Por: Jorge Vivanco Mendieta
Diario EXPRESO
Al parecer, tratando de explicar la irrupción en el regimiento Quito, para romper un paro policial -inaceptable desde luego-, con los resultados que todos los vemos y lamentamos, y que van adquiriendo derivaciones muy peligrosas, el presidente Correa dijo que había actuado así movido por sus impulsos, agregando que ese es su carácter. Cada cual es dueño de su carácter, su modo de ser; pero quien gobierna el país está obligado a comportarse como gobernante, esto es, tomar decisiones con serenidad, que no excluye la energía; serenidad que, desde luego, debe estar nutrida de razones, de justicia. Esa es una de las primeras obligaciones de un gobernante, especialmente cuando actúa dentro de un sistema democrático; ha de procurarse la unión de los gobernados, de todos los gobernados, partidarios y opositores, cívicamente activos o indiferentes. En este sentido, hemos visto y estamos viendo que los mandatarios nacidos de la voluntad popular convocan a todos los sectores, pero especialmente a la oposición, para cooperar en los fines nacionales, en la ejecución de los planes que merecieron la aprobación de la mayoría.
Lamentablemente eso no se hace; las tribunas que ocupa el presidente Correa, especialmente las sabatinas, dividen a los ecuatorianos: amigos y enemigos, en un maniqueísmo enervante y perjudicial. Por eso, es muy difícil que se produzcan coincidencias, ni aún en asuntos de interés de todos; falta el factor unitivo esencial, la confianza.
Lo estamos viendo en forma dramática y contundente: el Presidente de la República no pretende convencer sino imponer su propia interpretación de los hechos del 30 de septiembre, que se basa en tres supuestos: el plan previo de golpe de Estado, de magnicidio y el secuestro de que fue objeto, y que tuvo ciertamente caracteres muy especiales. Ahora tener una idea diferente es un cuasi delito. La asambleísta Susana González dice que “pensar diferente al Presidente, se castiga”. Seguramente alude a la actitud oficial tomada contra el ex director del hospital de la Policía de Quito, Dr. César Carrión, al que lo está elevando a figura política, porque un gran sector de ciudadanos lo considera un perseguido; perseguido por fiscales y jueces.
Si no hay una reacción rectificadora, el proceso de descomposición política y aún social, seguirá oscureciendo el presente y sobre todo el futuro de la República.
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