuar conforme a derecho.
Fiscales y jueces se culpan y delitos atemorizan en zona de San Lorenzo
Jaime Neira, fiscal de San Lorenzo, cantón del norte de Esmeraldas, afirma estar convencido de que cuando se desarrollan operativos importantes hay fuga de información, sea de determinados policías y hasta de algunos jueces. Por eso, señala, para un allanamiento se planifica la acción entre dos fiscales. Uno llega con la Policía cerca del sitio de ejecución, el otro va donde el juez. En el momento en que este firma las órdenes de captura y allanamiento, el fiscal llama, desde la misma oficina, a su colega, para decirle que proceda. “Así no se da tiempo a que se enteren los imputados y fracase el plan”.
Pese a que el fiscal debe presentar las pruebas para imputar y llevar a juicio y a una posterior sentencia a un presunto delincuente, Neira afirma que en su jurisdicción los abogados defensores de los implicados y algunos jueces impiden que los procesos lleguen a una sentencia.
Cita el caso de la captura de un cargamento de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína en una hacienda de la parroquia Borbón, en el cantón Eloy Alfaro, en enero pasado. La droga estaba enterrada en un gallinero y en una plantación de esa hacienda. Cuatro personas fueron detenidas: Carlos Marchán Valencia, Jairo Quevedo Mendoza, Jairo Moña Tobar, Walter Quevedo Marcillo y Pablo Muñoz Andrade, quienes se encargaban de la recepción, almacenamiento y ocultamiento del alcaloide.
Hace un mes, la mayoría salió libre. Neira dice no entender cómo el Tribunal 2º de Garantías Penales de Esmeraldas absolvió al dueño de la finca y solo sentenció, como encubridor, a Walter Quevedo Marcillo, hijo de este, a una pena de 18 meses de cárcel. Él acusó a todos los detenidos como autores, según dice con pruebas. Critica, además, porque la resolución se hizo conocer a su fiscalía, en forma extemporánea y ya no pudo apelar.
“¿Para qué investigamos, para qué nos arriesgamos nosotros?”, cuestiona el fiscal, quien indica que en esta zona se presenta otro problema: de cada 20 órdenes de prisión, al menos 15 reciben medidas cautelares y no van a la cárcel.
Ese cuestionamiento también ha hecho el alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego. El juez 6º de Garantías Penales, Segundo Caicedo, con jurisdicción en San Lorenzo, responde que actúa según la ley y que las medidas cautelares se aceptan por petición del fiscal. Caicedo presenta copias de denuncias entregadas a Washington Pesántez, anterior fiscal general, donde le hace conocer supuestas irregularidades del fiscal Luis González, como las de no acusar a conocidos delincuentes.
Mientras esta polémica no se dilucida, ciudadanos de San Lorenzo y el propio fiscal Neira señalan que en las últimas semanas se han presentado casos de extorsión y asaltos en la vía San Lorenzo-Esmeraldas. Este cantón es estratégico por ser fronterizo con Colom-bia y en su territorio en los últimos años se han hecho capturas de grandes cantidades de droga, laboratorios y plantaciones de coca. La violencia, especialmente muertes al estilo sicariato, registra los niveles más altos de la provincia.
El juez Caicedo incluso afirma que supuestamente un contratista de arreglo de calles dejó abandonada la obra porque estaba cansado de pagar la vacuna (extorsión). “Pero eso no se denuncia”, dice Caicedo.
Este tipo de delito se presentaría en la mayoría de cantones y no solo contra contratistas, sino contra comerciantes y hasta empleados municipales, como denunciaron hace una semana algunos funcionarios de Rioverde. No se denuncia por temor, según jueces y fiscales.
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