La Secretaría de Transparencia de Gestión presentó ayer pruebas del supuesto enriquecimiento ilícito de 19 funcionarios de Petroindustrial.
EL COMERCIO
La Secretaría de Transparencia de Gestión presentó un informe sobre los salarios y depósitos que realizaron solo siete de los 19 funcionarios procesados.
Los sueldos de los empleados de Petroindustrial implicados
en este caso sobrepasan los USD
1 500 mensuales.
El operativo para capturarlos se realizó con apoyo de grupos de élite de la Policía Nacional.
La Marina también presentó su informe de la investigación.
La entidad analizó supuestos datos desde 2003, en donde se incluyó una indagación de la Armada, administradora de la Refinería Estatal de Esmeraldas.
Según las investigaciones, existían inconsistencias entre los sueldos que perciben los funcionarios y los depósitos que han realizado en sus cuentas bancarias, entre 2001 y 2009.
Así, por ejemplo, uno de los acusados por la Secretaría de Transparencia, Ángel Villarruel, especialista de seguridad de la Refinería, depositó USD 480 091 en 2009, cuando su sueldo anual es de USD 23 997,32.
Lo mismo sucedió con otro de los empleados, Luis Martínez, quien es especialista en mantenimiento III y su salario anual alcanza los USD 29 980. Pero este año ha hecho depósitos por USD 45 359, según la Secretaría.
Ellos, junto a otros cuatro empleados estatales: Luis Valencia, César Nogales, Diógenes Cuero, Carlos Castillo y Ricardo Elizalde, fueron detenidos el lunes pasado en la Refinería.
Contra los implicados, dirigentes y funcionarios de mandos medios, se abrió un proceso en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas.
A la audiencia de formulación de cargos también asistió el fiscal de Delitos Misceláneos de Pichincha, Iván Ron, quien solicitó prisión preventiva para la mayoría de encausados.
Sin embargo, luego de que rindieron sus versiones, cuatro de ellos fueron detenidos y se dictó la prisión preventiva en contra de tres de los procesados, según informó José Serrano, secretario de Transparencia de Gestión.
En las versiones que dieron los detenidos, dijeron que se cometió una injusticia, pues “no se incluyeron otros rubros”. Carlos Castillo dijo que no se tomó en cuenta que tiene ingresos por el arriendo de dos locales comerciales, por USD 2 000 y 450 mensuales, “alquilo regularmente una sala de recepciones”.
Cuando fue concejal cobraba dietas; además, recibió una indemnización de USD 750 000, en 1999, tras el incendio de la Refinería, en el cual su hija quedó afectada con quemaduras y su esposa murió.
No obstante, la Secretaría de Gestión dijo que se hicieron investigaciones basadas en denuncias que se presentaron. “No estamos persiguiendo personas, estamos persiguiendo cometimientos de delitos y cuando las denuncias fueron presentadas se hizo todo un operativo para ubicar a las personas que ya fueron detenidas. Vamos a revisar todas las acciones para determinar el paradero de estas personas”, dijo Serrano al periódico El Ciudadano.
El Juzgado Segundo determinará en los próximos días si los empleados estatales deben ser removidos de sus puestos de trabajo o no. Pero, por el momento, los funcionarios involucrados en este supuesto delito de enriquecimiento ilícito regresaron a trabajar a la Refinería.
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