San Lorenzo tiene un fuerte resguardo militar y policial, por el caso Huracán de la Frontera. El Grupo de Trabajo 1.4 realiza patrullajes continuos en la zona rural.
En el segundo piso de un inmueble ubicado en la calle Eloy Alfaro, en el centro de San Lorenzo, funciona el Juzgado Sexto de Garantías Penales. En ese local se inició la mañana de ayer la audiencia preliminar de juzgamiento en el caso Huracán de la Frontera.
El caso de narcotráfico
El operativo Huracán de la Frontera se realizó en septiembre de 2008 en una hacienda ubicada en el sector Campanita, en el cantón San Lorenzo.
En este caso se detuvo a los hermanos Édison y Miguel Ostaiza, considerados los cabecillas de la red de narcotráfico. Su otro hermano, Jefferson, está prófugo de la justicia.
La Policía Antinarcóticos decomisó 4,7 toneladas de cocaína, que tenían los logotipos de Apache y Nike, usados comúnmente por el grupo guerrillero para identificar su droga.
El fiscal del caso es Jorge Solórzano, de Antinarcóticos de Guayaquil. Él inició el proceso.En este operativo se develó la relación del ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, Ignacio Chauvín, con una supuesta red de narcotraficantes, liderada por los hermanos Édison, Miguel y Jefferson Ostaiza. Ellos son acusados de comercializar droga de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a México y a EE.UU.
Para cumplir esa diligencia, desde el pasado 8 de agosto se montó en San Lorenzo un fuerte operativo de seguridad. Ese día el expediente del juicio arribó desde Guayaquil, donde se inició el proceso contra los narcos, y se designó a dos miembros de los grupos de élite para que vigilen el Juzgado Sexto, en donde reposa el proceso, que contiene más de 1 000 fojas.
También, se puso a un gendarme a disposición del juez sexto, Segundo Caicedo, quien asumió la competencia, para que lo proteja permanentemente, por la creciente ola de violencia en la zona.
Desde el lunes pasado, cuando estaba previsto que se inicie la audiencia preliminar, se redobló la vigilancia en San Lorenzo con apoyo de un contingente militar.
Incluso, el juez Caicedo propuso que la diligencia se realice en el Batallón de Infantería de Marina de ese cantón, por seguridad de los acusados y de los judiciales.
No obstante, las protestas de los abogados obligó a posponer la diligencia y que se cambie de lugar.
Desde las 08:00 de ayer, decenas policías y militares montaron un operativo de seguridad, que incluyó cerrar la calle de acceso al
Juzgado y colocar hombres armados en las entradas y en los techos de los edificios vecinos.
El fuerte control -explicaron los uniformados- es por seguridad, pues San Lorenzo está ubicado en una zona conflictiva.
Para las Fuerzas Armadas, el norte de la provincia de Esmeraldas sufre la influencia de grupos irregulares y delincuenciales.
Específicamente, Inteligencia militar señala que las amenazas son los grupos armados ilegales de Colombia (FARC, ELN), paramilitares y bandas armadas, el narcotráfico y el crimen organizado.
Eso obligó a que los militares refuercen los operativos de control y vigilancia en los 720 km de la frontera con Colombia.
El primer paso fue crear la denominada Fuerza de Tarea Conjunta número 1, integrada por las unidades militares de Esmeraldas, Carchi. Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Napo. En esta zona existen 11 batallones.
Inteligencia militar señala que el Frente 48 de las FARC, el contingente más grande de la guerrilla, opera en la zonas aledañas a Sucumbíos. Este grupo pertenece al Bloque Sur y dispone de centenares de hombres. Además, maneja el negocio del tráfico de drogas en la zona.
La columna móvil Mariscal Sucre, también de las FARC, opera frente a Carchi, con 80 miembros. Y frente a Esmeraldas está la columna móvil Daniel Aldana, que pertenece al Frente Occidental de las FARC y dispone de 150 elementos. A ellos se suman milicianos que apoyan a estos grupos y bandas de antisociales.
En Esmeraldas se inició hace dos semanas un operativo de control a gran escala. Según José Miño, comandante del Grupo de Tarea 1.4, aproximadamente 1 700 militares del Ejército, de la Marina y de la Aviación realizan patrullajes. El objetivo, dice, es contrarrestar el contrabando de drogas, armas y precursores químicos, que se movilizan por vías fluviales, marinas y terrestres.
Según Fernando Ortiz, jefe de Operaciones del Comando de Operaciones Norte, los controles se realizan de forma aleatoria en diferentes zonas de la provincia.
Por el momento, el Grupo dirigió sus operaciones hacia las zonas vecinas a los ríos Santiago y Cayapas, habitadas por indígenas chachi. Ahí, los militares verifican denuncias de que presuntos grupos armados están adoctrinando a los campesinos. Esa queja fue presentada hace un mes por el obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano. Sin embargo, los indígenas negaron esa versión.
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