La inquina -no se puede utilizar otro término- con que el oficialismo mira y ha mirado siempre a los medios de comunicación, crece y hasta se "tecnifica". No contento con el abuso al que son sometidos los medios independientes electrónicos, radiodifundidos y televisados, ahora quieren obligarlos a que los enlaces, tan normales en la vida diaria, sean sometidos a una especie de supervisión por parte de la Secretaría de Información. Como toros ciegos van contra todo principio.
Cuando hay algún problema de importancia nacional, lo natural es que los periodistas se reúnan sin convocatoria para intercambiar criterios, informaciones y experiencias con el fin de mejor servir a su público.
Ahora constituye una irregularidad que merece castigo. Ante la Ley de Telecomunicaciones que expidió el Gobierno en que está patente el afán de controlar, limitar y amenazar a los medios independientes, siete radiodifusoras no oficialistas hicieron un enlace con el fin de discutir un principio fundamental: la libertad de expresión.
Se enlazaron, eso hay que registrarlo, Radio Quito, Centro, Genial Exa, Visión, Platinum, de la capital; Radio City, de Guayaquil y Ondas Azuayas, de Cuenca. Sus representantes frente a los micrófonos, plantearon el problema, expusieron sus antecedentes y luego realizaron un análisis, de acuerdo a su real saber y entender la necesidad de cumplir su deber de mejor informar y orientar.
Sucede que en estos nuevos tiempos, esto ha constituido algo así como un delito, y por eso el Superintendente de Telecomunicaciones, que al parecer era un funcionario muy sereno y sensato, advierte que pueden ser sancionados estos medios de información.
Esto, a más de ser un abuso vituperable, es un atentado contra el derecho de la ciudadanía a conocer detalles sobre acontecimientos que le interesan a todos y sus orientaciones que surgen de la realidad.
En esto hay un aspecto interesante: como los llamados medios electrónicos de información -TV y radiodifusión- utilizan el del llamado espectro radioeléctrico administrado por el Gobierno, mediante concesiones, son fáciles presas del abuso y por eso ellas son la piedra del toque cuando se quiere, como en este caso, amedrentar.
No faltarán explicaciones ni mucho menos graciosos explicadores de esta actitud, pero el hecho es que se ha dado otro golpe a la libertad de expresión, esta vez ya sin disimulo, y más bien con el respaldo almidonado y solemne del funcionario respectivo.
Que los ciudadanos juzguen.
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