EL COMERCIO
Cuatro estudiantes juegan en el patio central del plantel educativo Fray Vicente Solano, ubicado en el barrio 20 de Noviembre, en el centro de Esmeraldas. Al mismo tiempo Fabiola Marquines saca un bulto de ropa que va a lavar.
Más damnificados
El fin de semana arribó a Esmeraldas un cargamento de vituallas que la Cruz Roja Ecuatoriana entregará a los damnificados por el invierno.
Hasta el pasado viernes, los damnificados habían recibido solo una vez raciones alimenticias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Otras familias afectadas por el alud han buscado refugio en casa de familiares. Esto ocurre por las condiciones de incomodidad en los albergues.
En el coliseo del Instituto Superior 5 de Agosto, otras doce familias están asiladas a causa del invierno. Fueron evacuadas del barrio La Propicia 2 y de El Quilombo, en la capital esmeraldeña, tras una inundación.
Ella se detiene en la puerta del aula escolar que ocupa como damnificada. Comenta que la curiosidad de los niños que estudian en el plantel le obliga a levantar los plásticos que las familias han colocado en las rejillas para tener algo de privacidad.
“Cuando salen al recreo los alumnos se asoman por aquí. Entendemos que esa actitud es propia de su edad y además les llama la atención ver que en su escuela habiten familias enteras”.
Marquines abandonó su vivienda en el barrio La Guacharaca, ubicada al pie del cerro El Gatazo. Allí, el lunes anterior (3 de mayo) ocurrió un alud que perjudicó, al menos, a veinte familias. Una lluvia que duró cerca de 15 horas, entre la noche del domingo y la mañana del lunes ocasionó el deslizamiento. Las casas se destruyeron por causa del lodo y las piedras que ingresaron en los hogares en forma de avalancha.
Esta mujer ocupa una de las cinco aulas escolares que los directivos del centro educativo les concedieron temporalmente a siete familias damnificadas.
“Es un acto de solidaridad. No podíamos dejar sin un lugar donde refugiarse a padres de familias y alumnos que pertenecen a nuestro plantel”, comenta Lucía Portocarrero, directora de la Escuela Fray Vicente Solano.
La infraestructura del centro educativo es amplia. Está compuesta por 22 aulas, una biblioteca, una cocina, los talleres de carpintería, electricidad y mecánica industrial. Además tiene dos laboratorios y centro de cómputo.
La Escuela Fray Vicente Solano funciona en la mañana con ciclos de primero a décimo año de Educación Básica. Son 600 estudiantes. En esta jornada también labora el Jardín de Infantes Martha Roldós de Bucaram.
Pero en la jornada, el local es utilizado por profesores y estudiantes de la Escuela Patria Nueva. Esta institución de Educación Básica tiene 580 alumnos.
Los alumnos de octavo, noveno y décimo años son quienes han cedido sus espacios. Ellos fueron trasladados a otras aulas, más pequeñas, que ocupan estudiantes que tienen clases en la tarde.
“Aquí nos acomodamos de cualquier manera”, dice Belén, una de las alumnas. Para ella lo mejor es que no se suspendan las clases a pesar de la presencia de los damnificados.
Pero para los damnificados que ocupan las aulas no deja de ser incómodo lo que están viviendo. Con cierta resignación José Valencia y su esposa intentan acomodarse en los espacios que les han asignado dentro de los talleres de carpintería y electricidad.
Esta pareja comparte el cuarto doble con unos familiares. Dentro de este han colocado sábanas para separar la cocina de los dormitorios. Todo es improvisado.
“Las autoridades nos ofrecieron que este alojamiento no será por más de dos meses”, comenta. Según Valencia, las autoridades del Ministerio de Vivienda ofrecieron que en 60 días se terminarán las viviendas que se construyen en la vía a Atacames. “Allí nos reubicarán a todos”.
A las 12:00 del pasado viernes, el patio de la escuela lucía limpio. Las mujeres de los albergues lo barrieron, minutos después de que los estudiantes se retiraron.
La limpieza es parte de las reglas. Los damnificados tienen la responsabilidad de mantener limpias las áreas asignadas, sus alrededores y los baños.
Otras de las disposiciones que han recibido los damnificados, tiene que ver con los horarios de ingreso al plantel. Según la directora, Lucía Portocarrero, pasadas las 21:00 la puerta principal se cierra porque se retira el guardia.
Esta medida se la tomó por seguridad, comenta la directora. Pero a pesar de las normas, a los ciudadanos alojados este tema aún les preocupa. Fabiola Marquines, cuenta que el jueves anterior, en horas de la noche, dos personas desconocidas ingresaron por el cerramiento del plantel y llegaron hasta los hogares temporales. “Creemos que querían robar, pero los enfrentamos y huyeron”.
Los acogidos saben que están desprotegidos. A las aulas se puede ingresar sin mucho esfuerzo, pues no han sido construidas con medidas de seguridad.
El plantel tiene mucho que perder, dice Portocarrero. Principalmente en los equipos que se utilizan en los laboratorios de ciencias naturales y de computación.
La representante del centro educativo ratifica que los damnificados podrán estar hasta cuando sea necesario. Pero no hay cabida para una familia más, aclara.
El riesgo continúa. El sector del cerro El Gatazo fue declarado hace cinco años como zona de alto riesgo por la Defensa Civil.
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