Este proceso ha comenzado en los Ministerios de Agricultura y Salud Pública, en este último ni siquiera se lo ha hecho de forma planificada, tanto así que han cesado en sus funciones a médicos especialistas que tenían cirugías planificadas y que no pueden ser reemplazados al momento pues no existen médicos especialistas en estas áreas.
Altafuya comentó que está solicitando información a cada unos de los Ministerios e Instituciones Públicas con el fin de que señalen documentadamente cual es el presupuesto con el que cuentan para pagar las indemnizaciones que señala la Ley de Servicio Público para estos casos, pues sería totalmente injusto que además de obligar a jubilarse a cientos de servidores públicos que tienen el conocimiento y la experiencia y que aún tienen la predisposición de servir a su país, se les pague en bonos de Estado, papeles que serán castigados en el mercado y que por lo tanto significará una disminución importante de su indemnización.
Altafuya manifestó que la obligación para los servidores públicos de jubilarse a los 70 años es inconstitucional, pues desconoce los principios de no discriminación e igualdad ante la Ley, así como por desconocer las jornadas especiales para médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos médicos, entre otros, por lo que en los próximos días presentará una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica del Servicio Público por estos aspectos, concluyó.
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