Los ríos Santiago, Tululbí y Bogotá, en el norte de la provincia de Esmeraldas, sufren los constantes efectos de la actividad minera sin control. Debido a los químicos que se utilizan para la obtención aurífera, el agua de esos afluentes no puede ser utilizada por centenares de personas que habitan en comunidades como Minas Viejas en San Lorenzo, en la frontera con Colombia.
De acuerdo con el director provincial del Ministerio del Ambiente, Santiago García Lloré, existen 60 frentes mineros que estarían operando de manera ilegal en el norte de la provincia.
No cuentan con permisos ambientales otorgados por el Ministerio del Ambiente, tampoco el de operación que debería ser entregado por el Ministerio de Recursos No Renovable; sin embargo, operan.
Inspección
El Ministerio del Ambiente hizo una inspección hace dos semanas en el río Bogotá con los técnicos de esa cartera de Estado para conocer la carga contaminante. “En la mayoría de los casos la explotación se la hace donde no hay garantías para los técnicos”, aseguró García Lloré.
Para atender ese problema, tras un pedido del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, representantes de la Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Recursos No renovables, Ministerio del Ambiente y del Inclusión y Desarrollo Social, empezaron a trabajar.
Uno de los principales delitos cometidos por la minería ambulatoria es la deforestación de grandes hectáreas de bosques donde ingresan las maquinarias, pues sospechando donde hay oro, remueven la tierra y hacen el levado.
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