miércoles, 2 de mayo de 2012

Esta es realidad del Ecuador texto tomado del diaro Hoy

Operación "SOL ROJO"

Familiares de activistas denuncian hostigamiento



Siete familias vieron con espanto cómo policías armados buscaban en sus casas evidencia de actos subversivos

Cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, agentes de policía ingresaron en la madrugada del pasado jueves a siete viviendas con el objetivo de encontrar evidencias que incriminen a 10 detenidos, quienes son señalados de integrar el Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Pasadas las 05:00 de la mañana, se realizó una operación de forma simultánea en cinco ciudades en las que se localizan las casas de los familiares de los acusados de atentar contra la seguridad interna del Estado mediante acciones subversivas.

Según versiones de los parientes, los uniformados, que pertenecían al Grupo de Operación y Rescate (GOE) y a la Unidad e Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), allanaron sus hogares en presencia de un fiscal y con la orden de un juez.

Esmeraldas. Una bandera de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, cuatro computadoras, una laptop y un módem se incautó la Policía de la vivienda de los familiares de Javier Estupiñán, uno de los 10 presuntos subversivos.

El allanamiento se realizó en la vivienda de las calles Pedro Vicente Maldonado y Río Esmeraldas, sector Aire Libre, en el sur de la capital esmeraldeña.

Según Ivette Estupiñán, esposa del detenido, unos 20 policías encapuchados ingresaron a la casa cerca de las 05:00 del pasado jueves junto con el fiscal.

"Revolvieron todo para encontrar armas, explosivos o cosas así, pero solo hallaron la bandera y las computadoras que debía reparar mi esposo que es ingeniero en sistemas", dijo la esposa del detenido.

Tres familias Quiteñas. Elizabeth Tapia, de 19 años, que tiene arresto domiciliario por su embarazo, y su familia, fueron sorprendidos por una veintena de policías que ingresaron armados a su casa, en el barrio San Fernando de Velasco, (norte de Quito).

Su padre, Carlos Tapia, dijo que "quien pretende sembrar el terror es el Estado", ya que "la fiscal que lleva el caso (Diana Fernández), pese a los dos meses que llevan detenidos, no ha logrado encontrar una prueba que demuestre que son terroristas".

Ramiro Vinueza, hermano de Víctor Hugo Vinueza, otro detenido, calificó de "hostigamiento policial", el allanamiento del departamento de su hermano.

En la operación, la suegra de Vinueza, una mujer de la tercera edad, entró en shock y el hijo menor de Vinueza, un niño de 3 años y medio "presenta un cuadro de estrés ya que al ver a los policías con fusiles pensó que le iban a matar", dijo.

De esta casa, la Policía se llevó las tareas escolares de un menor de edad que había escrito sobre el 1.° de Mayo. También el análisis de mensajes sobre el caso de su padre, que hizo Vanesa Vinueza, estudiante del primer año de Comunicación Social. "Aún más ridículo, se llevaron la película El último rey de Escocia, suponiendo que habría un contenido altamente peligroso", remarcó.

En la casa falta un retrato de la estudiante universitaria en la que aparece junto a una imagen del Che, una enciclopedia de la historia del siglo XX, su computadora y recortes de periódicos.

En otra casa, ubicada en la Loma de Puengasí, calle A, lote 12, la familia de Cristina Campaña despertaba con el temor de que ingresaban ladrones. Pero se trataba de la Policía. "No respetaron que la hermana de Cristina se estaba vistiendo para ir al colegio e ingresaron violentamente en su dormitorio", dijo un allegado.

LA VOZ EXTRAOFICIAL fuentes de las unidades especiales de la Policía, que pidieron la reserva, confirmaron la realización de los operativos antecdichos dentro del caso, pero destacaron que estuvieron amparados en un pedido judicial del Tribunal Décimo de Garantías Pernales, que lleva el caso, y contó con la presencia de fiscales para cumplir con las formalidades legales. (LFA-SO)



Detalles del caso

El pasado 3 de marzo, la Policía allanó una casa ubicada en Luluncoto (sur de Quito), en la que detuvieron a 10 personas.

Un día después, el Ministerio del Interior presentó a estas personas como los miembros de una célula subversiva que planeaba actos de violencia para los días previos la marcha por el agua y la vida del pasado 8 de marzo.

También, los detenidos fueron vinculados con la detonación de tres bombas panfletarias y José Serrano, ministro del Interior, aseguró que el objetivo del grupo era tomarse el poder mediante las armas.

Como evidencia, la Policía presentó decenas de manuscritos, periódicos y más.

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